El Consejo del Poder Judicial expedienta a cinco magistrados de San Sebasti¨¢n

El Consejo General del Poder Judicial ha incoado expediente a los cinco magistrados que integran la Junta de Jueces de San Sebasti¨¢n, que el pasado mes de noviembre difundi¨® un documento aprobado el d¨ªa 8 de dicho mes y en el que se expresaba dudas y cr¨ªticas respecto al proyecto de la ley de h¨¢beas corpus y se hac¨ªan diversas consideraciones sobre la estricta aplicaci¨®n de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relaci¨®n a la evitaci¨®n de malos tratos y torturas a los detenidos.

Los jueces donostiarras, que no hab¨ªan sido advertidos sobre la existencia de diligencia previa alguna, se vieron sorprendidos el mi¨¦rcoles con la presencia en San Sebasti¨¢n de un inspector y un secretario instructor enviados por el Consejo General para realizar una encuesta informativa para delimitar responsabilidades en relaci¨®n con el mencionado documento de la Junta de Jueces.El Consejo justific¨® su iniciativa en la existencia del real decreto de 211 de octubre de 1977 -anterior, por tanto a la Constituci¨®n, y de dudosa constitucionalidad en opini¨®n de no pocos especialistas-, que regulan el r¨¦gimen de funcionamiento de las mencionadas Juntas. Dicho real decreto establece, entre otros aspectos, el secreto de las deliberaciones de las juntas, as¨ª como criterios muy restrictivos respecto a la publicidad de los acuerdos adoptados en su seno.

Tales restricciones podr¨ªan chocar, en opini¨®n de sectores muy cualificados de la Magistratura, con el principio de libertad de expresi¨®n consagrado por la Constituci¨®n, anulando de hecho toda eficacia de acuerdos que, por su propia naturaleza, carecer¨ªan de sentido si no son destinados al conocimiento p¨²blico.

Acuerdo pol¨¦mico

Ya en la primavera pasada, y a prop¨®sito de otro acuerdo de la Junta de Jueces de San Sebasti¨¢n -integrada por los magistrados Luis Bl¨¢nquez, Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n, Joaqu¨ªn Navarro, Carlos Javier ?lvarez y Jos¨¦ Mar¨ªa G¨®mez-, la Audiencia Territorial de Pamplona abri¨® un expediente informativo -no disciplinario- que no llegar¨ªa a prosperar. El acuerdo que determin¨® la apertura de una informaci¨®n fue adoptado en marzo de 1983, recordaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la necesidad de respetar estrictamente la legislaci¨®n vigente en materia de trato a los detenidos, exhortando a los funcionarios policiales 2 "colaborar en la eliminaci¨®n de la pr¨¢ctica de malos tratos".Tres de los cinco magistrados ahora expedientados pertenecen al colectivo Jueces por la democracia, y uno de ellos, Joaqu¨ªn Navarro, fue diputado por el PSOE en las legislaturas de 1977 y 1979.

Esta doble circunstancia, m¨¢s la dif¨ªcil relaci¨®n que, seg¨²n algunas fuentes existe entre el sector mayoritario del Consejo del Poder Judicial y el titular del Ministerio de Justicia, podr¨ªa reforzar la impresi¨®n de quienes creen ver en este expediente disciplinario, un ataque indirecto a la l¨ªnea seguida por el ministro Ledesma, cuya intervenci¨®n y mediaci¨®n hab¨ªa sido p¨²blicamente solicitada por los jueces ahora expedientados en relaci¨®n a los criterios de aplicaci¨®n de la reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular en lo referente a los malos tratos y torturas.