La ruptura del consenso entre los socialistas y la Coalicion Popular desemboca en un intercambio de descalificaciones

El PSOE y Coalici¨®n Popular se han lanzado a una mutua campa?a de descalificaciones y acusaciones que parecen hacer imposible, por el momento, el consenso en torno a temas institucionales que promov¨ªa el propio presidente Felipe Gonz¨¢lez. La ruptura de las negociaciones sobre el proyecto de medidas para la reforma de la funci¨®n p¨²blica -que comenzar¨¢ a debatirse la pr¨®xima semana- y la presentaci¨®n de una proposici¨®n de ley socialista para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad han supuesto una fuerte subida de la temperatura pol¨ªtica en el Congreso, donde ayer era perceptible un clima de fuerte tensi¨®n entre los dos grupos mayoritarios.

Javier S¨¢enz Cosculluela y Eduardo Mart¨ªn Toval, presidente y secretario general, respectivamente, del Grupo Parlamentario Socialista, convocaron ayer una conferencia de prensa para acusar al Grupo Popular de ceder a "intereses gremiales" al propiciar la ruptura de las negociaciones que trataban de llegar a un consenso sobre la reforma de la funci¨®n p¨²blica. Tal ruptura se produjo formalmente el pasado lunes, pocas horas despu¨¦s de conocerse formalmente el resultado de las elecciones catalanas, y desde entonces ambas partes se han lanzado a una verdadera batalla verbal, en la que proliferan las acusaciones rec¨ªprocas de haber mentido a la opini¨®n p¨²blica.Cosculluela neg¨® las acusaciones hechas por Manuel Fraga en la noche del mi¨¦rcoles, en el sentido de que el Gobierno y el Grupo Socialista se negaron a mostrar a la oposici¨®n el texto de las disposiciones transitorias del proyecto de reforma de la funci¨®n p¨²blica. El desconocimiento de tales disposiciones, dijo Fraga, fue el detonante para la ruptura de las negociaciones.

Pero los socialistas aseguraron ayer que el Grupo Popular conoc¨ªa tales disposiciones desde hace seis semanas. Tambi¨¦n rechazaron tajantemente las acusaciones lanzadas por el portavoz popular Miguel Herrero, y luego reiteradas por Fraga, seg¨²n las cuales el PSOE ofreci¨® salvaguardar los privilegios de determinados cuerpos de elite de la Administraci¨®n, como abogados del Estado y letrados del Consejo de Estado, a cambio de llegar a un acuerdo sobre la globalidad del proyecto.

En contra de esta versi¨®n, Cosculluela y Mart¨ªn Toval sugirieron que fueron Ios intereses gremiales, muy bien representados en el Grupo Popular", los que acabaron por imponerse y forzar la ruptura, adem¨¢s de las propias desavenencias internas de los conservadores, entre Alianza Populae y el Partido Dem¨®crata Popular. Mart¨ªn Toval no olvid¨® citar el dato de que nueve abogados del Estado son miembros de la ejecutiva del partido de Fraga.

"Amargas quejas" de Herrero

Tampoco olvid¨® el presidente del Grupo Socialista relatar c¨®mo hab¨ªa escuchado de labios de Miguel Herrero "amargas quejas" sobre algunos de sus compa?eros de los bancos de la oposici¨®n, evocando as¨ª unas desavenencias internas en el Grupo Popular que son ya algo m¨¢s que un rumor.Esta confidencia de Cosculluela a los periodistas provocar¨ªa un estallido de indignaci¨®n en Miguel Herrero, quien acudi¨® a pedir explicaciones a los dirigentes socialistas.

El proyecto de medidas urgentes para reformar la funci¨®n p¨²blica, en su versi¨®n original -es decir, no en la que estaba siendo discutida- comenzar¨¢ a estudiarse en ponencia hoy mismo, y la semana pr¨®xima ser¨¢ debatido en comisi¨®n, para pasar al Pleno del pr¨®ximo d¨ªa 16.

Sin embargo, el hecho que acabar¨ªa haciendo estallar ayer las tensiones fue el que los dirigentes populares tuviesen conocimiento por la Prensa de que el Grupo Socialista hab¨ªa presentado sorpresivamente, en la noche del mi¨¦rcoles, una proposici¨®n de ley para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El Grupo Popular, que actualmente tiene presentados tres recursos previos contra otros tantos proyectos del Gobierno, contraatac¨® difundiendo el rumor de que la presentaci¨®n de esta proposici¨®n de ley se hac¨ªa como consecuencia del pr¨®ximo env¨ªo a las Cortes por el Gobierno de una ley electoral "o de alg¨²n otro proyecto trascendental". As¨ª, el Ejecutivo tratar¨ªa de evitar que la oposici¨®n pudiese paralizar la tramitaci¨®n de tal proyecto, as¨ª como su entrada en vigor, mediante un recurso previo. Fuentes gubernamentales negaron que exista el prop¨®sito de enviar a las Cortes a corto plazo cualquier proyecto de ley electoral, aunque s¨ª admitieron que se est¨¢n elaborando algunos borradores sobre el tema.

La proposici¨®n de ley presentada el mi¨¦rcoles por los socialistas trata de derogar el cap¨ªtulo segundo del t¨ªtulo sexto de la ley org¨¢nica reguladora del Tribunal Constitucional, que trata "del control previo de inconstitucionalidad". Esta proposici¨®n de ley incluye una disposici¨®n transitoria mediante la cual los recursos previos de inconstitucionalidad que ya se encuentren interpuestos continuar¨¢n su tramitaci¨®n hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, por lo que leyes como la LODE o la del aborto no se ver¨ªan afectadas por la nueva regulaci¨®n que ahora proponen los socialistas.

Entre los motivos aducidos por el PSOE para presentar esta proposici¨®n, a la que se oponen todos los dem¨¢s grupos parlamentarios excepto el centrista, se incluye la necesidad de que no se convierta al Tribunal Constitucional en una tercera c¨¢mara decisoria en temas vitales, relegando a un segundo plano el Parlamento. El PSOE ha acusado reiteradamente al Grupo Popular de intentar paralizar la entrada en vigor de leyes vitales, como la de Educaci¨®n, la del aborto o la de incompatibilidades, con la presentaci¨®n de recursos previos de inconstitucionalidad.