Felipe Gonz¨¢lez y dos de sus ministros controlaron la investigaci¨®n sobre responsabilidades en Banca Catalana

El presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y los ministros de Econom¨ªa y de Justicia, Miguel Boyer y Fernando Ledesma, controlaron de cerca las investigaciones sobre responsabilidades por la crisis de Banca Catalana, que han culminado en la querella contra Jordi Pujol y otros 24 ex directivos del citado grupo bancario. Boyer puso en marcha la investigaci¨®n de las autoridades monetarias, y Ledesma prepar¨® un informe sobre los "indicios delictivos" que se apreciaban en ella; con esta base, el Consejo de Ministros puso el asunto en manos de la Fiscal¨ªa del Estado, sin predeterminar los supuestos responsables de los hechos descubiertos. La querella no estall¨® antes de las elecciones debido al trabajo de comprobaci¨®n de datos desarrollado por los fiscales.

El Ejecutivo perdi¨® el control sobre la marcha del proceso cuando las investigaciones pasaron al ¨¢mbito de la fiscal¨ªa, pero no desconoc¨ªa las gestiones destinadas a la redacci¨®n de las acusaciones. A¨²n as¨ª, la noticia sobre la inminencia de la querella, publicada al d¨ªa siguiente de aprobado su texto (20 de mayo) sorprendi¨® al Gobierno sin una estrategia para la presentaci¨®n p¨²blica del tema, lo cual facilit¨® la r¨¢pida reacci¨®n pol¨ªtica de Miquel Roca y Jordi Pujol.

El Ejecutivo recompuso el consenso interno sobre la continuidad de, la l¨ªnea emprendida, tras un debate en que el superministro econ¨®mico, Miguel Boyer, actu¨® como principal defensor de la necesidad de exigir responsabilidades.

Este desenlace no implica la ausencia de toda estrategia gubernamental definida en el problema. Por el contrario, desde mayo de 1983 hasta febrero de 1984 el Ejecutivo activ¨®, sucesivamente, tres mecanismos distintos, cada uno de, los cuales acerc¨® a los ex directivos de Banca Catalana hasta el umbral de la justicia, seg¨²n la reconstrucci¨®n que ha sido posible efectuar de todo este proceso.

El Gobierno act¨²a

En la primera fase, el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, condujo personalmente la petici¨®n. de informes al Banco de Espa?a y al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, respecto a la situaci¨®n financiera y contable del grupo Banca Catalana. Una vez estos datos en poder del Gobierno, Miguel Boyer y Felipe Gonz¨¢lez sopesaron coordinadamente la informaci¨®n recibida y enviaron toda la documentaci¨®n al ministro de Justicia, Fernando Ledesma.El Gobierno anunci¨® adem¨¢s sus prop¨®sitos al Congreso de Diputados. El ministro Boyer compareci¨® el 16 de junio de 1983 ante la Comisi¨®n de Econom¨ªa, con una exposici¨®n que estuvo dedicada en un 95%. a la soluci¨®n econ¨®mico-financiera dada a la crisis de Banca Catalana, y el resto, a las intenciones investigadoras del Gabinete. Como ha recordado ahora Felipe Gonz¨¢lez, varios grupos del Congreso, entre ellos la Minor¨ªa Catalana, felicitaron entonces al Gobierno por ese informe parlamentario; pero lo cierto es que tales parabienes se dirig¨ªan a la soluci¨®n dada a la crisis del grupo -que exclu¨ªa su nacionalizaci¨®n-, y no al prop¨®sito de exigir responsabilidades. Aunqu¨¦ tambi¨¦n es verdad que ninguno de los sectores parlamentarios se opuso a la iniciativa investigadora.

Del informe entregado al Gobierno por el Banco de Espa?a (noviembre de 1983) se desprend¨ªa ya la existencia de numerosas irregularidades. Esta documentaci¨®n consist¨ªa en una relaci¨®n de hechos y en una lista de consejeros y ejecutivos de Banca Catalana, en sus diferentes per¨ªodos de actividad. El informe de la autoridad monetaria no establec¨ªa relaci¨®n entre los hechos descritos y las personas que pudieran ser responsables de los mismos.

Por tanto, no es que la investigaci¨®n del Banco de Espa?a afectara o no a Jordi Pujol desde el principio, aspecto que ha sido objeto de abundantes especulaciones; sino que el resultado de los trabajos de la autoridad monetaria no relacionaba ninguno de los hechos con persona alguna, seg¨²n han confirmado a este peri¨®dico medios de absoluta solvencia.

