Administradores y administrados

EL PROYECTO de ley de Medidas para la Reforma de la Funci¨®n P¨²blica, aprobado ya por el Congreso y pendiente de tramitaci¨®n en el Senado, ha sido el motivo de una huelga, convocada -para ayer y para hoy- por unos sindicatos que se proclaman independientes y que afirman representar los intereses de todo el funcionariado. Dejando a un lado la falta de aliento del incoherente conjunto de medidas parciales elaboradas por el Ministerio de la Presidencia, es preciso subrayar que las resistencias y las quejas de esa plataforma sindical parecen nacer menos de su decepci¨®n ante la insuficiencia de la reforma que de su defensa de posiciones corporativistas.Se anuncian tambi¨¦n, aunque por diversas razones, otros llamamientos a la huelga, firmados por separado por UGT (para los d¨ªas 12, 13 y 19) y por Comisiones Obreras (para los d¨ªas 13 y 14), para protestar contra el proyecto de ley de Reforma de la Funci¨®n P¨²blica. En cualquier caso, la confusi¨®n derivada de esa m¨²ltiple y descoordinada salida al campo reivindicativo de la Plataforma Sindical Independiente, de CC OO y de UGT, animada cada cual por objetivos diferentes, pone de manifiesto los serios perjuicios que implica para la buena marcha de la Administraci¨®n p¨²blica la ausencia de desarrollo del art¨ªculo 103 de la Constituci¨®n, que ordena la regulaci¨®n por ley de las peculiaridades del ejercicio del derecho a la sindicaci¨®n de los funcionarios p¨²blicos. Este incumplimiento es tanto m¨¢s notable cuanto que el programa electoral del PSOE se declar¨® en pro del reconocimiento de los derechos sindicales del personal de todas las Administraciones P¨²blicas y preconiz¨® a tal efecto "la aprobaci¨®n de una ley org¨¢nica que asegure el derecho de libre sindicaci¨®n, el derecho a la huelga (sin perjuicio del mantenimiento obligado de los servicios esenciales de la comunidad) y el derecho a la negociaci¨®n colectiva de los funcionarios p¨²blicos". En el r¨ªo revuelto producido por la ausencia de normas que establezcan los cauces de la representaci¨®n sindical de los funcionarios no debe extra?ar la aparici¨®n de siglas que aumentan el desconcierto con su pretensi¨®n de identificar los intereses particulares de algunos cuerpos con los intereses generales de la funci¨®n p¨²blica. Por esa raz¨®n, resulta tanto m¨¢s irregular que el Gobierno socialista no haya dado prelaci¨®n en su programa legislativo a esa regulaci¨®n de la representatividad de los funcionarios.

La inexistencia de esa prometida regulaci¨®n y la ceremonia de la confusi¨®n concelebrada por los altos cuerpos de la Administraci¨®n ha llevado a la absurda situaci¨®n de que los diversos -y a veces contrapuestos- enfoques desde los que ha sido criticado el proyecto Moscoso puedan aparecer ante la opini¨®n p¨²blica como una impugnaci¨®n homog¨¦nea. Sin embargo, la llamada Plataforma Sindical Independiente, UGT y CC OO tienen hachas que afilar contra la ley muy diferentes entre s¨ª. El Gobierno ha contribuido al desconcierto general por su incapacidad para defender, en el ¨¢mbito parlamentario, y para explicar, en el campo informativo, sus posiciones. La raz¨®n de fondo de ese bloqueo comunicativo tal vez sea que el proyecto de ley, al instalarse en una desolada tierra de nadie para no irritar en demas¨ªa a los intereses creados dentro de la Administraci¨®n, ha conseguido la doble haza?a de suscitar -por razones diversas- la protesta de todos y de no lograr -por causas diferentes- el apoyo decidido de nadie. El resultado final es que el ministro Moscoso carece un de un proyecto pol¨ªtico para hacer eficaz la administraci¨®n p¨²blica y sobre todo demuestra poca sensibilidad a la voz de los contribuyentes.