Polic¨ªas de bata blanca y portafolios
A base de ordenadores y documentos, 10 polic¨ªas intentan controlar el destino de los tres billones de pesetas que presupuesta la Seguridad Social
Con m¨¢s de tres billones de pesetas anuales de presupuesto, la Seguridad Social constituye un pastel apetecible a p¨ªcaros de todo tipo. Para combatirlos existe, desde hace siete a?os, con base en Madrid, un grupo policial altamente especializado en la investigaci¨®n de delitos relacionados con las prestaciones sanitarias y econ¨®micas de esa instituci¨®n: robo y falsificaci¨®n de recetas oficiales, cobro indebido de subsidios de desempleo o pensiones falsas declaraciones empresariales, m¨¦dicos toxic¨®manos y otros casos, como el de Alfonso Pardo, m¨¦dico titular de la Seguridad Social de la localidad madrile?a de Boadilla del Monte, que falsificaba recetas para proveerse de metased¨ªn.
Son polic¨ªas de un tipo distinto del habitual. No tienen siempre a mano una metralleta y un chaleco antibalas, como los que a veces se enfrentan a tiros con atracadores o terroristas.Sus principales herramientas de trabajo son billetes de avi¨®n, reservas de hoteles y portafolios abarrotados de leyes, reglamentos, cat¨¢logos de f¨¢rmacos y listados de ordenador.
Los chorizos que atraen su atenci¨®n son tambi¨¦n muy especiales. La mayor¨ªa de las 349 personas que el grupo de investigaci¨®n de la Seguridad Social puso a disposici¨®n de la autoridad judicial en 1983 era gente de cuello blanco: abogados, m¨¦dicos, empresarios, gestores y funcionarios, presuntamente implicados en un total de 112 delitos de tipo sanitario y econ¨®mico. Los funcionarios arrestados sumaron 14. Tambi¨¦n fueron denunciadas 16 personas jur¨ªdicas.
El grupo de investigaci¨®n de la Seguridad Social fue creado hace siete a?os y est¨¢ formado por 10 personas. Son, mitad y mitad, inspectores del Cuerpo Superior de Polic¨ªa y miembros del servicio de informaci¨®n de la Guardia Civil, especializados en navegar por el laber¨ªntico universo de los ambulatorios, hospitales, farmacias, entidades bancarias, despachos y oficinas de empleo. Su base est¨¢ en Madrid, pero su trabajo les lleva a cualquier ciudad o pueblo de Espa?a. Los investigadores pasan unos 120 d¨ªas al a?o fuera de sus hogares. Pedro Justo, un polic¨ªa de rostro sangu¨ªneo y barba entrecana, es el jefe del grupo. Justo, que antes de la creaci¨®n de esta unidad estuvo destinado en la Brigada de Estupefacientes, afirma que lo que m¨¢s cuesta a los hombres que se incorporan al grupo es llegar a conocer al dedillo el funcionamiento administrativo y econ¨®mico de ese monstruo burocr¨¢tico que es la Seguridad Social espa?ola.
De la complejidad de este trabajo policial da cuenta el hecho de que sus protagonistas dependen de tres ministerios: Interior, Sanidad y Consumo, y Trabajo y Seguridad Social. Una investigaci¨®n del grupo empieza cuando, por ejemplo, Luis Garc¨ªa de Blas, secretario general de la Seguridad Social, o Jose Luis Merino, subdirector general de la Inspecci¨®n de Servicios Sanitarios del Insalud, informan a Pedro Justo que se ha detectado en Burgos el cobro de pensiones de personas fallecidas o que en Alicante se sospecha que un m¨¦dico puede estar expendiendo en masa recetas de productos psicotr¨®picos.
Trabajo de despacho
Los investigadores llegan a su destino y ponen manos a la obra en estrecha colaboraci¨®n con los inspectores de los servicios m¨¦dicos, farmac¨¦uticos y econ¨®micos de la Seguridad Social. Gran parte del traba o es de despacho: pedir la informaci¨®n a los ordenadores, bajar a los archivos y sacar polvorientos legajos, o, tambi¨¦n, revisar contratos y facturas. Pero hay aspectos de la investigaci¨®n exclusivamente policiales, que no pueden hacer los funcionarios de la Seguridad Social: seguimientos, registros, interrogatorios y detenciones. Finalmente, como afirma Pedro Justo, "hay que llevar el servicio bien amarrado y documentado al juez, porque este tipo de delitos son muy resbaladizos".
Los investigadores dividen los delitos cometidos en el ¨¢mbito de la Seguridad Social en los relacionados con las prestaciones sanitarias y los que afectan a las econ¨®micas. Del primer tipo es, por ejemplo, la presunta estafa detectada en julio de 1983 en San Sebasti¨¢n, donde 10 cl¨ªnicas particulares, concertadas con la Seguridad Social, facturaban d¨ªas extras de estancia a los pacientes del seguro. El montante global de la estafa se evalu¨® en unos 350 millones de pesetas.
El robo de recetas es otra de las lacras de la Seguridad Social. Se calcula que el pasado a?o desaparecieron 800.000 recetas oficiales de ese organismo, la mayor¨ªa de las cuales se destinaron a la adquisici¨®n de anfetaminas. El caso m¨¢s sonado tuvo como escenario Oviedo, donde tres hombres del grupo de la Seguridad Social, tras una investigaci¨®n que dur¨® un mes, denunciaron, en noviembre de 1983, a 222 personas, como presuntos componentes de una red de tr¨¢fico y consumo de anfetaminas. Un celador robaba recetas del servicio de traumatolog¨ªa de la residencia sanitaria de la capital asturiana; unas veinte personas las pon¨ªan en circulaci¨®n y el resto eran consumidores. Una caja de maximabato, cuyo precio oficial est¨¢ en tomo a las 200 pesetas, se vend¨ªa en el mercado negro por unas 6.000.