El informe Ledesma

Con la documentaci¨®n del Banco de Espa?a en su poder, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y un reducido equipo de asesores, examinaron los aspectos jur¨ªdico-penales que se desprend¨ªan de la informaci¨®n obtenida. El ministro dio cuenta de sus conclusiones a la presidencia del Gobierno, en forma de "opini¨®n sobre los indicios de delito" apreciados en los documentos del Banco de Espa?a. Este informe del responsable de Justicia fue tratado en Consejo de Ministros y sirvi¨® de base a la decisi¨®n de poner el asunto en manos de la fiscal¨ªa del Estado.El acuerdo del Gobierno, del que no se dio cuenta a la opini¨®n p¨²blica -ni siquiera a la propia ejecutiva federal del PSOE- fue tomado en el pasado, mes de febrero. Tan estricta reserva estuvo motivada por "la necesidad, de evitar presiones que hubieran impedido un examen jur¨ªdico desapasionado del fondo del problema", seg¨²n explicaci¨®n de fuentes del palacio de la Moncloa. Los mismos medios niegan la existencia de un acuerdo formal del Consejo para poner el asunto en manos del fiscal del Estado; no es menos cierto, sin embargo, que el Gobierno trat¨® colegiadamente el tema y mantuvo reserva sobre el mismo.

Los portavoces oficiales del Gobierno y del PSOE coinciden en aseverar que "no hubo aceleraci¨®n ni retraso" en los tr¨¢mites que condujeron hasta la querella. Esa tesis tiende a reforzar la idea de la casualidad en la secuencia temporal, frente a las denuncias de Roca y de Pujol, que acusaron al Gabinete de Felipe Gonz¨¢lez de haber ejecutado una venganza pol¨ªtica calculada contra Catalu?a. Sin apoyar ni negar cada una de dichas versiones, se da la circunstancia de que el Gobierno retuvo la decisi¨®n sobre el paso del asunto a la fiscal¨ªa, desde finales de noviembre de 1983, fecha de recepci¨®n del informe del Banco de Esepa?a, hasta finales de febrero de 1984, en que activ¨® el mecanismo del ministerio p¨²blico; es decir, pas¨® el tema al fiscal general en v¨ªsperas de la convocatoria de elecciones auton¨®micas. La fiscal¨ªa comenz¨® a trabajar cuando faltaban seis d¨ªas para la convocatoria electoral.

Una 'bomba' en campa?a

Como consecuencia del impulso de marzo, el acopio de investigaciones y documentos sobre el caso Banca Catalana sufri¨® una aceleraci¨®n; pero las investigaciones complementarias, emprendidas en el ¨¢mbito de la fiscal¨ªa, se alargaron lo suficiente como para que no estuvieran terminadas hasta la ¨²ltima semana de abril, en coincidencia con la recta final de la campa?a a las elecciones al Parlament.S¨®lo una r¨¢pida decisi¨®n de la fiscal¨ªa, en el sentido de redactar la querella tan pronto como recibi¨® la documentaci¨®n del Banco de Espa?a, habr¨ªa producido el estallido de la bomba en per¨ªodo electoral, probablemente con menos personas implicadas de las que lo est¨¢n ahora. De hecho, la documentaci¨®n remitida inicialmente por el Banco de Espa?a, y los anexos que la acompa?aban, era relativamente escasa y parte de ella se encontraba en mal estado (fotocopias borrosas, etc).

Los fiscales exigieron entonces no s¨®lo copias correctas de lo que ya ten¨ªan, documentos ampliatorios al Banco de Espa?a, Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos y Registro Mercantil. Reunir y estudiar toda ese voluminoso material, para fundamentar la querella, provoc¨® el retraso en la preparaci¨®n de la misma.

Todos estos hechos no parecen avalar la hip¨®tesis de una presi¨®n gubernamental para imprimir a los trabajos un ritmo determinado: ni tampoco ofrecen pruebas de que la fiscal¨ªa del Estado se plegara, sin m¨¢s, a una supuesta petici¨®n del Ejecutivo para proceder contra Pujol. Llama la atenci¨®n, en cambio, la estrat¨¦gica fecha elegida por el Gobierno para poner el asunto en manos del ministerio p¨²blico.

La propia actitud de los fiscales encargados del caso, Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, contribuy¨® a que las acusaciones no fueran formalizadas antes de las elecciones. Su tarea estaba finalizada el 24 de abril, cinco d¨ªas antes de la votaci¨®n popular; pero aguardaron hasta el 4 de mayo para entregar la propuesta al fiscal-jefe de la Audiencia de Barcelona, Alejandro Sanvicente. No es aventurado suponer que este retraso obedeci¨® a una actitud de prudencia personal, ante el importante hecho pol¨ªtico que Catalu?a viv¨ªa en aquellas fechas.