El MOPU da vivienda a las familias desalojadas en Vallecas, "al constatar que la necesitan"

Dos de las tres familias numerosas violentamente desalojadas el martes por la polic¨ªa de viviendas pertenecientes al Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU), que hab¨ªan ocupado de forma ilegal, obtuvieron ayer del delegado provincial del departamento citado, Santiago de la Fuente, garant¨ªas plenas de que ser¨¢n realojadas de inmediato, provisionalmente, hasta que se les asigne una vivienda definitiva. Por otra parte, representantes de entidades vecinales de Vallecas han acordado presentar una denuncia contra el capit¨¢n que mandaba la dotaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional que efectu¨® los desalojos, que, seg¨²n los vecinos del barrio, pertenece a una dependencia policial de Portazgo. Fuentes oficiales explicaron que la Polic¨ªa Nacional actu¨® bajo la direcci¨®n de funcionarios del MOPU.

Un portavoz del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo explic¨® que el desalojo se hab¨ªa ordenado "para garantizar una vivienda digna a otras personas, con igual o mejor derecho que los ocupantes". Desde que comenz¨® el presente a?o, se han realizado en la zona de Palomeras, en Vallecas, 50 desalojos con orden de lanzamiento de familias que se negaban al derribo por expropiaci¨®n de su vivienda, dentro del plan de remodelaci¨®n de barrios. Fuera de Palomeras se han producido 40 desalojos por derribo y 54 por ocupaci¨®n ilegal. Fuentes oficiales insistieron ayer en que en ninguno de estos casos fue necesaria la intervenci¨®n directa de la fuerza p¨²blica.Las familias que ayer se presentaron en la delegaci¨®n provincial del MOPU para expresar su protesta por la actuaci¨®n policial y reclamar una soluci¨®n a su carencia de vivienda son los matrimonios formados por ?ngel Manuel V¨¢zquez Cenalmor y Ana Mar¨ªa Ruiz Garc¨ªa, y Pilar Miranda y Miguel ?ngel Romero. Los dos matrimonios carecen de fuentes de ingresos, por encontrarse en paro, y cada uno tiene cinco hijos de corta edad.

El acuerdo a que llegaron ayer con el delegado provincial del MOPU consiste en trasladarse a una vivienda del Poblado Dirigido de Orcasitas o a un albergue de Chamart¨ªn, donde quedar¨¢n provisionalmente alojados con un contrato en precario que les exime de pagar la renta mensual, aunque deber¨¢n abonar los gastos de la vivienda. Adem¨¢s, se iniciar¨¢ la tramitaci¨®n necesaria para que se les asigne una vivienda en el plazo m¨¢s breve posible y con car¨¢cter definitivo. La entrega de viviendas ha sido debida a que "se ha constatado que estas familias las necesitaban". Tal constancia no exist¨ªa con anterioridad, asegur¨® ayer un portavoz del MOPU.

La misma fuente inform¨® que el departamento carece de cualquier tipo de referencia sobre Mar¨ªa Jim¨¦nez Casanova, la otra cabeza de familia, madre de cuatro hijos -incluida una muchacha embarazada- expulsada el martes de una vivienda. En los archivos del ministerio no consta que haya solicitado vivienda, pero el MOPU anunci¨® que si esta mujer entra en contacto con los responsables provinciales recibir¨¢ el mismo trato que los anteriores y se pondr¨¢ a su disposici¨®n un alojamiento provisional hasta que se le asigne un piso.

Denuncia contra la polic¨ªa

El mismo portavoz desminti¨® que las tres viviendas ocupadas en la calle de Rafael Fern¨¢ndez Hijicos, de las que fueron desalojadas las familias citadas, formen parte del cupo del 5% que el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo se reserva para asignar a familias que "representen casos especiales", como hab¨ªan argumentado algunos ocupantes desalojados. El actual ministro de Obras P¨²blicas, Juli¨¢n Campo, renunci¨® a este cupo, al parecer porque consideraba que su distribuci¨®n pod¨ªa prestarse a arbitrariedades.Representantes de asociaciones vecinales y entidades ciudadanas de Vallecas celebraron a primera hora de la tarde de ayer una asamblea en la que se acord¨® presentar ante el juzgado una denuncia contra el capit¨¢n responsable de la dotaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional que intervino en el desalojo.

Algunos de los testigos presenciales y vecinos que participaron en los enfrentamientos han asegurado que en ning¨²n momento trataron de oponerse al desalojo, y que s¨®lo pretendieron obtener alguna garant¨ªa de que las tres familias no se ver¨ªan obligadas a pasar la noche en la calle. Los mismos vecinos insisten en que no tienen ning¨²n motivo de queja por el comportamiento de los inspectores del Cuerpo Superior de Polic¨ªa, los funcionarios del MOPU o la Polic¨ªa Municipal, que en alg¨²n caso se interpuso entre los vecinos y la Polic¨ªa Nacional, y aseguran que fue la agresividad de algunos agentes de este ¨²ltimo cuerpo lo que desencaden¨® los incidentes.

En cuanto a la Polic¨ªa Nacional, actu¨® siguiendo instrucciones de funcionarios del MOPU, seg¨²n aseguraron ayer fuentes policiales, que a?adieron que exist¨ªa un ambiente de gran tensi¨®n. En torno a las 18.30 horas, seg¨²n la polic¨ªa, algunos vecinos arrojaron desde las ventanas objetos contundentes que hirieron de car¨¢cter leve a dos agentes. La agresividad de los vecinos era tal, de acuerdo con la misma fuente, que algunos de los mozos contratados por el MOPU para sacar los muebles de las viviendas se negaron a hacerlo y tuvieron que ser sustituidos.

El Gobierno Civil de Madrid confirm¨® ayer que su intervenci¨®n en el desalojo se limit¨® a prestar apoyo policial a los funcionarios del MOPU, responsables de la direcci¨®n de la operaci¨®n.