El cierre de comercios

LA LLAMADA al cierre de comercios como protesta por el aumento de la delincuencia mereci¨® ayer, especialmente en la ciudad de Barcelona, pero tambi¨¦n en el resto de Catalu?a, una notable respuesta. Si se trataba de sensibilizar a los poderes p¨²blicos -al municipal, al auton¨®mico y al estatal- respecto al descontento por la inseguridad ciudadana y las dificultades de las instancias policiales y judiciales para hacer frente a esa amenaza, la convocatoria ha logrado sus objetivos. Las calles de Barcelona ofrecieron ayer, hasta el mediod¨ªa, el aspecto absentista de cualquier domingo.No faltar¨¢n, sin embargo, quienes consideren que el cierre de comercios, cuando est¨¢n a punto de convocarse las elecciones auton¨®micas, es una maniobra de desgaste contra los socialistas, e indicios ha habido de intentos de capitalizaci¨®n pol¨ªtica del tema por parte de Converg¨¦ncia i Uni¨®. La jornada de ayer tiene, sin embargo, m¨¢s de una lectura. Mientras el pa¨ªs necesita encontrar soluci¨®n para grav¨ªsimos problemas econ¨®micos y precisa, reformas estructurales que permitan su modernizaci¨®n, el Gobierno tambi¨¦n ha de afrontar a corto plazo cuestiones que resultan urgentes para la estabilidad de la democracia espa?ola. La coordinaci¨®n de los diferentes cuerpos encargados de velar por la seguridad ciudadana, el marco legislativo en los ¨¢mbitos penal y procesal y la mayor agilidad y eficacia de los procedimientos judiciales se hallan en relaci¨®n directa con el freno de la delincuencia. Ayer, en Barcelona, la vigilancia policial era mucho m¨¢s patente que en los d¨ªas de trabajo normal, dato que resulta dif¨ªcilmente explicable. Pero no basta rasgarse las vestiduras ante los problemas de la delincuencia y ocultar el bulto a la relaci¨®n que con ella guarda el mal funcionamiento del aparato de la Administraci¨®n de justicia ni criticar unas leyes porque no haya polic¨ªas y magistrados capaces de aplicarlas fielmente. A este respecto, las graves acusaciones que arrojan sobre cualificados sectores de la Administraci¨®n de justicia las investigaciones emprendidas a prop¨®sito de la libertad bajo fianza, del camorrista Bardellino suministran argumentos a quienes ponen en duda el esp¨ªritu de colaboraci¨®n de algunos sectores de la judicatura para aplicar con esp¨ªritu democr¨¢tico y de servicio a la convivencia la legislaci¨®n vigente. En el trasfondo se instalan, adem¨¢s, las causas ¨²ltimas del crecimiento de la delincuencia, relacionadas con el desempleo generalizado, el paro juvenil y la extensi¨®n tortuosa del circuito de la droga dura.

La desaparici¨®n de los conflictos corporativos entre los cuerpos encargados de la seguridad ciudadana, la agilizaci¨®n de la Administraci¨®n de justicia y la reforma del sistema penitenciario son factores directamente relacionados con la lucha defensiva contra la delincuencia ordinaria. Las reformas del C¨®digo Penal y de la ley de Enjuiciamiento propuestas en su d¨ªa por el ministro Ledesma no hicieron sino dar cumplimiento a las promesas electorales del PSOE y desarrollar expl¨ªcitos mandatos constitucionales pendientes de cumplimiento. La experiencia ha puesto de manifiesto que esas modificaciones legales orientadas a humanizar el C¨®digo Penal y a establecer requisitos r¨ªgidos y plazos m¨¢ximos para la prisi¨®n preventiva no fueron acompa?adas de las medidas necesarias para mejorar la eficacia policial, agilizar los tr¨¢mites procesales y reformar el sistema penitenciario. As¨ª pues, el crecimiento de la delincuencia ha sido en parte una consecuencia de las dificultades del Gobierno socialista para adecuar los mecanismos institucionales a los cambios pol¨ªticos y legales. En este sentido, las declaraciones de Fernando Ledesma anunciando una reforma de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, destinada a aclarar los requisitos necesarios para acordar la prisi¨®n preventiva sin fianza, no levantan acta del fracaso del Ministerio de Justicia en su anterior empe?o, sino que ponen de manifiesto las insuficiencias de la Administraci¨®n para interpretar, instrumentar y complementar las modificaciones de la anterior normativa aprobadas hace unos meses por las Cortes generales.

La irritaci¨®n, el temor y la c¨®lera de los ciudadanos -exteriorizada ayer en Barcelona y antes en Madrid- puede ser comprensible, pero han sido manipulados por la derecha autoritaria para convertir al ministro de Justicia en el chivo expiatorio de una situaci¨®n de inseguridad con causas complejas y de ninguna manera identificables prioritaria o sustancialmente con la anterior reforma legal. La agitaci¨®n de los peque?os comerciantes contra lo que se supone el desamparo del Gobierno se enmarca en la m¨¢s rancia tradici¨®n hist¨®rica del populismo reaccionario, y en el caso catal¨¢n enlaza, adem¨¢s, con los postulados y las bases sociol¨®gicas del partido que ocupa el poder en la Generalitat. Por lo dem¨¢s, el problema de la seguridad existe y el aumento de la delincuencia es innegable, y por lo mismo resulta l¨®gico que la opini¨®n proteste. Lo que no debe confundirse es el origen del mal que se quiere atacar.