Tambi¨¦n existen organizaciones dedicadas a falsificar recetas. La m¨¢s singular fue descubierta en abril de 1980 en Madrid, y de ellas formaban parte un lit¨®grafo, un visitador m¨¦dico y una tercera persona. El primero hab¨ªa confeccionado unas planchas con las que, en una imprenta de la calle de Tel¨¦maco, fabricaba falsas recetas de la Seguridad Social. Con esas recetas, la tercera persona visitaba a diario cuatro o cinco farmacias de la ciudad y retiraba medicamentos caros, a precios del seguro. Pero el negocio era m¨¢s complejo.
El lit¨®grafo falsificaba no s¨®lo las recetas, sino tambi¨¦n los envoltorios de los productos adquiridos en las farmacias. Estos medicamentos, con sus envoltorios nuevos, eran revendidos por el visitador m¨¦dico a a un almac¨¦n de Murcia. Seg¨²n la estimaci¨®n de los investigadores, el tr¨ªo manejaba al mes unas 1.600 recetas, que, tras todas las operaciones citadas, produc¨ªan un beneficio de 2.800.000 pesetas. El asunto se descubri¨® por una may¨²scula mal puesta en las recetas.
Los p¨ªcaros han inventado toda suerte de trucos para burlar a la Seguridad Social, seg¨²n se desprende del trabajo del Grupo de Investigaci¨®n. Hay personas que ejercen la Medicina en centros sanitarios p¨²blicos sin haber cursa-
Polic¨ªas de bata blanca y portafolios
do la carrera: en la corta vida del grupo se ha descubierto que tres estudiantes trabajaron meses y meses en otros tantos establecimientos de la Seguridad Social como facultativos titulados. Tambi¨¦n hay doctores toxic¨®manos. El caso descubierto en fecha reciente en Boadilla del Monte (Madrid) no es el ¨²nico. En 1981 fue detenido en Logro?o un doctor que consum¨ªa un frasco diario de bustaid. Te¨®ricamente esa dosis de anfetamina es mortal, pero ¨¦l la necesitaba.Incluso hay quien sustrae las placas de rayos X usadas en los hospitales, para revenderlas luego por el valor de las sales de plata que contienen. Cuando en octubre de 1980 fue detenido un inspector m¨¦dico de la Seguridad Social en Palencia, se estim¨® que hab¨ªa obtenido unas 800.000 pesetas por este sistema.
Delitos de guante blanco
En el campo de los delitos relacionados con prestaciones econ¨®micas, los cobros fraudulentos del subsidio de desempleo ocupan el primer lugar. El pasado febrero, fue detenido Antonio Ortiz Cano un valenciano al que se investigaba desde junio de 1983. Ortiz era el propietario de una empresa fantasma donde emple¨® a 170 personas. El supuesto mpresario cobraba entre 50.000 y 100.000 pesetas a los trabajadores por darles de alta en la Seguridad Social; no pagaba ni las cuotas empresariales ni las obreras; luego los desped¨ªa se hac¨ªa un simulacro ante la Magistratura del Trabajo y los su puestos trabajadores pasaban a cobrar el subsidio. Para eludir las inspecciones, Ortiz, cuya empresa ni funcionaba ni cotizaba a la Seguridad Social desde 1969, cambiaba constantemente de domicilio social. El fraude ascendi¨® a unos 100 millones de pesetas.
En este tipo de asuntos tambi¨¦n se han visto implicados algunos funcionarios. En 1981 se descubri¨® en Madrid que un funcionario de la Seguridad Social hab¨ªa inscrito por procedimiento similar al del valenciano citado y tambi¨¦n a cambio de remuneraciones en met¨¢lico, a unas 80 personas en el desempleo. Las empresas utilizadas eran Manfisa e Impertesa, ya desaparecidas. El fraude, que en esta ocasi¨®n ascendi¨® a unos 50 millones de pesetas, se basa en que el trabajador no pierde su derecho a cobrar el subsidio aunque la empresa no haya cotizado a la Seguridad Social.
Algunas gestor¨ªas tambi¨¦n han intentado aprovecharse del r¨ªo revuelto de la Seguridad Social. En 1983, el grupo de investigadores detect¨® presuntas estafas en 10 de estas oficinas, repartidas por toda Espa?a. Sin embargo, el caso m¨¢s sonado de los ¨²ltimos a?os fue descubierto en diciembre de 1982, en M¨¢laga. Una gestor¨ªa de esa ciudad hab¨ªa falsificado sellos del Banco Central, con los que daba apariencia de veracidad a supuestos recibos por ingreso de las cuotas empresariales y obreras a la Seguridad Social. La gestor¨ªa se qued¨® con unos 100 millones de pesetas de unas 65 empresas deb¨ªan haber abonado a la Seguridad Social.
Pero el caso m¨¢s curioso tuvo como protagonista al secretario del Ayuntamiento de un pueblo de Almer¨ªa, que era tambi¨¦n juez de paz y corresponsal de la Seguridad Social. Pedro Justo lo investig¨® en persona en 1979 y descubri¨® que el secretario cobraba desde hac¨ªa a?os las pensiones de cuatro personas fallecidas.
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