El presidente de Kelvinator obstaculiza el acuerdo para la creaci¨®n de una sociedad laboral

Las ¨²ltimas condiciones impuestas por el presidente de Kelvinator, Jaime Olaz¨¢bal, han impedido la constituci¨®n de un ¨®rgano gestor, tutelado por la Comunidad de Madrid, como paso previo a la creaci¨®n de una sociedad laboral, gestionada por los trabajadores. El incumplimiento del compromiso adquirido para la cesi¨®n gratuita de las acciones por el presidente de CARSA-Kelvinator cierra las v¨ªas -seg¨²n el comit¨¦ y fuentes de la propia comunidad aut¨®noma- a la continuidad de la empresa y al mantenimiento de unos 400 puestos de trabajo. Los representantes de los trabajadores han anunciado que continuar¨¢n con las medidas de presi¨®n porque se sienten "burlados".

El estudio McKinsey, base para la reestructuraci¨®n del sector de electrodom¨¦sticos de l¨ªnea blanca establec¨ªa escasas posibilidades para la viabilidad de Constructora de Aparatos de Refrigeraci¨®n, SA (CARSA), fabricante de los frigor¨ªficos Kelvinator, cuya factor¨ªa est¨¢ en Getafe (Madrid). El Ministerio de Industria decidi¨® en diciembre de 1983 la imposibilidad del reflotamiento de una empresa con un d¨¦ficit de 4.000 millones de pesetas y cuyo mercado interno se hab¨ªa reducido dr¨¢sticamente.Frente a las previsiones oficiales, los trabajadores argumentaron la viabilidad de Kelvinator en base a la tecnolog¨ªa no-frost (fr¨ªo sin escarcha, producido por aire) sin competencia en Europa, y que es un sistema predominante en Estados Unidos y Jap¨®n. Esta l¨ªnea de producci¨®n, en su opini¨®n, garantizaba a la empresa una fuerte capacidad exportadora, as¨ª como la recuperaci¨®n del mercado interrio.

El plan de la parte social aseguraba que la empresa podr¨ªa ser v¨ªable con inversiones por valor de 600 millones de pesetas, una vez redimensionada la plantilla y condonadas las deudas contra¨ªdas con Hacienda y Seguridad Social. De esta manera, Kelvinator podr¨ªa convertirse en la cuarta planta de frigor¨ªficos prevista en el plan de reconversi¨®n, con una fabricaci¨®n anual de unos 120.000 aparatos.

Una vez descartada la reestructurac¨ª¨®n de Kelvinator dentro del plan de reconversi¨®n del sector los trabajadores iniciaron negociaciones con la Comunidad de Madrid y la empresa. A finales de marzo, la propiedad de la sociedad dio su conformidad por escrito para la cesi¨®n al precio simb¨®lico de una peseta de la totalidad de las acciones. A cambio, la comunidad, aut¨®noma deb¨ªa hacerse cargo del activo y del pasivo de la sociedad y asumir los 200 millones de pesetas de deudas que est¨¢n avalados por los accionistas.

El proyecto consist¨ªa en que la sociedad pasar¨ªa a estar gestionada por un administrador ¨²nico nombrado por la comunidad hasta el 28 de febrero de 1985. En este per¨ªodo se establecer¨ªa un plan de viabilidad de la factor¨ªa que posibilitar¨ªa la constituci¨®n de una sociedad an¨®nima laboral. La plantilla futura de la cooperativa oscilar¨ªa entre 350 y 500 trabajadores.

Si en la fecha l¨ªmite fijada la Comunidad de Madrid no ejercitase la opci¨®n de compra de las acciones, la gesti¨®n de CARSA ser¨ªa devuelta a sus accionistas, "sin que se haya reducido su saldo neto patrimonial", seg¨²n el documento sometido a las partes para su firma el pasado 26 de julio.

Crisis financiera

El contrato no pudo ser finalmente suscrito ante las exigencias de Jaime Olaz¨¢bal, presidente de CARSA, que en el ¨²ltimo momento puso como condici¨®n imprescindible que el documento que garantizaba la continuidad de la f¨¢brica fuese previamente aprobado por la Comisi¨®n Ejecutiva para el Plan de Reconversi¨®n del sector de electrodom¨¦sticos de l¨ªnea blanca. Obviamente, la comisi¨®n se declar¨® incompetente sobre un proyecto industrial al margen de su competencia. Fuentes de la Consejer¨ªa de Trabajo, Industria y Comercio de Madrid han declarado que se trata de "una cl¨¢usula de imposible cumplimiento, y el empresario lo sabe".Miembros del comit¨¦ de empresa declararon que el fracaso de las negociaciones, cuando parec¨ªan ya ultimadas, obedece a un intento de los empresarios de optar por la subasta de los bienes de la empresa, "ya que ¨¦sta parece ser la ¨²nica salida a la situaci¨®n de suspensi¨®n de pagos y a la grave crisis financiera". De esta forma, "la empresa podr¨ªa pasar, a bajo precio, a manos de personas pr¨®ximas a la familia Olaz¨¢bal", actual propietaria de Kelvinator, junto a las sociedades Castillo de Santa Clara y Saol.

La negativa se produce, adem¨¢s, una vez firmadas las bajas indemnizadas previstas en el decreto de reestructuraci¨®n, el pasado 30 de mayo. Los trabajadores se acogieron a los beneficios de indemnizaci¨®n y acceso a los fondos de promoci¨®n de empleo "para tener posibilidades de capitalizaci¨®n de la sociedad laboral, aunque nuestro objetivo era y es el matenimiento de los puestos de trabajo". Las bajas fueron firmadas por los 797 trabajadores de la plantilla, aunque 430 personas en junio y 341 en julio continuaron atendiendo las cadenas de montaje y dando salida a las existencias.

Kelvinator se encuentra en suspensi¨®n de pagos desde febrero de 1980, fecha en que declar¨® un pasivo de 2.660 millones de pesetas. De tales deudas, 1.200 millones correspond¨ªan a proveedores, 600 millones a Hacienda, 400 a bancos, 330 a Seguridad Social y 130 millones a los trabajadores, en concepto de salarios devengados.

Los trabajadores de Kelvinator han protagonizado una larga conflicitividad en defensa de sus puestos de trabajo, que tuvo su m¨¢xima expresi¨®n en la huelga general de solidaridad que paraliz¨® Getafe el 18 de mayo de 1982. La empresa contaba en 1981 con 2.100 trabajadores. Tres a?os despu¨¦s, la empresa est¨¢ libre de plantilla, despu¨¦s de las sucesivas.

El ministro de Industria y Energ¨ªa, Carlos Solchaga, declar¨® en enero de 1982 que la direcci¨®n hab¨ªa utilizado indebidamente fondos estatales. Kelvinator, integrada en el grupo Selesa para la reconversi¨®n del sector, hab¨ªa recibido 1.133 millones de pesetas a fondo perdido para su reestructuraci¨®n.

Este dinero, concedido en base al decreto para la reconversi¨®n del sector, elaborado por el Gobierno de UCD en junio de 1981, fue al parecer utilizado en descargar la plantilla de 600 trabajadores. A estas reducciones siguieron otras, hasta que en septiembre de 1983, con bajas indemnizadas, la plantilla pas¨® de 1.196 a 797 trabajadores. Actualmente, la empresa adeuda 174 millones en salarios.