Hacia un nuevo modelo sanitario

La reforma sanitaria planteada por el Gobierno socialista es valiente y decidida, seg¨²n el autor de este trabajo, ya que racionaliza los recursos, gestiona con eficacia y moderniza los criterios sobre el tema. Hay deficiencias (la poca claridad de la financiaci¨®n y la participaci¨®n ciudadana, en su opini¨®n), pero la mayor oposici¨®n, como se?alaba la Organizaci¨®n Mundial de la Salud en su Declaraci¨®n de Alma Ata, se registra entre los sectores profesionales y la industria farmac¨¦utica.

En 1822 se intenta crear un proyecto de c¨®digo sanitario, que no prospera por diversas rencillas de ¨ªndole pretendidamente cient¨ªfica. La ley de la Beneficencia General del Estado se promulga en 1848 y se reglamenta en 1852, con una parte para asistencia m¨¦dica caritativa. En 1855 se crea la Direcci¨®n General de Sanidad, pero hay que esperar hasta 1883 para que, bajo el Gobierno de Posada Herrera, se cree una comisi¨®n para "estudiar las posibilidades de una organizaci¨®n nacional de la Seguridad Social".Por real decreto se crea en 1904 la Instrucci¨®n General de Sanidad, sin aportar nada nuevo. En ese mismo a?o, Canalejas crea el Instituto de Trabajo, qu¨¦ se convierte en el Instituto de Reformas Sociales bajo la presidencia de Azc¨¢rate, siendo los primeros pasos para que en 1907 se cree el Instituto Nacional de Previsi¨®n.

Es de destacar que en estos per¨ªodos la acci¨®n es caritativa y sol¨ªa estar en manos de ¨®rdenes religiosas. Lo m¨¢s sobresaliente es la creaci¨®n de hospitales provinciales dependientes de las diputaciones.

Bajo la presidencia de Largo Caballero se establece en 1936, por primera vez, el Ministerio de Sanidad, del que se encarga Federica Montseny, con un claro intento unificador.

En 1942, siendo Gir¨®n ministro de Trabajo, se incluyen en la estructura del Instituto Nacional de Previsi¨®n las prestaciones del seguro obligatorio de enfermedad. En 1944 se promulga la ley de Bases de Sanidad, que consagra la dispersi¨®n de las instituciones sanitarias. La ley de Especialidades M¨¦dicas data de 1955, sin rigor para la obtenci¨®n del t¨ªtulo de especialista. En 1962 es la ley de Hospitales y en 1964 la ley de la Seguridad Social.

En 1977 el Gobierno de UCD crea el Ministerio de Sanidad, que se ve incapaz de ordenar el panorama. En 1982 se aprueba una proposici¨®n no de ley del Grupo parlamentario Socialista para integrar la asistencia psiqui¨¢trica en la Seguridad Social, que tampoco se ha desarrollado hasta el momento actual. En 1981 aparece el s¨ªndrome t¨®xico y, lejos de servir para estructurar seriamente el sector sanitario, se crea una red paralela que acrecienta el confusionismo.

En un nivel internacional, unas fechas clave: en 1946 se crea la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), que en 1948 define el estado de salud como el estado ¨®ptimo de bienestar f¨ªsico, ps¨ªquico y social y no s¨®lo la falta de enfermedad. En 1948 el Gobierno laborista ingl¨¦s crea el Servicio Nacional de la Salud (SNS), que es imitado y modificado por Gobiernos de signo progresista, hasta que en 1975 la Democracia Cristiana en Italia opta por legislar en este sen?ido. La OMS elabora en 1978 la Declaraci¨®n de Alma Ata para sentar las bases de la atenci¨®n primaria de la salud.

Aspectos del borrador

Para poner un poco de orden en todo este desbarajuste, racionalizar los recursos existentes, gestionar con eficacia y modernizar y actualizar los criterios era preciso legislar con decisi¨®n y valent¨ªa, y aunque no fuera m¨¢s que por esto ya merece respeto y lectura atenta y,constructiva el presente borrador. Adem¨¢s, el art¨ªculo 149.1.16? da potestad al Estado para hacerlo, pero teniendo en cuenta todo el t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n y que el art¨ªculo 43 habla de salud y no solamente de asistencia a la enfermedad.Cambiar hacia la atenci¨®n y promoci¨®n de la salud, coordinar e integrar los recursos humanos y materiales, gestionar, de manera ¨²nica, etc¨¦tera, s¨®lo se pod¨ªa conseguir con un Servicio Nacional de la Salud de nivel estatal, pero de sarrollado en los aspectos concretos en el nivel de cada autonom¨ªa, seg¨²n las competencias de los respectivos estatutos.

