El juicio por el 27-O ha puesto de relieve la falta de investigaci¨®n sobre tramas golpistas

Tres de los procesados, los coroneles Luis Mu?oz y Jes¨²s Crespo y el teniente coronel Jos¨¦ Enrique Crespo, fueron detenidos en la ma?ana del 2 de octubre de 1982. El cuarto inculpado, el teniente coronel Juan Fern¨¢ndez Hidalgo, el d¨ªa 21 del mismo mes. A ra¨ªz de las primeras detenciones, la polic¨ªa descubri¨® en el domicilio de Luis Mu?oz abundante documentaci¨®n sobre los planes golpistas que preparaban ¨¦l y otras personas.En la documentaci¨®n, y concretamente en el informe titulado Determinaci¨®n de fecha y hora, se habla de que la acci¨®n armada prevista se desarrollar¨ªa a partir de las 08.06 horas del d¨ªa 27 de octubre de 1982. En la sentencia, el tribunal militar asegura que exist¨ªa "un plan tendente a conseguir el cambio violento, mediante una acci¨®n armada, de la actual organizaci¨®n pol¨ªtica adoptada por el pueblo espa?ol". A?ade el tribunal que, para conseguir este objetivo, estaban previstas la Operaci¨®n Halc¨®n, en la que intervendr¨ªan al menos 80 comandos de obediencia ciega integrados por civiles y militares, y la Operaci¨®n Marte, seg¨²n la cual un general se har¨ªa cargo de la I Regi¨®n Militar (Madrid) y declarar¨ªa el estado de guerra.

Dado que, cuando fueron detenidos los primeros procesados, faltaban s¨®lo 25 d¨ªas para la materializaci¨®n del golpe, cabe deducir, y as¨ª lo puso de relieve el propio fiscal durante la vista, que los procesados hab¨ªan conectado ya con numerosos militares para conseguir el necesario apoyo de fuerzas para sus prop¨®sitos. Igualmente, es l¨®gico pensar que, bien los procesados o bien otros comprometidos, hab¨ªan enlazado con civiles que pod¨ªan formar los comandos de obediencia ciega, cuyos objetivos y misiones est¨¢n detallados en la documentaci¨®n intervenida.

El propio fiscal, coronel Fernando Bartolom¨¦, reconoci¨® en el pen¨²ltimo d¨ªa del consejo de guerra que estaba convencido de que ten¨ªa que haber m¨¢s implicados que los cuatro acusados, y que incluso hab¨ªa tenido dudas y sospechas sobre algunas personas "que no est¨¢n sentadas en el banquillo, por falta de pruebas". Cabe recordar que, s¨®lo entre la documentaci¨®n intervenida al coronel Mu?oz, los peritos cal¨ªgrafos identificaron 15 diferentes grupos de letras o escrituras. Una lista de militares supuestamente comprometidos fue hecha, por ejemplo, con una m¨¢quina de escribir de la Capitan¨ªa General de Zaragoza, pero el autor nunca fue identificado.

Los militares que figuraban en esa y otras listas de supuestos comprometidos se limitaron a declarar ante el juez, en los casos en que fueron citados, que no hab¨ªan dado su consentimiento para ser incluidos en esas listas. El fiscal no s¨®lo destac¨® la segura existencia de otros implicados, sino que tambi¨¦n dio por hecho que ten¨ªa que haber m¨¢s documentaci¨®n que la intervenida y que los procesados deb¨ªan haber mantenido m¨¢s reuniones y contactos que los tres citados en el sumario.

Ni un solo testigo en contra

A lo largo de los nueves meses que dur¨® la fase de sumario -y otros tantos la de plenario-, los servicios de informaci¨®n del Estado no encontraron ni un solo militar que, en calidad de testigo, declarara sobre las actividades involucionistas de los condenados o sobre las labores de captaci¨®n que, l¨®gicamente, debieron realizar ¨¦stos. En el proceso registrado en 1976 contra oficiales miembros de la Uni¨®n Militar Democr¨¢tica (UMD), el fiscal present¨® como testigos a una decena de militares que afirmaron ante el tribunal que hab¨ªan sido invitados por alguno de los procesados a formar parte de la clandestina organizaci¨®n.En el proceso por el 27-O, el fiscal no ha presentado ni un solo testigo que declarara en contra de los procesados. Ni siquiera lleg¨® a prestar declaraci¨®n alguna el ex general Jaime Milans del Bosch, con quien se entrevistaron dos de los procesados un d¨ªa antes de ser detenidos. Por el contrario, y a petici¨®n de los abogados defensores, desfilaron ante el consejo de guerra m¨¢s de 60 militares de todas las graduaciones, quienes coincidieron en asegurar que ni conoc¨ªan actividad involucionista alguna por parte de los procesados ni hab¨ªan o¨ªdo hablar jam¨¢s sobre la preparaci¨®n del golpe.

