La Fiscal¨ªa del Estado solicita el procesamiento por prevaricaci¨®n y cohecho de dos jueces de Barcelona

La Fiscal¨ªa General del Estado entreg¨® el pasado lunes a la Sala Segunda del Tribunal Supremo un informe en el que solicita el procesamiento por los delitos de prevaricaci¨®n y cohecho de los jueces de primera instancia de Barcelona Carlos Lorenzo-Penalva Vega y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia. Tambi¨¦n se solicita el procesamiento de media docena de profesionales del Derecho implicados en el caso, aunque s¨®lo por cohecho. El fiscal reitera la petici¨®n de suspensi¨®n de empleo y sueldo para los dos jueces, que 14 meses despu¨¦s de descubierto el esc¨¢ndalo contin¨²an en sus cargos.

Seg¨²n informaron fuentes de la Fiscal¨ªa General del Estado, la querella y petici¨®n de procesamiento ha sido ampliada a la persona que denunci¨® el presunto fraude y que fue un ex empleado del despacho del abogado Luis Lorenzo-Penalva del que hab¨ªa sido despedido. Este antiguo empleado se encuentra procesado en alguno de los procedimientos judiciales que se siguen contra ¨¦l a instancias de su ex jefe.Al parecer, existen indicios suficientes para considerar que esta persona tambi¨¦n particip¨® en las actividades delictivas que denunci¨®. El letrado Luis Lorenzo-Penalva, contra el que tambi¨¦n va dirigida la querella, es hermano de uno de los jueces. En el informe de la Fiscal¨ªa del Estado, que ha sido elaborado por el teniente fiscal C¨¢ndido Conde Pumpido, ha pedido la pr¨¢ctica de numerosas diligencias para redondear la investigaci¨®n. Una de las personas contra las que en un principio se dirigi¨® la querella ha fallecido.

En julio de 1982 fueron detectadas presuntas irregularidades en la designaci¨®n de interventores, comisarios y depositarios en algunos procesos de suspensi¨®n de pagos y quiebras. Los titulares de los juzgados n¨²meros 2 y 6 de primera instancia de Barcelona, Garc¨ªa Lavernia y LorenzoPenalva, respectivamente, designaron en numerosas ocasiones al personal del gabinete jur¨ªdico de Luis Lorenzo-Penalva como depositarios, comisarios e interventores de las suspensiones de pago y quiebras.

Inicio de las investigaciones

Se iniciaron las investigaciones por parte de la Guardia Civil, la polic¨ªa y la secci¨®n disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.Cambio 16 public¨® por esas fechas que otro de los querellados, Pedro Truy¨¢s, presum¨ªa de tener influencia sobre el juez Garc¨ªa Lavernia y que formaba parte de una denominada banda de los cuatro que estaba integrada por el magistrado Lavernia, y dos amigos suyos, Fernando S¨¢nchez y Antonio Capmany. El grupo en ocasiones hab¨ªa exigido fuertes cantidades de dinero a litigantes a cambio de gestiones en el juzgado. El semanario aseguraba que el intercambio de favores qued¨® al descubierto cuando un abogado de Barcelona consigui¨® grabar en un cinta magnetof¨®nica la voz de Fernando S¨¢nchez pidiendo tres millones de pesetas a cambio de un dictamen con insolvencia profesional, en una suspensi¨®n de pagos. La cinta lleg¨® al presidente de la Audiencia Territorial y Fernando S¨¢nchez fue destituido como interventor Judicial, mientras que el juez Lavernia qued¨® al margen de las investigaciones.

En mayo de 1983, el fiscal general del Estado, a ra¨ªz de los informes remitidos por el Consejo General del Poder Judicial, interpuso querella contra los magistrados y otros seis profesionales del Derecho a los que acusaba de delito de cohecho. En la querella, el fiscal ped¨ªa el ingreso en prisi¨®n provisional de los dos jueces hasta que depositaran la fianza que la sala determinara.

Sin embargo, lejos de ingresar en prisi¨®n, los magistrados contin¨²an en sus cargos y la designaci¨®n de los interventores judiciales en las suspensiones de pagos y quiebras tampoco ha sufrido modificacioneq importantes, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al Consejo del Poder Judicial.

La querella mencionaba que los dos magistrados se pusieron de acuerdo con Luis Lorenzo-Penalva y Pedro Truy¨¢s "para proceder a nombrar a dichos querellados o a sus colaboradores de despacho Juan Magri, Fernando S¨¢nchez y Gloria Vi?als, como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensi¨®n de pagos o quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias que de tales nombramientos pudieran producirse".

El fiscal a?ad¨ªa que ambos magistrados recibieron, en junio y julio de 1982. ocho talones por un importe total de 9.377.468 pesetas. Estos talones, obtenidos a ra¨ªz de las irregulares designaciones de interventores, comisarios y depositarios, fueron ingresados en una cuenta del Banco de Santander.

La querella instaba a la investigaci¨®n de 13 suspensiones de pagos y siete quiebras. Entre las primeras figuraban las de Mundo Ediciones, Inmobiliaria Grupo Mundo, Hilaturas del Sureste, Esmaltes Pinturas Barnices SA y Electr¨®nica, Publitel y Construcciones Coronado. Entre las quiebras cabe destacar las de Juan Carlos Muntadas, Editorial Gass¨® Hermanos, Este Holding, SA, y Editorial Eco.