Entre la ayuda y el control a la Prensa
La creaci¨®n del tercer canal auton¨®mico de televisi¨®n, TV-3, ha sido una de las banderas pol¨ªticas m¨¢s claramente enaboraldas en los ¨²ltimos dos a?os por el Gobierno de la Generalitat. Sin embargo, la insistencia sobre el tema ha sido un poco tardia ya que apenas figuraba en el programa electoral de 1980. Al margen de que el pasado de Jordi Pujol en el sector de la comunicaci¨®n no le permit¨ªa contar con excesivas personas de con fianza para elaborar su pol¨ªtica, en el caso de la televisi¨®n algunos cargos de la Generalitat aseguran que hubo un pacto con UCD seg¨²n el cual, a cambio de un servicio de Miramar servical, Generalitat no planteaba con unrgancia el tema del tercer acnal . En Prensa , las ayudas objetivas a la publicaciones comarcales se contraponen a la pol¨ªtica de apoyo o castigo a los medios de mayor difusi¨®n de su l¨ªnea pol¨ªtica. En radio tras concesiones o discrecionales de licencias, La Generalitat ha creado sus propias emisoras institucionales.
El Gobierno Pujol ha practicado dos pol¨ªticas muy diferenciadas en lo que se refiere a la Prensa, en funci¨®n del ¨¢mbito de difusi¨®n de las publicaciones: por un lado, ha intentado realizar una pol¨ªtica de ayudas objetivas para la Prensa comarcal, que tiene estructuras livianas, limitado alcance geogr¨¢fico y peque?as tiradas; por otro aprovechando la crisis en el sector de la Prensa diaria, tanto en catal¨¢n como en castellano, ha desarrollado una pol¨ªtica crediticia calificada por la oposici¨®n de arbitraria y tendente a dar a CiU claras influencias sobre varios diarios barceloneses a cambio de recursos que no son del partido.Las iniciativas de ayuda a la Prensa comarcal las tom¨® en Catalu?a la Diputaci¨®n de Barcelona, promotora de las primeras reuniones con editores. Esta instituci¨®n financi¨® el I Congr¨¦s de la Premsa Comarcal, celebrado en mayo de 1981, en el que surgi¨® la propuesta de crear una asociaci¨®n que agrupara la Prensa comarcal, asociaci¨®n que re¨²ne hoy 140 publicaciones. La Generalitat se mantuvo al margen, e incluso algunas revistas comarcales cercanas a Converg¨¨ncia, como Ausona, Aiona (ahora en la asociaci¨®n), 3 de 8... adoptaron actitudes recelosas y de boicoteo hacia ese inicio de organizaci¨®n. Esta falta de pol¨ªtica por parte de la Generalitat se modific¨® a partir de 1982, cuando la Direcci¨®n General del Patrimonio Escrito y Documental, gestionada por Joan Granados, elabor¨® una normativa de subvenciones autom¨¢ticas.
Por el contrario, la Prensa en catal¨¢n de mayor difusi¨®n no ha encontrado id¨¦ntico apoyo de la Generalitat. Canig¨®, revista que consigui¨® sobrevivir al franquismo, tuvo que dejar de publicarse, al igual que El M¨®n (enero de 1983), aunque esta ¨²ltima publicaci¨®n pudo reanudar despu¨¦s su edici¨®n. Al margen de la subvenci¨®n autom¨¢tica establecida para las publicaciones en catal¨¢n, los planteamientos de cualquier semanario que intente tener una difusi¨®n por toda Catalu?a requieren apoyos espec¨ªficos, pero la Generalitat no s¨®lo no los ha ofrecido a El M¨®n sino que le ha negado subvenciones o retirado la publicidad institucional.
Avales sospechosos
En la actualidad, en el despacho del notario Puig Salellas se prepara la redacci¨®n de los estatutos de una fundaci¨®n que englobar¨ªa a toda la Prensa en catal¨¢n. En principio, la propuesta cuenta con el apoyo de todos los partidol catalanes. La creaci¨®n de la fundaci¨®n exigir¨ªa un capital de unos 2.000 millones de pesetas -aportados por las propias empresas, la Generalitat y entidades financieras-.
El pasado 17 de febrero se public¨® un decreto de concesi¨®n, por parte de la Generalitat, de importantes avales econ¨®micos a las empresas que publican El Noticiero Universal, El Peri¨®dico y Avui. Se da la circunstancia de que la concesi¨®n de tales avales est¨¢ condicionada por la ley de Presupuestos a que la empresa beneficiaria aplique un plan de reconversi¨®n y reestructuraci¨®n, lo que no es, al parecer, el caso de las citadas. La inminencia de la campa?a electoral increment¨® las suspicacias sobre la legalidad de tal concesi¨®n.
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