Darsa pedir¨¢ judicialmente el desahucio de los inquilinos que rechacen su ¨²ltima oferta

Los directivos de la inmobiliaria Darsa, que tiene en Madrid 1.775 viviendas, de ellas 265 ocupadas por jubilados y viudas, han expuesto su opini¨®n de que no habr¨¢ decreto del Gobierno que les obligue a adoptar una soluci¨®n determinada en el conflicto con los inquilinos estando su negativa a aceptar la mediaci¨®n ministerial en el problema. Esta, semana, Darsa firmar¨¢ los contratos con los 10 primeros inquilinos que aceptan el derecho de habitaci¨®n libre y gratuito.

Estos inquilinos, como el resto de los afectados que tienen pensiones inferiores a las 86.850 pesetas, han recibido en las ¨²ltimas semanas el ofrecimiento de la inmobiliaria de ese derecho o, en caso contrario, la continuaci¨®n de las acciones judiciales, que la inmobiliaria, en caso de ganar, no llevar¨ªa a sus ¨²ltimos extremos al dejar pendiente el desahucio 15 a?os, tiempo m¨¢ximo permitido por la ley.La actuaci¨®n de, la empresa Darsa en los ¨²ltimos- a?os ha pasado por distintas fases. Primero, la empresa, que hab¨ªa construido 5.000 viviendas en los a?os cincuenta, actu¨® como una compa?¨ªa inmobiliaria m¨¢s. Desde su creaci¨®n, en un momento en que la ley obligaba a las grandes compa?¨ªas a levantar viviendas para sus trabajadores o a suscribir obligaciones de la inmobiliaria que las construyera, la relaci¨®n entre empresas obligacionistas, inmobiliaria e inquilinos es taba clara.

Sin embargo, Darsa, hacia mediados de los a?os setenta, ofreci¨® a las empresas obligacionistas que cambiaran sus obligaciones por acciones. No lo consigui¨® y decidi¨® cambiar de pol¨ªtica. Se ofrece as¨ª la venta de pisos y se agiliza la devoluci¨®n de las obligaciones. El objetivo final es ser la ¨²nica propietaria de unas viviendas que, seg¨²n el contrato -firmado con el inquilino, tienen fijado como t¨¦rmino de la ocupaci¨®n la jubilaci¨®n o muerte del titular.

Operaci¨®n a 20 a?os

Pero el problema surge cuando Darsa, que ha realizado una operaci¨®n empresarial a 20 a?os, no puede desalojar a los jubilados y viudas. Primero intenta potenciar la venta de las viviendas y as¨ª consigue desprenderse de unas 2.000 de las 5.000 que tiene en toda Espa?a. Luego, ante la falta de autorizaci¨®n ministerial para vender las que a¨²n son de protecci¨®n oficial, la inmobiliaria decide no pasar al dobro los recibos y acude a los tribunales para lograr el desahucio por extinci¨®n del contrato.Es precisamente el inicio de las acciones judiciales contra 18 de los afectados, el pasado mes de enero, lo que saca el tema Darsa a la luz p¨²blica.

Mientras se desarrollan los juicios, Darsa decide ofrecer un derecho de habitaci¨®n gratuito a aquellos que tengan pensiones bajas o vender las viviendas a los mismos precios que hab¨ªa ofrecido en 1983, es decir, 1.400.000 pesetas de media.

El Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU), ante el car¨¢cter social del problema, interviene entonces y redacta un decreto, que ofrece la posibilidad del derecho de habitaci¨®n, el alquiler de las viviendas y la compra de las mismas con unos precios m¨¢ximos.

Los afectados, encerrados en una iglesia desde el comienzo de los juicios, ofrecen, por su parte, aumentar un 150% sus alquileres actuales y revisar anualmente las rentas como paso previo, a una posible compra de la vivienda, siempre que los precios sean m¨¢s bajos que los fijados por Darsa y la Administraci¨®n.

Ahora Jos¨¦ Mar¨ªa Vinuesa, director general de Darsa afirma que es probable que el MOPU no d¨¦ finalmente v¨ªa libre a este decreto. Seg¨²n inform¨® Vinuesa, el mismo Consejo ae Estado, a pesar de emitir un dictamen favorable, opinaba que los precios m¨¢ximos establecidos para la venta de viviendas son bajos y que las condiciones generales previstas en el proyecto tienen un poder disuasorio sobre las empresas.