El Gobierno prev¨¦ modificar en el Senado el proyecto de reforma de la funci¨®n p¨²blica que hoy debate el Pleno del Congreso

El Gobierno tiene previsto modificar en el Senado el proyecto de ley para la Reforma de la Funci¨®n P¨²blica, que hoy comenzar¨¢ a debatirse en el Pleno de Congreso de los Diputados, mediante la inclusi¨®n de algunas refundiciones de los actuales cuerpos de la Administraci¨®n p¨²blica. La intenci¨®n del Gabinete es reducir sensiblemente los 262 cuerpos de funcionarios de la Administraci¨®n de Estado y las 1.444 escalas de los organismos aut¨®nomos, eliminar el car¨¢cter patrimonial que hoy detentan los cuerpos sobre funciones y puestos en la Administraci¨®n, racionalizar retribuciones, asegurar la movilidad de personal y permitir a las comunidades aut¨®nomas que legislen sobre sus propios funcionarios.

, Frente a las cr¨ªticas de los partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n y de los sindicatos, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno esgrimir¨¢ hoy ante el Pleno del Congreso una serie de cifras y argumentos que circunscriben los efectos de la pol¨¦mica ley.El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, recordar¨¢ al l¨ªder de la oposici¨®n, Manuel Fraga, por ejemplo, su voto a favor de la jubilaci¨®n forzosa de los maestros a los 65 a?os. Moscoso desvelar¨¢ tambi¨¦n que s¨®lo 289.232 funcionarios, qu¨¦ corresponden a los m¨¢s altos niveles, disfrutaban hasta ahora de jubilaci¨®n a los 70 a?os, en tanto que 1.200.000 funcionarios estaban ya obligados a jubilarse a los 65 a?os.

13.240 por ahora

De este colectivo de 289.232 funcionarios a quienes se va a adelantar la jubilaci¨®n, hasta, el 1 de enero de 1986 ¨²nicamente se ver¨¢n afectados 13.2,40 (de ellos, 3.000 deber¨¢n jubilarse en el momento de la entrada en vigor de la ley).

Los afectados se jubilan con el 36,4% de sus retribuciones si son titulados superiores o subdirectores generales; con el 56,7% si son titulados medios o jefes de negociado, o con el 62,8% si tiene realizado s¨®lo el bachillerato o poseen niveles m¨ªnimos de ense?anza.

En la a?ctualidad, por citar s¨®lo algunos de los grandes cuerpos, la retribuci¨®n media bruta mensual del Cuerpo Diplom¨¢tico (700 funcionarios), sin contabilizar los complementos de destino, es de 140.136 peletas; la de los inspectores financieros y tributarios (1.500 funcionarios), de 263.003 pesetas; la, de los inspectores de Aduanas (638 funcionarios), de 169.653 pesetas; la de los t¨¦cnicos comerciales (298 funcionarios), de 154.031 pesetas; la de los economistas del Estado (76 funcionarios), de 137.267; la de los inspectores de Trabajo (546 funcionarios), de 191.224 pesetas, y la de los miembros del Cuerpo General T¨¦cnico de la Administraci¨®n Civil (2.400 funcionarios), de 129.575 pesetas.

Frente a estas cantidades, los salarios m¨ªnimos que cobran los subalternos y auxiliares, que son la gran mayor¨ªa del personal de la Administraci¨®n del Estado, son de 54.000 pesetas y de 65.000 a 75.000 pesetas, respectivamente.

A los porcentajes del sueldo rese?ados para las pensiones sobre los salarios que se preciben en activo hay que a?adir las percepciones que les corresponde percibir a los funcionarios por sus propias mutualidades.

As¨ª, un inspector de Trabajo con 30 a?os de servicio se jubila con 215.096 pesetas mensuales, y uno de Informaci¨®n y Turismo con 142.000. Los cuerpos administrativos de elite, esto es, los de ¨ªndice de proporcionalidad 10, perciben pensiones de jubilaci¨®n de entre 106.000 y 110.000 pesetas, a las que hay que a?adir las cantidades que les correspondan por sus mutualidades. En cambio, la pensi¨®n media que cobran los jubilados de la Seguridad Social es de 28.649 pesetas, mientras que en la funci¨®n p¨²blica se sit¨²a en 49.818 pesetas.

Despolitizar

Por otra parte, el proyecto de ley de reforma, siempre seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, supone la despolitizaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica, al primar el concurso p¨²blico sobre la libre designaci¨®n y al obligar a que en todo caso esta ¨²ltima se realice mediante oferta p¨²blica de puestos de trabajo. Esta oferta p¨²blica se har¨¢ anualmente en la ley de Presupuestos Generales del Estado.

La definici¨®n de los puestos de trabajo en el ¨¢rea p¨²blica, seg¨²n estas fuentes, har¨¢ imposible que un arquitecto, como dice Coalici¨®n Popular, pueda ser nombrado director de una maternidad. La ley, por otra parte, evitar¨¢ las fuertes ca¨ªdas de retribuci¨®n que se producen ahora cuando un funcionario cesa en el desempe?o de un alto cargo.