M¨¢s de 40 reclusos vascos se comprometen en un escrito a abandonar el terrorismo y a participar en la democracia

M¨¢s de 40 reclusos, condenados en su d¨ªa por delitos reivindicados por las distintas ramas de ETA y por los Comandos Aut¨®nomos Anticapitalistas (CAA), han redactado un documento conjunto en el que se comprometen a abandonar la lucha armada y las organizaciones a las que pertenecen, al tiempo que anuncian su intenci¨®n de utilizar las v¨ªas democr¨¢ticas de participaci¨®n, en un deseo de obtener el indulto particular del Gobierno para su reinserci¨®n en la sociedad. El documento, a cuyo pie figuran las firmas de los reclusos, va a ser entregado en breve al Gobierno como garant¨ªa del verdadero prop¨®sito de reinserci¨®n social.

Con este documento se cierra la segunda negociaci¨®n importante que pretende buscar una salida pol¨ªtica a aquellos miembros de organizaciones terroristas vascas que en conciencia han dispuesto abandonar la lucha armada y aceptar los cauces de participaci¨®n democr¨¢tica que ofrece el Estado. La primera operaci¨®n, pr¨¢cticamente consumada, fue propugnada por el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, que encontr¨® primero en el anterior ministro del Interior, Juan Jos¨¦ Ros¨®n, y despu¨¦s en el actual, Jos¨¦ Barrionuevo, todo tipo de facilidades.La segunda operaci¨®n, a cuyo frente se encuentran el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Azc¨¢rraga y el secretario de Justicia del Gobierno vasco, Juan Porres, est¨¢ siendo realizada a trav¨¦s de la instituci¨®n del Defensor del Pueblo, cuyo titular es Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez. ?ste se ha encargado de recoger las peticiones de indulto y elevarlas al Ministerio de Justicia.

La gesti¨®n del Defensor del Pueblo ha sido clave para el entendimiento y la canalizaci¨®n de las gestiones, hasta el punto de que altos funcionarios de este departamento han mantenido contactos al mismo tiempo con los reclusos y con representantes de la Administraci¨®n, todo ello en un af¨¢n de ayudar a que la operaci¨®n concluya con ¨¦xito.

Dentro de este entendimiento con la Administraci¨®n, un grupo de solicitantes de indulto han conseguido ya ser trasladados desde la prisi¨®n de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) -donde est¨¢n concentrados desde el pasado mes de octubre casi todos los reclusos de ETA- a la de Alcal¨¢-Meco, en Madrid, como paso intermedio para un definitivo traslado a Nanclares de Oca, en ?lava.

Estos traslados por parte de la Administraci¨®n constituyen un "gesto de buena voluntad" hacia la iniciativa adoptada por los reclusos solicitantes de indulto, algunos de los cuales han visto peligrar su propia seguridad en el interior de la prisi¨®n de Herrera de la Mancha, principalmente por las amenazas de los presos de ETA Militar contrarios a este tipo actitudes.

Operaci¨®n v¨¢lida

Esta segunda operaci¨®n, impulsada por el Gobierno vasco, y apoyada por su titular, Carlos Garaikoetxea, fue en su d¨ªa aceptada como v¨¢lida por el Gobierno socialista, que es en definitiva el que, en Consejo de Ministros tiene la ¨²ltima palabra sobre la concesi¨®n o no del indulto. Concretamente, los dos ministerios que han llevado el peso de las conversaciones han sido Justicia e Interior, en una acci¨®n coordinada que en el aspecto pol¨ªtico no ha presentado graves problemas. El documento de los reclusos ser¨¢ entregado en breve a los titulares de ambos departamentos, Fernando Ledesma y Jos¨¦ Barrionuevo, respectivamente.

Estos contactos se han llevado con el m¨¢ximo sigilo y la mayor prudencia, debido primero a la delicadeza del caso y despu¨¦s a que sectores reaccionarios, localizados en algunas corporaciones y estamentos al servicio del Estado, han intentado obstruir las negociaciones y presentar, al menos por canales internos, esta operaci¨®n como "una concesi¨®n a los terroristas".

Los argumentos de estos sectores han sido combatidos tanto por los gestores de los indultos como por el propio Gobierno.

Falsas tesis

Este movimiento trat¨® sin ¨¦xito de romper la conjunci¨®n de criterios que asumen todas las partes interesadas en el caso y centr¨® la operaci¨®n en la persona de uno de los solicitantes, Jes¨²s Mar¨ªa Larz¨¢bal Bastarrica, antiguo aut¨®nomo que cumple una condena de 56 a?os y dos meses de prisi¨®n, al tiempo que le adjudicaban el t¨¦rmino de arrepentido, esto ¨²ltimo con el fin de herir la personalidad del firmante y situarlo frente a frente con aquellos otros presos que siguen perteneciendo a la organizaci¨®n y que rechazan la v¨ªa de la reinserci¨®n social.

Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a los gestores de la operaci¨®n, los sectores reaccionarios pretend¨ªan desmontar la operaci¨®n por sus dos extremos. Por un lado, intentando crear un ambiente negativo entre algunos sectores de la opini¨®n p¨²blica ante la posible concesi¨®n de indultos a ex miembros de ETA por parte del Gobierno. Por otra parte, provocando el malestar, y en consecuencia un posible paso atr¨¢s, de los solicitantes, ya que la calificaci¨®n de los presos como arrepentidos es "tan cruel como incierta, y lo que persigue es alimentar las falsas tesis de ETA Militar y de las gestoras pro amnist¨ªa, consistentes en que el indulto se concede a cambio de la delaci¨®n".

Esos sectores, a los que no son ajenos algunos funcionarios policiales vinculados a los servicios antiterroristas, pretendieron en su. d¨ªa arroparse en la derecha parlamentaria para justificar sus tesis. Sin embargo, no llegaron siquiera a plantearlo, porque el propio Manuel Fraga, tras conocer el asesinato de Mikel Solaun por parte de ETAm (uno de los presos beneficiados del indulto por la v¨ªa Bandr¨¦s), hizo una primera declaraci¨®n favorable a los indultos e incluso dijo que era necesario dar protecci¨®n especial a los ya indultados y, en un futuro, a los posibles excarcelados.