El Supremo deber¨¢ determinar a qu¨¦ jurisdicci¨®n corresponde el fraude de los certificados m¨¦dicos para eludir el servicio militar

El Tribunal Supremo deber¨¢ dictaminar si el proceso a los implicados en la falsificaci¨®n de certificados m¨¦dicos para eludir el servicio militar corresponde a la jurisdicci¨®n civil o a la militar, pues ambas contin¨²an reclamando la competencia para juzgar este caso. La jurisdicci¨®n militar ha denegado la petici¨®n que, mediante un auto, te remiti¨® el pasado 30 de junio el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona reclamando la competencia de las investigaciones del fraude del servicio militar. Hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre este conflicto de jurisdicciones, el caso seguir¨¢ paralizado.

De las investigaciones realizadas hasta la fecha se desprende que podr¨ªan haberse producido hasta unos 2.000 casos de falsificaci¨®n de certificados m¨¦dicos dictaminando inhabilitaci¨®n para realizar el servicio militar.Las pesquisas fueron iniciadas el pasado mes de marzo por una veintena de miembros del CESID (Centro Superior de Investigaci¨®n de la Defensa) y de la Guardia Civil adscrita a la Capitan¨ªa de la IV Regi¨®n Militar.

El fraude fue descubierto por casualidad cuando un oficial del Hospital Militar de Barcelona tuvo en sus manos los certificados m¨¦dicos de tres j¨®venes que aparec¨ªan como extendidos por la misma persona pero cada uno de ellos presentaba una firma diferente. En base a estas investigaciones, la jurisdicci¨®n militar abri¨® un sumario y dict¨® cuatro autos de procesamiento, decretando la prisi¨®n de los presuntos implicados.

La primera detenci¨®n se produjo en el mes de mayo. Carlos Fern¨¢ndez G¨®mez, un empleado de banca de Granollers, es el ¨²nico civil que se encuentra en prisi¨®n por su presunta implicaci¨®n en estos hechos. Los otros tres sospechosos que se encuentran encarcelados son el brigada Antonio Illescas y los soldados Ram¨®n G¨¹ell y Alejandro L¨¢zaro, que cumpl¨ªan el servicio militar en el Hospital Militar de Barcelona.

Paralelamente la jurisdicci¨®n civil abri¨® diligencias previas sobre el caso en espera de que la jurisdicci¨®n militar le facilitase informes de las pesquisas que realizan miembros del CESID y la Gruardia Civil, adscritos a la capitan¨ªa de Barcelona.

Doble cohecho

Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1, plante¨® la reclamaci¨®n del caso a la jurisdicci¨®n militar en base a un informe elaborado por el fiscal Jos¨¦ Mar¨ªa Mena. El informe contempla la comisi¨®n de un doble cohecho. El cometido por los civiles que pagan a los militares para conseguir la documentaci¨®n falsa y as¨ª librarse del servicio militar, y el que cometen los militares que aceptan estos cohechos.En ambos supuestos, seg¨²n el informe que realiz¨® el fiscal, se argumenta que el caso debe ser juzgado por la jurisdicci¨®n ordinaria, ya que est¨¢ implicado un civil, Carlos Fern¨¢ndez G¨®mez, cuya ayuda fue imprescindible para la comisi¨®n d¨¦ los delitos. La presencia de este civil es determinante para que el caso corresponda a la jurisdicci¨®n civil, aunque los hechos delictivos pertenezcan al ¨¢mbito militar.

El haber desestimado la jurisdicci¨®n militar esta reclamaci¨®n de competencia por parte de la jurisdicci¨®n ordinaria supone que el estamento militar sigue opinando que es competente en el caso. En los pr¨®ximos d¨ªas, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona, donde se han acumulado todas las causas sobre este fraude que inicialmente llevaban tambi¨¦n los juzgados 4 y 12, notificar¨¢ a las partes la nueva situaci¨®n y remitir¨¢ el caso al Tribunal Supremo, para que se pronuncie sobre qui¨¦n es competente en el asunto.