42 familias han conseguido paralizar la expropiaci¨®n de sus viviendas desde hace 25 a?os

Las 42 familias que viven en el llamado tri¨¢ngulo de oro -limitado por las calles de Capit¨¢n Haya, Bravo Murillo, Ulpiana Benito y S¨®fora, a la espalda del edificio de los juzgados de la plaza de Castilla- se han visto sorprendidas en las ¨²ltimas semanas por una serie de notificaciones en las que se les da un corto plazo de tiempo para que desalojen sus viviendas. Los responsables socialistas de la Comunidad de Madrid reinician as¨ª un largo proceso de expropiaci¨®n, que los vecinos han logrado detener durante 25 a?os y que qued¨® paralizado en 1979, cuando el delegado del Gobierno en Coplaco, Carlos Conde Duque, se comprometi¨® a no actuar hasta que hubiera un acuerdo con los afectados para su realojamiento.El pasado 22 de mayo, Julio Bautista Silva, propietario de una panader¨ªa, recib¨ªa en su domicilio una carta de la Consejer¨ªa de Ordenaci¨®n del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid en la que se le requiere "para que en el improrrogable plazo de cuatro d¨ªas( ... ) realice el desalojo de la vivienda". El tri¨¢ngulo de oro fue calificado en el Plan General de 1963 como zona de equipamientos y dotaciones de uso p¨²blico y el mismo car¨¢cter se ha mantenido en el nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Madrid. En el solar se construir¨¢n, al parecer, instalaciones deportivas.

La ocupaci¨®n, "declarada de urgencia", seg¨²n el escrito de la comunidad aut¨®noma, fue decidida por decreto del Ministerio de la Vivienda en abril de 1959. Veinte a?os m¨¢s tarde, y a pesar de esta urgencia, los vecinos segu¨ªan all¨ª, con sus pancartas de protesta. Con el asesoramiento de la abogada Paquita Sauquillo, diputada independiente en la Asamblea de Madrid y senadora independiente elegida por el PSOE, se logr¨® que Conde Duque, entonces delegado del Gobierno en Coplaco (Comisi¨®n de Planeamiento y Coordinaci¨®n del ?rea Metropolitana), cambiara sus planteamientos. En el escrito que Conde Duque envi¨® a los vecinos afirmaba que "no se proceder¨¢, en ning¨²n caso, al desalojo hasta que no se haya adoptado una soluci¨®n de realojamiento".

La carta, fechada el 20 de julio de 1979, es la ¨²ltima comunicaci¨®n que los vecinos dicen haber recibido hasta que el pasado mes de febrero la Comunidad de Madrid realiz¨® un censo para comprobar qui¨¦n viv¨ªa en los terrenos objeto de la expropiaci¨®n. Tras esta visita, y el desalojo de dos familias gitanas que se hab¨ªan metido en una de las viviendas despu¨¦s de realizado el censo, la primera noticia que han tenido de que el proceso de expropiaci¨®n nunca se hab¨ªa cerrado fue la orden de desalojo.

Alfredo Cidoncha, director general de Suelo y Patrimonio de la Consejer¨ªa de Ordenaci¨®n, asegura que la expropiaci¨®n va a realizarse, aunque antes "se intenta buscar una vivienda a todos los afectados. Hemos citado a algunos propietarios y vamos a estudiar con ellos cada caso"

Oferta de realojamiento

Sobre la soluci¨®n ofrecida a los vecinos, el representante de la comunidad aut¨®noma afirma que "existe la posibilidad de conseguir un realojamiento para todos los propietarios en condiciones muy favorables, con un 5% del precio de la nueva vivienda de entrada y el resto a pagar en 20 o 25 a?os". Estas condiciones son criticadas por los afectados, pues, seg¨²n dicen, supondr¨ªan unas 125.000 pesetas de entrada y unas 9.000 pesetas durante 25 a?os, "cantidades que no pueden pagar quienes viven de pensiones, bajas en muchos casos".Los vecinos consideran innecesario el desalojo, "pues no debe haber proyectos tan urgentes para los terrenos cuando se llevan 25 a?os de proceso administrativo". Opinan que "no se pueden recibir a cambio de nuestras viviendas indemnizaciones que resultan rid¨ªculas".

En el escrito enviado a Julio Bautista, el panadero, se indica que el precio fijado para su vivienda por el Jurado Provincial de Expropiaci¨®n en 1973 era de 209.800 pesetas con 49 c¨¦ntimos, "cantidad con la que hoy d¨ªa no es posible rehacer la vida de una familia", asegura el interesado.

Jacobo Echeverr¨ªa, abogado de las familias afectadas, subraya que junto a estos problemas "existe el compromiso contra¨ªdo con los vecinos en 1979, que no se ha cumplido. Creo que los responsables de la Comunidad de Madrid tienen la obligaci¨®n moral y jur¨ªdica de llega a un acuerdo. Y no en las condiciones que se les ofrecen, pues hay gente que no puede pagar mucho dinero".

Echevarr¨ªa asegura que "hay que buscar tambi¨¦n una soluci¨®n al problema de los locales comerciales, que no existen para la Administraci¨®n por el hecho de que se instalaron a principios de los a?os sesenta, cuando ya estaba abierto el proceso de expropiaci¨®n". Seg¨²n el abogado, "el Ayuntamiento dio las correspondientes licencias definitivas, por lo que las industrias existen a todos los efectos".