La conciencia fiscal

CUANDO FALTAN escasos d¨ªas para que finalice el plazo de presentaci¨®n de la declaraci¨®n -de signo positivo-del impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, los contribuyentes se ven sometidos al fuego cruzado de los mensajes publicitarios y de las declaraciones del Ministerio de Hacienda. La campa?a oficial de anuncios ha explicado que los ingresos fiscales constituyen una unidad, de forma tal que las ocultaciones de los defraudadores tendr¨¢n que ser pagadas finalmente por los restantes contribuyentes. El nuevo lema, ominoso en su equivocidad, de Hacienda, cada vez m¨¢s cerca ha sustituido al antiguo lema Hacienda somos todos, cuya falta de verosimilitud exig¨ªa seguramente su r¨¢pido reemplazo. Los hechos cantan: uno de cada cuatro contribuyentes, tres de cada cuatro agricultores y el 60% de los profesionales no presentan la correspondiente declaraci¨®n sobre la renta. Estos elevados porcentajes de evasi¨®n total acercan a nuestro pa¨ªs a una situaci¨®n impropia de quien aspira a ingresar de modo ininediato en la Comunidad Econ¨®mica Europea.-A la vista de tanto contribuyente potencial que no acaba de serlo, el Gobierno ha ajustado los contenidos de sus mensajes y ha comenzado a designar las cosas y las conductas por su nombre: quien evade sus impuestos defrauda al Tesoro y es, a la vez, insolidario con sus vecinos y con la sociedad entera. Pero en este orwelliano 1984, el Ministerio de Hacienda no se ha limitado a realizar exhortaciones pol¨ªtico-morales a la solidaridad, sino que ha incorporado a sus mensajes la expectativa de la coacci¨®n. La perspectiva de que el inspector, pertrechado por la inform¨¢tica, vigila de cerca al contribuyente parece una estampa propia del Gran Hermano, conocedor al dedillo de todas y cada una de nuestras peque?as -o grandes- miserias tributar¨ªas.

La eficacia publicitaria ha quedado fortalecida durante los ¨²ltimos d¨ªas con nuevas declaraciones de los m¨¢ximos responsables del Ministerio, de Hacienda. Aumentar¨¢n las multas para los defraudadores, se revisar¨¢ la tipificaci¨®n del delito fiscal a fin de hacerlo aplicable en la pr¨¢ctica procesal, se conceder¨¢ la presunci¨®n de veracidad al inspector de Hacienda cuando levante un acta o una diligencia y -lo que resulta sorprendentese promover¨¢ la delaci¨®n fiscal. Al parecer, estas medidas est¨¢n incluidas en el anteproyecto de ley de Represi¨®n del Fraude Fiscal, que podr¨ªa ser aprobado en la pr¨®xima reuni¨®n del Gabinete, en fechas coincidentes con el fin del per¨ªodo de declaraci¨®n de la renta.

Cabe pensar que este ajuste de tuercas se debe menos a la voluntad del Gobierno de mentalizar a la poblaci¨®n respecto a sus deberes tributarios que a la imperiosa necesidad de aumentar los ingresos para que el d¨¦ficit p¨²blico no vuelva a desbordarse. En cualquier caso, la ¨²nica forma moral y pol¨ªticamente respetable de fortalecer la conciencia fiscal de los ciudadanos es asegurar la transparencia de los gastos p¨²blicos, la ejemplaridad en la administraci¨®n de los recursos, la eficacia de las prestaciones estatales y el car¨¢cter equitativo de la distribuci¨®n de los tributos. La pedagog¨ªa para demostrar que las cargas fiscales constituyen la ¨²nica forma de financiar esa empresa com¨²n que es un Estado democr¨¢tico debe descansar sobre el supuesto previo de que los recursos comunes ser¨¢n gestionados con honradez, talento y justicia. Durante el anterior r¨¦gimen, casi nadie pagaba impuestos; muchos ten¨ªan a gala no hacerlo. Pero cuando la legitimidad de un Estado descansa en los votos de los ciudadanos, nadie puede esgrimir ya pretextos pol¨ªticos para rehuir su contribuci¨®n. La conciencia fiscal, por lo dem¨¢s, se eleva conforme aumentan las prestaciones sociales y mejoran los servicios p¨²blicos. Si el cumplimiento con Hacienda de los ciudadanos de los pa¨ªses de la CEE es m¨¢s alto que en Espa?a, no es menos cierto que las prestaciones p¨²blicas de esos Estados son mucho mejores. La sensaci¨®n de que la carga tributaria se distribuye equitativamente tambi¨¦n refuerza los componentes morales, c¨ªvicos y solidarios de la obligaci¨®n tributar¨ªa. Nada m¨¢s eficaz, como coartada para la evasi¨®n, que los agravios comparativos, reales o supuestos, provocados por la injusticia relativa de un sistema tributario y por las bolsas de fraude.

