Nicaragua y el Tribunal Internacional de Justicia

EL TRIBUNAL Internacional de Justicia es el ¨®rgano de las Naciones Unidas m¨¢s alejado de las coyunturas y servidumbres pol¨ªticas. La constituyen 15 magistrados de diferentes pa¨ªses, elegidos por la Asamblea General de la ONU para un plazo de 9 a?os. A pesar de que dicho Tribunal no tiene instrumentos coactivos para imponer la aplicaci¨®n de sus sentencias, ¨¦stas tienen un indiscutible valor moral. La, posibilidad de que el Tribunal Internacional pueda dar la raz¨®n, en base a derecho, a un pa¨ªs d¨¦bil y peque?o frente a un pa¨ªs grande y poderoso, representa una superioridad hist¨®rica que la ONU tiene sobre sistemas anteriores, en los que s¨®lo contaba la raz¨®n del m¨¢s fuerte. La democracia norteamericana, desde sus principios fundacionales, ha otorgado siempre un papel esencial a la existencia de un ¨®rgano judicial supremo que interpreta y crea el derecho por encima de las mayor¨ªas y las coyunturas pol¨ªticas; el Tribunal Supremo de EE UU es una pieza clave en la Constituci¨®n norteamericana. Por ello, y a diferencia de otros numerosos Estados, m¨¢s preocupados de salvaguardar su soberan¨ªa en todas las situaciones, EE UU ha aceptado desde 1946 la competencia vinculante de las sentencias de dicho tribunal (con la excepci¨®n de casos que afectasen a su jurisdicci¨®n interna o a compa?¨ªas multinacionales). En 1979, EE UU recurri¨® ante el organismo para exigir el retorno de los rehenes norteamericanos secuestrados en Ir¨¢n; y la sentencia favorable a la petici¨®n norteamericana, aunque rechazada por las autoridades iran¨ªes, fue uno de los factores de presi¨®n moral que contribuy¨® a la puesta en libertad de dichos rehenes. Tambi¨¦n result¨® una victoria moral para el Gobierno de Washington. Estos antecedentes permiten comprender la sorpresa causada en c¨ªrculos parlamentarios americanos y en las capitales del mundo por la decisi¨®n del presidente Reagan de notificar al Tribunal Internacional de Justicia que EE UU rechazar¨¢, a partir del 6 de abril, y por un plazo de dos a?os, la competencia de dicho tribunal sobre cualquier asunto referido a Centroam¨¦rica. La notificaci¨®n se produjo el domingo pasado, con evidente precipitaci¨®n, a fin de impedir que pudiese prosperar una de manda presentada por el Gobierno de Managua contra las violaciones del derecho internacional cometidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) americana al minar tres puertos de Nicaragua y al sostener a grupos rebeldes que combaten a un Gobierno legal con el que Washington mantiene relaciones diplom¨¢ticas plenas. El motivo invocado por el Departamento de Estado al hacer la citada notificaci¨®n -evitar una utilizaci¨®n del tribunal por los sandinistas con fines propagand¨ªsticos- no es convincente. EE UU tiene la posibilidad de presentar su caso, con todas las garant¨ªas jur¨ªdicas imaginables, ante el organismo de La Haya. El rechazo de la competencia de ¨¦sta, y la manera en que ha sido hecho, equivalen casi a una confesi¨®n de culpabilidad, como si Washington se sintiera incapaz, de antemano, de defender su causa con eficacia.

Son numerosas las manifestaciones, en el seno del Congreso norteamericano y en el plano internacional, tendentes a convencer a la Administraci¨®n Reagan de que debe cesar la presi¨®n contra el Gobierno sandinista de Nicaragua, y m¨¢s particularmente la colocaci¨®n de minas, que contraviene la libertad de navegaci¨®n. El Gobierno franc¨¦s se ha ofrecido a colaborar en las operaciones de dragado para quitar las minas. Despu¨¦s de las manifestaciones de dirigentes de la Internacional Socialista en Madrid, un texto conjunto sobre este problema ha sido firmado en Roma por los presidentes de las tres Internacionales, socialista, liberal y democristiana; es un hecho particularmente significativo, casi sin antecedentes, y que refleja hasta qu¨¦ punto hay coincidencias de muy diversos sectores para pedir soluciones de negociaci¨®n y de paz. Los cancilleres de los cuatros pa¨ªses del grupo de Contadora (M¨¦xico, Panama, Colombia y Venezuela) insisten, en la reuni¨®n que acaban de celebrar, sobre la necesidad de proseguir los esfuerzos para encontrar una soluci¨®n pac¨ªfica; condenan las maniobras militares y la colocaci¨®n de minas, las injerencias militares extranjeras, y van a intentar un di¨¢logo directo en Washington y en La Habana. Ese es el camino que puede evitar violaciones del derecho internacional que, independientemente de la competencia o no del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya para juzgarlas, pueden acarrear grav¨ªsimas consecuencias.