Algunos inculpados conocen ya la querella sobre la anterior gesti¨®n de Banca Catalana

La Audiencia Territorial de Barcelona trasladar¨¢ en las pr¨®ximas horas al domicilio de cada uno de los 25 ex consejeros de Banca Catalana el escrito de la querella por los presuntos delitos de falsedad y apropiaci¨®n indebida interpuesta por el ministerio fiscal y recientemente aceptada a tr¨¢mite por la propia Audiencia. Algunos de los inculpados conocen ya, sin embargo, el texto ¨ªntegro de la acusaci¨®n. Antes del env¨ªo del escrito, los instructores de la causa deber¨¢n resolver algunos de los problemas burocr¨¢ticos pendientes, entre los que se encuentra, al parecer, la contrataci¨®n del personal judicial subalterno encargado de entregar a los inculpados los sobres conteniendo la acusaci¨®n.

La precariedad de medios y la falta de personal son, por ahora, los principales escollos que se han visto obligados a soslayar los instructores de la causa. Los magistrados Ignacio de Lecea, Enrique Anglada y Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera y los fiscales Carlos Jim¨¦nez Villarejo y Jos¨¦ Mar¨ªa Mena se reunieron ayer en el despacho de la presidencia durante tres cuartos de hora para examinar y resolver algunos de estos problemas. La reuni¨®n, que se inici¨® a las 11.15 horas finaliz¨® a las doce. En el ¨ªnterin, la actividad judicial de la Secci¨®n Sexta de lo Penal, de la que es magistrado Enrique Anglada, y de la Secci¨®n Segunda de lo Civil, donde desempe?a las tareas de Lecea, qued¨® interrumpida.Al finalizar la sesi¨®n de trabajo, Rodr¨ªguez Aguilera inform¨® del car¨¢cter "no oficial" de la reuni¨®n y a?adi¨® que se hab¨ªa decidido habilitar la residencia oficial del presidente de la Audiencia Territorial como juzgado para instruir la querella. La medida ha sido calificada como de "urgencia", no tiene precedentes en la historia judicial de Catalu?a y es posible gracias a que el actual presidente de la Audiencia reside en su domicilio particular desde que tom¨® posesi¨®n de su cargo.

Una entrada discreta

El nuevo juzgado de instrucci¨®n es una lujosa y amplia vivienda de m¨¢s de 200 metros cuadrados, situada en el ¨²ltimo piso del viejo Palacio de Justicia. El piso, que sufri¨® algunas mejoras y reformas durante el mandato del anterior presidente, Antonio, G¨®mez Reino, tiene su entrada principal por la calle de Buenaventura Mu?oz, a espaldas de la puerta que habitualmente utilizan los profesionales del Derecho y el p¨²blico en general. Todas estas caracter¨ªsticas permitir¨¢n que los inculpados y los testigos que deban acceder al juzgado puedan hacerlo de manera discreta. Rodr¨ªguez Aguilera a?adi¨® que, en principio, s¨®lo se utilizar¨ªan tres de las habitaciones de la vivienda.Algunas fuentes aseguran que entre las posibilidades de ubicaci¨®n del juzgado se baraj¨® la de utilizar la biblioteca de la Presidencia de la Audiencia, donde habitualmente se celebran las conferencias de Prensa. Esta posibilidad tuvo que ser rechazada, al haberse destinado la dependencia para albergar el nuevo equipo de profesionales que se dedicar¨¢ a la traducci¨®n de textos jur¨ªdicos al catal¨¢n y que est¨¢ subvencionado por la Generalitat.

Resuelto ya el problema del local, los instructores de la causa se encuentran ante el dif¨ªcil problema de la contrataci¨®n del personal subalterno. Algunos de los contactos realizados por el secretario, que es el mismo de la Secci¨®n Primera de lo Civil, con los auxiliares, han fracasado. El problema de las vacaciones de verano y las exiguas bonificaciones econ¨®micas que percibir¨ªan ¨¦stos son algunas de las razones esgrimidas para rechazar la propuesta.

En los pasillos del Palacio de Justicia algunos funcionarios comentaban ayer con indignaci¨®n la propuesta de trabajo y explicaban que el oficial y el agente judicial encargados de la instrucci¨®n del sumario contra los dos magistrados acusados de cohecho se han visto obligados a desempe?ar, adem¨¢s, sus tareas habituales, recibiendo por el trabajo extra una asignaci¨®n que oscila entre las 10.000 y las 6.000 pesetas mensuales, cantidades que perciben con un retraso de medio a?o.

El presidente de la Audiencia Territorial no escondi¨® ayer estos problemas y asegur¨® que le preocupaba la falta de personal auxiliar -agentes y porteros- y que pensaba hacer una reclamaci¨®n formal al respecto. A?adi¨® que no hab¨ªa ninguna partida para atender los gastos econ¨®micos que pudieran derivarse de la instrucci¨®n de esta causa y esboz¨® una sonrisa cuando se le pregunt¨® qui¨¦n pagar¨ªa las horas extras de los funcionarios.

Mientras se solventaban algunos de estos problemas, la Audiencia Territorial de Barcelona cumpliment¨® un requisito m¨¢s de la instrucci¨®n de la querella de Banca Catalana, al hacer entrega al ministerio fiscal del auto de admisi¨®n de la acusaci¨®n. El documento fue entregado a las 12.30 horas al fiscal jefe, Alejandro Sanvicente, quien, a su vez, lo traslad¨® a los dos fiscales.

La pol¨¦mica jur¨ªdica

Como tel¨®n de fondo de todo este movimiento judicial se vislumbra la pol¨¦mica jur¨ªdica anunciada ayer por este diario en tomo a la pr¨¢ctica de pruebas documentales y la declaraci¨®n de los inculpados. Seg¨²n la ley de Enjuiciamiento Criminal, la declaraci¨®n de los inculpados antecede a la aportaci¨®n de pruebas documentales. Sin embargo, un sector de los letrados relacionados con el caso estar¨ªa interesado en aportar las pruebas documentales previamente, quiz¨¢ con la esperanza de poder obviar la declaraci¨®n de alg¨²n inculpado.En medios jur¨ªdicos se asegura que el juez instructor de una causa -en este caso, el pleno de la Audiencia Territorial- es quien debe tomar la decisi¨®n.