La Administraci¨®n recoge a 3.000 'n¨¢ufragos' de los diarios del Estado como ep¨ªlogo del proceso liquidador

Mientras los nuevos propietarios se hacen cargo de los diarios vendidos por el Estado, el gran barco de la Administraci¨®n no cesa de recoger n¨¢ufragos procedentes de la prensa p¨²blica. M¨¢s de 1.500 empleados de ¨¦sta han sido adscritos ya a la Comisi¨®n Interministerial, encargada de buscarles acomodo, y se espera en breve la llegada de las casi 1.800 personas que forman la plantilla de los peri¨®dicos vendidos, que en su gran mayor¨ªa han optado por abandonar las nuevas empresas; as¨ª como de los diarios cerrados.La liquidaci¨®n de la cadena supone una reconversi¨®n en toda regla, con m¨¢s de 3.000 trabajadores afectados. Se les ha ofrecido mejores condiciones que a otros sectores en crisis: todos los empleados de la prensa p¨²blica tienen derecho a un puesto en la Administraci¨®n o a recibir indemnizaciones por romper su relaci¨®n laboral. El derecho asiste, incluso, a los trabajadores que permanecen en las nuevas empresas, si se ven afectado 3 por alguna reestructuraci¨®n en los dos a?os siguientes al cambio de titularidad. Este ha sido el precie que el Gobierno ha pagado, a todas luces, por evitar esc¨¢ndalos sociales en el proceso liquidador.

?stos datos matizan la valoraci¨®n del proceso liquidador, que, sin ese condicionamiento, habr¨ªa supuesto un ¨¦xito econ¨®mico para el Estado. Desde el punto de vista estricto de la gesti¨®n, no es extra?o que el principal ejecutor de la operaci¨®n liquidadora, Mario Trinidad, se muestre satisfecho: "Hemos vendido muy bien los peri¨®dicos", dice. Otros altos funcionarios lo ven de manera distinta, al observar que la privatizaci¨®n carga a los dem¨¢s departamentos con 3.000 nuevos empleados.

El per¨ªodo transitorio

La cadena p¨²blica gener¨® en 1983 un d¨¦ficit de 3.400 millones de pesetas; lo elevado de esta suma no se debe a una gesti¨®n peor que la de a?os anteriores, sino a que el organismo MCSE ten¨ªa a¨²n a su cargo las n¨®minas de los trabajadores ya transferidos a otros departamentos. A esa cifra hay que a?adir el caso especial de Pueblo, que sobrepasaba por s¨ª s¨®lo el millar de millones en p¨¦rdidas.

Los 27 peri¨®dicos de que constaba la cadena a finales de 1982 se encontraban, en general, en un bajo momento de calidad y con tiradas exiguas, que supon¨ªan 327.000 ejemplares de venta media diaria, en su conjunto. Frente a esta situaci¨®n, los responsables de los medios trataron de evitar el deterioro de los contenidos period¨ªsticos, para lo cual renovaron las direcciones de casi todos los diarios -siempre con profesionales de los MCSE- y organizaron un sistema de colaboraciones en Madrid, a cargo de la directora t¨¦cnica de la cadena, Mal¨¦n Aznarez. Esta estructura canaliz¨® art¨ªculos y cr¨®nicas de un abanico muy amplio de personas, destinado a que los peri¨®dicos no perdieran competitividad respecto a otros diarios de sus zonas.

Los responsables del per¨ªodo transitorio tomaron medidas para hacer la cadena menos gravosa al erario p¨²blico. Esta cuesti¨®n del d¨¦ficit ha sido el argumento tenazmente mantenido por los que se mostraban contrarios a la prensa estatal; lo cierto es que el d¨¦ficit disminuy¨® en casi 600 millones de pesetas en 1983. En dicha reducci¨®n tuvo mucho que ver el cierre de cinco peri¨®dicos, propuesto por Mal¨¦n Aznarez tan pronto como se hizo cargo de la direcci¨®n t¨¦cnica de la cadena.

"Se daba la incre¨ªble circunstancia", explica, "de que esos cinco diarios perd¨ªan, 547 millones de pesetas para vender, entre todos ellos, 11.645 ejemplares. El cierre no supon¨ªa dejar sin peri¨®dicos a las ciudades donde se editaban, puesto que en todas ellas hab¨ªa otros".

Una Prensa pluralista

En el proceso final, el n¨²mero de incidentes o denuncias de dirigismo fue muy escaso. En realidad se limitaron a las intervenci¨®nes parlamentarias de Alianza Popular y de Converg¨¦ncia i Uni¨®, que a principios del verano de 1983 acusaron al Ministerio de Cultura de enviar editoriales de inserci¨®n obligatoria. Como pudo comprobarse en su d¨ªa, ni los editoriales se realizaban en el Ministerio de Cultura -sino en la direcci¨®n t¨¦cnica de los Medios-, ni eran de inserci¨®n obligatoria.

No obstante, la acusaci¨®n parlamentaria surti¨® cierto efecto: fue suspendido el env¨ªo de editoriales, y en su lugar se remitieron, desde la direcci¨®n central, art¨ªculos firmados por el autor de aquellos, Jos¨¦ Antonio Gabriel y Gal¨¢n, titulados "Cr¨®nica con nombre".

El diario La Nueva Espa?a, que habitualmente publicaba un comentario editorial propio, recibi¨® asimismo laindicaci¨®n de que ten¨ªa que dejar de publicarlo, "para que no haya dirigismo", seg¨²n la explicaci¨®n dada por el subsecretario de Cultura, Mario Trinidad, al director del diario. ?ste ¨²ltimo argument¨® que "quitarlo s¨ª podr¨ªa ser dirigismo"; y continu¨® publicandolo regularmente.

Muchos ex miembros de las redacciones de peri¨®dicos del Estado destacan esta etapa como la de m¨¢s libre ejercicio profesional que recuerdan. La mayor parte de los directores fueron nombrados tras el cambio de Gobierno, pero, seg¨²n fuentes de los MCSE, pr¨¢cticamente ninguno de ellos era militante del partido en el poder. Numerosos periodistas de la cadena consideran que no volver¨¢n a producirse unas cireunstancias como ¨¦stas, que posibiliten una prensa p¨²blica independiente del Ejecutivo: la transitoriedad favoreci¨® el pluralismo y la ausencia de presiones.