Espa?a y el Reino Unido negocian en secreto desde hace medio a?o la completa apertura de la verja de Gibraltar

Espa?a levantar¨¢ este mismo a?o las restricciones al tr¨¢fico a trav¨¦s de la verja de Gibraltar, si prosperan las negociaciones secretas que se llevan a cabo desde el pasado mes de abril con el Reino Unido para la aplicaci¨®n adelantada de la legislaci¨®n sobre tr¨¢nsito d¨¦ la Comunidad Econ¨®mica Europea (CEE). La propuesta parti¨® de Londres, pero el Gobierno espa?ol la consider¨® insuficiente, porque la mera aplicaci¨®n de dicha legislaci¨®n no garantiza en la pr¨¢ctica la igualdad de derechos de los espa?oles en el Pe?¨®n, contrapartida imprescindible para el levantamiento de las actuales restricciones. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Mor¨¢n, esboz¨® una contrapropuesta que est¨¢ siendo estudiada en la capital brit¨¢nica.

Mor¨¢n y su colega ingl¨¦s, sir Geoffrey Howe, volver¨¢n a discutir el asunto a finales de este mes de septiembre, con motivo de su encuentro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Si existiera acuerdo, Madrid querr¨ªa presentarlo adem¨¢s como la revitalizaci¨®n de la famosa Declaraci¨®n de Lisboa, bloqueada desde 1982.Fuentes espa?olas califican de positiva la evoluci¨®n de las relaciones con el Reino Unido en los ¨²ltimos meses, tras el fuerte deterioro que sufrieron debido a la guerra de las Malvinas y a la tensa entrevista que mantuvieron el 16 de marzo de 1983, en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher y Fernando Mor¨¢n. La pr¨®xima incorporaci¨®n de Espa?a a la CEE ha introducido un nuevo elemento y ha llevado a ambos gobiernos a una actitud menos crispada.

Londres estima que Espa?a, al convertirse en miembro de la CEE, est¨¢ obligada a levantar las restricciones. De hecho, el tratado de adhesi¨®n obligar¨¢ a restablecer las comunicaciones con Gibraltar el mismo d¨ªa de su entrada en vigor, es decir (si todo va bien), el 1 de enero de 1986. Madrid -asegura Londres-no obtendr¨¢ a cambio la equiparaci¨®n pr¨¢ctica de los derechos, ya que seguramente deber¨¢ aceptar un per¨ªodo de siete a diez a?os antes de que los trabajadores por cuenta ajena puedan circular libremente por el territorio comunitario, el Pe?¨®n incluido.

Sin temor al veto

Sin embargo, el Gobierno brit¨¢nico desear¨ªa un acuerdo bilateral mucho m¨¢s temprano, para evitar un ¨¢spero debate en su propio Parlamento. La C¨¢mara de los Comunes deber¨¢ ratificar el tratado de adhesi¨®n de Espa?a a lo largo de 1985, cuando Espa?a no estar¨ªa a¨²n obligada a restablecer las comunicaciones. Algunos grupos brit¨¢nicos -que en ocasiones encuentran eco en el propio Gobierno- mantienen la idea de que los, Comunes no ratificar¨¢ri dicho tratado si no existe un previd levantamiento de las restricciones.

El Gobierno espa?ol, por su parte, considera muy improbable que las amenazas -insinuadas en alg¨²n momento a alto nivel- se traduzcan en un veto formal, por la crisis bilateral que ello supondr¨ªa y por las repercusiones que tendr¨ªa en los otros pa¨ªses comunitarios e incluso en la OTAN. Adem¨¢s, Madrid resiste las presiones brit¨¢nicas para una aplicaci¨®n adelantada pura y simple no s¨®lo porque no cree en el veto, sino tambi¨¦n porque estima que el Tratado de Utrech -por el que el Reino Unido ocup¨® Gibraltar- y la legislaci¨®n comunitaria le permiten esgriniir otras cartas en relaci¨®n al Pe?¨®n, sobre todo sobre el actual uso del istmo entre la roca y La L¨ªnea.

Sin embargo, el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez considera positiva y razonable la idea de llegar a un acuerdo bilateral con el Reino Unido antes de la firma de la adhesi¨®n a la CEE, y valora positivamente las conversaciones abiertas en este sentido. La contrapropuesta espa?ola puede haber sido, muy probablemente, la siguiente: supresi¨®n del per¨ªodo transitorio que se establezca para la libre circulaci¨®n de la mano de obra espa?ola en Gibraltar y modificaci¨®n de determinados aspectos de la legislaci¨®n gibraltare?a que dificultar¨ªan enormemente en la pr¨¢ctica dicha circulaci¨®n.

Adem¨¢s, el levantamiento de las restricciones deber¨ªa coincidir con un acto de car¨¢cter pol¨ªtico en el que Espa?a y el Reino Unido volvieran al punto de partida que supuso la Declaraci¨®n de Lisboa, firmada por Marcelino Oreja y lord Carrington el. 10 de abril de 1980, y en la que se estipulaba que ambos Gobiernos ?iniciar¨ªan negociaciones "a fin de solucionar todas sus diferencias sobre Gibraltar". En ese todas se ?incluye el problema de la soberan¨ªa.

Por supuesto, se recuerda que la misma declaraci¨®n asegura que "el Gobierno brit¨¢ir¨ªleo mantendr¨¢ plenamente su compromiso de respetar los deseos, libre y democr¨¢ticamente: expresados, de la poblaci¨®n de Gibraltar, tal y como se hallan recogidos en el pre¨¢mbulo de la Constituci¨®n de Gibraltar". En la pr¨¢ctica se tratar¨ªa de dar nueva, vida a un texto que Londres parece ahora ignorar y que abri¨® una v¨ªa -larga y complicadapara la discusi¨®n del problema de Gibraltar en todos sus aspectos.