El Congreso inici¨® el debate sobre las incompatibilidades de los funcionarios

El reciente fallo del Tribunal Constitucional contra el proyecto de ley de incompatibilidades de los parlamentarios pes¨® ayer como una losa sobre el debate en comisi¨®n del Congreso de las incompatibilidades de los funcionarios p¨²blicos. Aunque nadie hizo referencia a aquella sentencia, la tramitaci¨®n del proyecto de ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administraci¨®n se prolong¨® m¨¢s de lo previsto, de manera un tanto artificial, haci¨¦ndose as¨ª imposible que el tema pueda entrar en el orden de? d¨ªa del Pleno que se celebrar¨¢ la semana pr¨®xima.La sesi¨®n de la Comisi¨®n de Administraciones P¨²blicas del Congreso de los Diputados, en la que ayer comenz¨® a debatirse el proyecto de ley de incompatibilidades de los funcionarios, consisti¨® en una interminable discusi¨®n en torno a enmiendas que muchas veces ten¨ªan un mero car¨¢cter t¨¦cnico y que fueron sucesivamente derrotadas por la mayor¨ªa socialista.

De acuerdo con fuentes de ambos grupos, la discusi¨®n del proyecto en sesi¨®n plenaria de? Congreso no se realizar¨¢ ya hasta el pr¨®ximo per¨ªodo de sesiones; para entonces se espera que el Gobierno haya enviado a las Cortes un proyecto de ley electoral donde se regulen, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, las incompatibilidades futuras para diputados y senadores. Ello, a?adieron estas fuentes, crear¨¢ el marco adecuado para que puedan debatirse las incompatibilidades de los funcionarios, debate que en la actualidad "ha resultado moralmente tocado" por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre incompatibilidades de parlamentarios. Como dec¨ªa la semana pasada el presidente de? Grupo Socialista, Javier S¨¢enz de Cosculluela, "mal puede pedirse que los diputados legislen sobre incompatibilidades de los funcionarios cuando ellos mismos (refiri¨¦ndose al Grupo Popular) no quieren aplicarse estas incompatibilidades".

El debate de ayer abarc¨® tan s¨®lo hasta el art¨ªculo 10 del proyecto, que regula las incompatibilidades de actividades privadas para los funcionarios p¨²blicos cuando estas actividades se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento donde estuviera destinado este funcionario. El Grupo Popular pidi¨® la supresi¨®n de este art¨ªculo.

El socialista Ciriaco de Vicente se opuso a esta pretensi¨®n se?alando que la no regulaci¨®n por v¨ªa espec¨ªfica de las actividades privadas de los funcionarios fomentar¨ªa trampas varias.

El otro gran foco de discusi¨®n se centr¨® en las prestaciones de la Seguridad Social, que seg¨²n el Grupo Popular deber¨ªan continuar pag¨¢ndose aun cuando una persona desempe?e temporalmente un puesto de trabajo en el sector p¨²blico. Ello llev¨® a un debate sobre la naturaleza de la propia Seguridad Social. Aunque los socialistas ev¨ªtaron en todo momento una confrontaci¨®n p¨²blica de car¨¢cterpol¨ªtico con los representantes de la oposici¨®n conservadora o nacionalista, privadamente acusaron al Grupo Popular de pretender concebir la Seguridad Social "m¨¢s como un r¨¦gimen de capitalizaci¨®n que como una prestaci¨®n del Estado".