Con respecto a la trama civil del golpe previsto, no se ha aportado nung¨²n dato en todo el proceso. En octubre de 1982, la polic¨ªa detuvo a cuatro ultraderechistas sospechosos, uno de los cuales, Jos¨¦ Carlos Echalecu, lleg¨® a confesar que estaba en contacto directo con el capit¨¢n de la Guardia Civil Francisco Acera Mart¨ªn -entonces en prisi¨®n cumpliendo condena por su participaci¨®n en el golpe del 23-F-, y que ¨¦ste les hab¨ªa dicho que formaran grupos similares a comandos y que todo "desembocar¨ªa en una participaci¨®n activa como comandos operativos de acci¨®n en apoyo a un inminente golpe militar".

El capit¨¢n Acera, que sigui¨® parte del consejo de guerra entre el p¨²blico, nunca fue llamado a declarar en esta causa, y los citados ultraderechistas fueron puestos en libertad tras rectificar ante el juez las declaraciones que prestaron anteriormente en la Direcci¨®n de la Seguridad del Estado. Tampoco declar¨® nunca en este proceso Jos¨¦ Mar¨ªa de Oriol y Urquijo presidente de Hidroel¨¦ctrica Espa?ola, con quien el teniente coronel Crespo reconoci¨® que se hab¨ªa entrevistado en dos ocasiones en septiembre de 1982.

Lo que el fiscal no pregunt¨®

Esta aparente falta de inter¨¦s en descubrir nuevos datos sobre el golpe de 27-O se presinti¨® tambi¨¦n en la mayor¨ªa de interrogatorios practicados por el fiscal militar durante el consejo de guerra. Adem¨¢s de no presentar testigos, el coronel Bartolom¨¦ no hizo pregunta alguna al coronel Mu?oz sobre el contenido del informe Determinaci¨®n de fecha y hora, redactado, seg¨²n su propia confesi¨®n, por Mu?oz.Cuando Echalecu, en calidad de testigo, reconoci¨® sus contactos con Acera, el fiscal concluy¨® el interrogatorio sin preguntarle el motivo y contenido de los contactos.

Rehus¨® tambi¨¦n hacer preguntas al teniente coronel Mariano Ca?as, ¨²nico testigo que pod¨ªa haber declarado algo contra Fern¨¢ndez Hidalgo, ya que particip¨® con ¨¦l en un encuentro con el teniente coronel Crespo.

Tampoco plante¨® a nadie pregunta alguna sobre otras reuniones que, seg¨²n ¨¦l mismo, tuvieron que producirse entre los procesados y entre ¨¦stos con otros comprometidos.

Por toda esta ausencia de investigaciones y datos, tanto el fiscal como el tribunal militar tuvieron que basar sus respectivos escritos de conclusiones y sentencia en la documentaci¨®n intervenida al coronel Mu?oz en el momento de su detenci¨®n. Y ello, gracias a que el propio coronel franque¨® la puerta de su vivienda y permiti¨® que la registraran los funcionarios del Cuerpo Superior de Polic¨ªa, que acudieron desprovistos del necesario mandamiento judicial y con la simple exhibici¨®n de una orden del jefe superior de polic¨ªa de Madrid fechada el 2 de septiembre de 1982, es decir, un mes antes.

"Si el coronel Mu?oz les exige el mandamiento judicial y, mientras lo consiguen, el propio coronel destruye los documentos comprometidos, no estar¨ªamos ahora aqu¨ª", dijo en el juicio el defensor de Mu?oz, Jos¨¦ Zugasti.

No es extra?o, por tanto, que el ¨²nico procesado a quien no le fue adjudicado ninguno de los documentos intervenidos, el teniente coronel Fern¨¢ndez Hidalgo, haya resultado absuelto por falta de pruebas. Sin la existencia de la documentaci¨®n intervenida, es l¨®gico pensar que lo mismo habr¨ªa ocurrido con el resto.