Ahora bien, el desfogue que para los agravios comparativos pudiera significar la delaci¨®n del fraude fiscal es una falsa salida al problema. El Gobierno tiene raz¨®n en su estrategia de conseguir que el aumento de la recaudaci¨®n no se logre mediante el incremento de los impuestos de los que ya cumplen satisfactoriamente, sino a trav¨¦s de la disminuci¨®n de las bolsas de fraude, que dejan de ingresar en el Tesoro -seg¨²n algunas estimaciones- un bill¨®n de pesetas. Ahora bien, el procedimiento adecuado para conseguir tal objetivo no puede ser una campa?a publicitaria inductora del temor o estimuladora de la delaci¨®n. El Gobierno jugar¨ªa con fuego al desatar los de monios inquisitoriales y promover en la sociedad espa?o la una nueva caza de brujas, cuyo probable resultado ser¨ªa azuzar las oscuras pasiones de quienes manejar¨ªan la denuncia fiscal contra el vecino como una forma esta talmente bendecida de llevar a cabo ajustes de cuentas y venganzas personales. La decisi¨®n de resucitar en nom bre de la equidad fiscal las abominables tradiciones de las denuncias de los cristianos Wejos contra los jud¨ªos, o de las gentes de orden contra los rojos, implicar¨ªa un elevado coste para los h¨¢bitos de tolerancia, mutuo respeto, pro tecci¨®n de la intimidad y presunci¨®n de inocencia sobre los que descansa una sociedad civilizada.

La modernizaci¨®n de nuestra inspecci¨®n financiera y tributaria, m¨¢s pr¨®xima al mundo novelesco de Gald¨®s que al 1984 de Orwell, y la sustancial mejora de los servicios p¨²blicos, de forma tal que su financiaci¨®n a trav¨¦s de los impuestos parezca natural al ciudadano, son los procedimientos adecuados para elevar la conciencia fiscal de los espa?oles. La mejor campa?a para recordar a los contribuyentes sus deberes es conseguir un sector p¨²blico eficiente, bien administrado, transparente en sus cuentas, parsimonioso en sus gastos corrientes y poco despilfarrador del dinero presupuestario. Es verdad, sin embargo, que la pedagog¨ªa y la moral son insuficientes por s¨ª mismas a la hora de conseguir el perfecto cumplimiento por todos de sus deberes c¨ªvicos, de forma tal que resulta inevitable la coacci¨®n para forzar a los insolidarios a satisfacer sus obligaciones fiscales. En este sentido, la reforma del delito fiscal y el agravamiento de sus penas son de aplaudir. Pero es tarea exclusiva del Estado, a trav¨¦s de sus propios servicios, la persecuci¨®n y el cobro de los impuestos evadidos por los defraudadores, sin que existan razones moralmente v¨¢lidas para que el Gobierno delegue en la sociedad la labor de espiar a los presuntos incumplidores y fomente entre los ciudadanos h¨¢bitos de delaci¨®n. E igual podr¨ªa decirse respecto a la decisi¨®n de publicar s¨®lo la lista de defraudadores seg¨²n el criterio de las delegaciones de Hacienda, cuando el PSOE tiene una magn¨ªfica oportunidad de publicar las listas de todos los contribuyentes, seg¨²n la propia UCD hizo en su d¨ªa y se arrepinti¨® despu¨¦s.