La ley de Reforma Agraria andaluza, aprobada con el ¨²nico respaldo de los votos del PSOE

La ley de Reforma Agraria para Andaluc¨ªa, anunciada por el ex presidente Rafael Escuredo en mayo de 1983, qued¨® finalmente aprobada en la tarde del mi¨¦rcoles por el Parlamento de la comunidad aut¨®noma. Tras un largo debate pol¨ªtico, del que la calle se ha desinteresado, la ley ha salido adelante con el ¨²nico respaldo del PSOE, abrumadoramente mayoritario en Andaluc¨ªa al contar con 66 de los 109 parlamentarios. Sobre ella pesan, nada m¨¢s nacer, la amenaza de un probable recurso de inconstitucionalidad por parte de Alianza Popular y una campa?a de movilizaciones, anunciada por los comunistas en el mismo Pleno parlamentario.

La nueva ley fue anunciada por Rafael Escuredo en Ronda, en mayo del a?o pasado, en el curso de un acto andalucista. Su anuncio cogi¨®, de sorpresa al propio consejero de Agricultura, Miguel Manaute. A partir de entonces, un equipo de expertos dirigido por este ¨²ltimo redact¨® un primer anteproyecto, que fue hecho p¨²blico en octubre.La ley, no apoyada. por ning¨²n otro partido aparte del PSOE, aporta como principal novedad la creaci¨®n de un Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA), que funde en su seno las transferencias a la comunidad aut¨®noma del Icona e IRYDA, lo que le permite disponer de una importante bolsa de tierras de propiedad p¨²blica. Contempla la posibilidad de la expropiaci¨®n de uso, mediante el arrendamiento forzoso, y, muy matizadamente, de la propiedad de tierras manifiestamente mejorables, e incluye un curioso impuesto de infrautilizaci¨®n para tierras tambi¨¦n mal utilizadas, pero no hasta el grado de las que merezcan la expropiaci¨®n de uso o de dominio.

La propia redacci¨®n matizada de los supuestos expropiatorios, la escasez de fondos para ir a una profunda campa?a de expropiaciones, la dificultad t¨¦cnica de aplicaci¨®n del impuesto de infrautilizaci¨®n, cierto car¨¢cter productivista de la ley y la conciencia general de que el campo andaluz no sufre unos ¨ªndices de productividad tan bajos como en el pasado, sino que su problema principal es de mala comercializaci¨®n y, sobre todo, ausencia de otras alternativas para la excesiva oferta de mano de obra que recae sobre ¨¦l, ha hecho que desde el principio se viera esta ley como in¨²til en muchos sectores de la vida pol¨ªtica o econ¨®mica de Andaluc¨ªa.

Por un lado desenterraba la expresi¨®n reforma agraria, cargada de dramatismo social, y por otro lado traicionaba el significado hist¨®rico de la misma ("la tierra, para el que la trabaja"), considerado hoy como una utop¨ªa anacr¨®nica. Sus propios responsables no se recataron en anunciar desde el principio que no iba a crear nuevos puestos de trabajo en el campo andaluz, sino que a lo m¨¢s que se aspiraba era a mantener los existentes.

Intento de retirada

Con el proyecto de ley en marcha se produjo la salida del Gobierno de Rafael Escuredo, que en un determinado momento, y tras aparecer relacionado, por la construcci¨®n de su residencia particular, con la iniciativa privada que pretend¨ªa y pretende controlar en lo posible las inversiones de la Expo-92 y que presion¨® contra el nombramiento de Ricardo Bofill como comisario de la misma (Rafael Escuredo se opuso al nombramiento), se sinti¨® acosado por su propio partido e intent¨® retirar la ley, aludiendo que Madrid no enviaba las transferencias del IRYDA necesarias para la misma.El debate de estos d¨ªas se ha producido con las transferencias del IRYDA ya en poder del Gobierno aut¨®nomo y con m¨¢s fuertes ataques desde la izquierda del PSOE que desde la derecha. Los empresarios agr¨ªcolas andaluces sienten que la ley les coloca ante cierta indefensi¨®n jur¨ªdica, pero conf¨ªan en que no se pueda aplicar con rigor por falta de fondos para realizar las expropiaciones.