Los datos comparativos pueden resultar aclaratorios entre un sistema liberal a ultranza como el de EE UU y un SNS, como es el caso del Reino Unido. Los datos econ¨®micos son los proporcionados por la OCDE: EE UU emplea el 10% . del producto interior bruto (PIR) en Sanidad, mientras que al Reino Unido s¨®lo le cuesta.el 5,6% del PIB. O, lo que es lo mismo, en EE UU se gastan 638 d¨®lares per c¨¢pita en Sanidad, mientras que en el Reino Unido solamente se in vierten 228 d¨®lares por persona. Un indicador de burocratizaci¨®n del sistema lo representa el gasto en administraci¨®n: EE UU, 4,7% del presupuesto sanitario, mientras que el Reino Unido emplea el 0,9% del presupuesto de Sanidad. En los gastos de farmacia, EE UU, 8%, y Reino Unido, 1,2%. No hay que olvidar que en Espa?a es el 22% del presupuesto sanitario, muy alejado del 10% de los pa¨ªses desarrollados y cercano al 30% de los pa¨ªses subdesarrollados. En sanidad ambiental y preventiva, mientras el Reino Unido emplea el 6% del presupuesto de sanidad, EE UU s¨®lo lo hace con el 2%. Seg¨²n los indicadores internacionales d¨¦ salud, EE UU ocupa el noveno lugar, mientras el Reino Unido se encuentra en cuarto lugar.

En otras palabras: si por razones econ¨®micas los servicios nacionales de salud son m¨¢s baratos y distribuyen mejor los recursos econ¨®micos y los indicadores objetivos son mejores que en la medicina liberal a ultranza, habr¨¢ que concluir que los detractores del SNS no lo hacen por criterios de eficacia y eficiencia sanitarias, sino por razones ideol¨®gicas y pol¨ªticas, por mucho que intenten disfrazarlas de profesionalismo.

Hay otros elementos fundamentales que son de tipo complementario: el concepto de ¨¢rea de salud la integraci¨®n y coordinaci¨®n de los recursos personales y materiales y el funcionamiento por programas, lo cual hace que se acerque a la comunidad la totalidad de los recursos con el fin de prestar una atenci¨®n integrada e integral; que no se desarraigue a los ciudadanos de su entorno y que se planteen unos criterios de evaluaci¨®n correctos y objetivos. De esta suerte ya no tendr¨ªan cabida,l¨¢s concesiones personalistas, el vender imagen, hacer cosas porque no las hace nadie ni los planes piloto sin control o que se desv¨ªen de criterios de eficacia y eficiencia sanitarias.

La generalizaci¨®n de las prestaciones a la totalidad de la poblaci¨®n acarrea una financiaci¨®n distinta, es decir, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, con una pol¨ªtica fiscal y financiera diferente. Partiendo de este punto de la equidad es como se puede hablar de libertad.

El ejercicio privado se mantiene a tenor de lo dispuesto por la Constituci¨®n, pero se matiza que cuando exista concierto de instituc¨ªones privadas con el sector p¨²blico ser¨¢ a t¨ªtulo de complementariedad, con control (el que paga, manda) y sin ¨¢nimo de lucro. En Dinamarca, con un Gobierno conservador, existe una incompatibilidad entre los sectores p¨²blico y privado y tanto en el nivel de la poblaci¨®n como en el de los profesionales: la poblaci¨®n ha elegido en un 95% el sistema p¨²blico.

Con los productos farmac¨¦uticos hab¨ªa que hacer algo ante el caos existente tanto respecto a su n¨²mero como en la publicidad: seg¨²n datos de la Biblioteca del Congreso Norteamericano, la publicidad farmac¨¦utica en Espa?a era err¨®ne a o incompleta en su 80%, con relaci¨®n a la presentada en otros pa¨ªses para los mismos productos.

Tambi¨¦n existen deficiencias: la financiaci¨®n est¨¢ poco clarificada; los plazos de los programas, al limitarse a un trienio, no atienden a la particularidad de algunos de ellos, seg¨²n los datos de la OMS; la participaci¨®n ciudadana est¨¢ poco clara, al ser solamente a nivel del ¨¢rea y no de cada instancia de atenci¨®n; la salud mental est¨¢ tocada por encima -pasa de puntillas-, al limitar las competencias municipales se puede olvidar el esfuerzo realizado por ayuntamientos de izquierda; la investigaci¨®n y docencia se plantean muygeneralmente sin considerar que la formaci¨®n continuada ir¨¢ a cargo del SNS; el Instituto de Salud Carlos III s¨®lo responde a criterios m¨¢s o menos convencionales; en las disposiciones adicionales, transitori¨¢s y finales hay varias que son m¨¢s que discutibles.

En la Declaraci¨®n de Alma Ata, la OMS dice textualmente: "Surgir¨¢n resistencias al cambio por parte de sectores profesionales y de la industria farmac¨¦utica y t¨¦cnica hacia estos nuevos plantamientos... Se deber¨¢n superar con una correcta informaci¨®n a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n de masas y por debates en las comunidades". Aqu¨ª se va a centrar este aspecto en dos sectores profesionales: la Confederaci¨®n Estatal de Sindicatos M¨¦dicos y el Consejo General de Colegios M¨¦dicos, que ya desde antes de la salida a la luz del borrador pretend¨ªan recoger firmas en su contra. Habr¨ªa que decirles que en la disposici¨®n final 14? se dice textualmente: "Respet¨¢ndose los derechos adquiridos". Sin comentarios.