Una investigaci¨®n necesaria

Los CR?MENES perpetrados por las diversas bandas terroristas en que se ha desintegrado ETA -su ¨²ltima v¨ªctima fue el capit¨¢n de la Guardia Civil Luis Ollo Ochoa, asesinado en Pamplona el pasado domingo- contin¨²an segando vidas inocentes y tratando de provocar a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. La debilitaci¨®n de las bases de apoyo de los terroristas, la condena de sus atentados por los partidos democr¨¢ticos, las dificultades cada vez mayores de los activistas para operar con total impunidad en el departamento franc¨¦s de los Pirineos Atl¨¢nticos y el desmantelamiento de algunas de sus redes de sost¨¦n acercan, sin duda, la fecha de erradicaci¨®n de esa pesadilla.En la historia de los or¨ªgenes de ETA son visibles las huellas de la aplicaci¨®n por los terroristas de la espiral acci¨®n-represi¨®n-acci¨®n. Los principios b¨¢sicos de un Estado de derecho, de un sistema de libertades y de una sociedad civilizada descansan sobre la defensa incondicional y sin excepciones de los derechos humanos de los ciudadanos, sea cual sea su ideolog¨ªa y sea cual sea la conducta criminal de la que se les acuse. Pero aunque s¨®lo fuera para evitar la utilizaci¨®n de esa t¨¢ctica que convierte a la represi¨®n en motor de la acci¨®n terrorista, aunque s¨®lo fuera para evitar que la recluta de militantes o simpatizantes de ETA pueda seguir esgrimiendo como pretexto los tratos inhumanos contra los detenidos, incluso los gobernantes insensibles a los llamamientos morales tendr¨ªan que vigilar, en su lucha contra el terrorismo, que acaben las conculcaciones de derechos humanos.

El escrito titulado Nosotros tambi¨¦n queremos ser culpables, mediante el que cuatro jueces destinados en Guip¨²zcoa se han solidarizado con su compa?ero Jos¨¦ Luis Barrag¨¢n (recusado primero por seis guardias civiles en un sumario sobre presuntas torturas y objeto despu¨¦s de una querella -ya desestimada por la Audiencia- por prevaricaci¨®n), arroja inquietantes sombras sobre la efectividad con la que se cumple en nuestro pa¨ªs el mandato constitucional que proh¨ªbe y castiga la tortura y los tratos inhumanos y degradantes en algunas dependencias gubernativas. En este mismo sentido el titular del juzgado 12 de los de Madrid se ha dirigido al ministerio fiscal y al Gobierno sobre posibles irregularidades realizadas por algunos miembros de la polic¨ªa.

Ahora, las informaciones disponibles (v¨¦ase EL PA?S del 30 de mayo) sobre el sombr¨ªo suceso de Pasajes, en que perdieron la vida cuatro terroristas de los Comandos Aut¨®nomos Anticapitalistas, producen una enorme zozobra e inquietud respecto al funcionamiento de determinados sectores de nuestros cuerpos de seguridad. ?C¨®mo es posible que uno de los fallecidos fuera alcanzado por un di-sparo de postas? ?Acaso figuran ahora, entre las c¨¦lebres armas reglamentarias de las notas oficiales, escopetas deportivas que utilizan esa munici¨®n? ?Es imaginable que el Gobierno socialista autorice o no impida la distribuci¨®n de cartuchos de caza entre las dotaciones de los cuerpos de seguridad?.

El portavoz del Gobierno notific¨®, en la conferencia de prensa inmediatamente posterior al ¨²ltimo Consejo de Ministros, que el Gobierno ha abierto ya una investigaci¨®n sobre los sucesos de Pasajes y no va a ocultar -faltar¨ªa mas- ninguna informaci¨®n al respecto. En una de sus inefables salidas de pata de banco, Eduardo Sotillos a?adi¨® que el Poder Ejecutivo tambi¨¦n se propone investigar la utilizaci¨®n de Goma-2 en el atentado que cost¨® la vida en Pamplona al capit¨¢n de la Guardia Civil Jos¨¦ Luis Ollo. Desgraciadamente, no queda demasiado claro el prop¨®sito de la ¨¢gil asociaci¨®n de ideas entre ambas tragedias realizada por el astuto portavoz gubernamental. ?Insin¨²a tal vez Eduardo Sotillos que los cartuchos de postas y la Goma-2 tienen una misma misteriosa procedencia com¨²n, localizable indistintamente en las bandas terroristas o en quienes las persiguen? ?Pretende equiparar a los miembros de los cuerpos de seguridad que intervinieron en el tiroteo del puerto guipuzcoano con quienes realizaron el atentado de Pamplona? ?O tal vez ha tratado el portavoz de propinar un pellizco de monja a los indiscretos periodistas que intentan esclarecer la verdad de los sucesos de Pasajes, mediante una ominosa advertencia sobre las complicaciones derivadas de inmiscuirse en el asunto? De ser esta ¨²ltima hip¨®tesis correcta, habr¨ªa que concluir que Eduardo Sotillos ha desembarcado finalmente en las playas, con pleno ¨¦xito, de los edecanes que, bajo el antiguo r¨¦gimen, cortaban alegremente la cabeza de los mesajeros y met¨ªan en el mismo saco a los informadores de los hechos y a los autores de los sucesos relatados. Para tranquilizar al nervioso portavoz diremos que nadie duda del prop¨®sito del Gobierno de detener, encarcelar y procesar a los, autores, c¨®mplices y encubridores del atroz atentado cometido en Pamplona mediante una carga de Goma-2.

Por lo demas, corresponde, en ¨²ltima instancia, al ministerio fiscal la tarea de promover la acci¨®n de la justicia "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inter¨¦s p¨²blico tutelado por la ley". El fiscal general del Estado, cuyas recientes afirmaciones acerca de la autonom¨ªa de su propio papel han suscitado una viva pol¨¦mica dentro y fuera de Catalu?a, tiene ahora una excelente ocasi¨®n para demostrar lo fundado de esa doctrina. Una investigaci¨®n en toda regla sobre el sangriento incidente de Pasajes y sobre los obst¨¢culos que los jueces de San Sebasti¨¢n encuentran en su tarea de "amparar y tutelar los derechos humanos frente a cualesquiera abusos o extralimitaciones" dar¨ªa verosimilitud a las pretensiones del fiscal general del Estado acerca de su insobornable independencia respecto al Gobierno.