La defensa de Ruiz-Mateos insiste en plantear la inconstitucionalidad de la expropiaci¨®n

En el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 18 de Madrid tuvo lugar ayer la continuaci¨®n ole la vista oral del interdicto presentado por los hermanos Ruiz-Mateos pa¨ª a la recuperaci¨®n de los bienes, acciones y documentos de las empresas del grupo Rumasa expropiadas por el Estado el 23 de febrero de 1983. La primera sesi¨®n del interdicto se celebr¨® el 18 de junio pasado, fecha en que el juez Jos¨¦ Mar¨ªa Gil S¨¢ez orden¨® que continuase ayer, para dar tiempo a la aportaci¨®n de las pruebas pedidas por la defensa.

Por parte de ¨¦sta intervino como primer ponente, el catedr¨¢tico Jorge Carreras, quien trat¨® de demostrar que en la fecha de la expropiaci¨®n las acciones y t¨ªtulos de propiedad de Rumasa "estaban pose¨ªdas pac¨ªficamente por los hermanos Ruiz-Mateos".Seg¨²n otra de las pruebais solicitadas, el 23 de febrero de 1983 "se inici¨® un acto de fuerza a consecuencia del llamado pulso entre Migu¨¦l Boyer y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos. La actuaci¨®n administrativa ha sido una v¨ªa de hecho, por lo que procede el interdicto para la recuperaci¨®n de las acciones y t¨ªtulos, seg¨²n el art¨ªculo 125 de la ley de Expropiaci¨®n Forzosa". Subray¨® el ponente la necesidad de plantear la cuesti¨®n de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Jorge Carreras solicit¨® que se acoja la demanda interdictal.

Crisp¨ªn de Vicente, en una emotiva intervenci¨®n, se?al¨® que en la expropiaci¨®n hubo "un acto flagrante de despojo. La Administraci¨®n no ha respetado la Constituci¨®n ni el ordenamiento jur¨ªdico vigente".

El ponente solicit¨® al juez que plantee cuesti¨®n de inconstitucionalidad del real decreto-ley, ampliado por la posterior ley de Expropiaci¨®n, y dicte sentencia condenatoria para el Estado por la que se reponga a sus clientes en la posesi¨®n de sus acciones y se les indemnice por da?o! y perjuicios.

Los argumentos de los interdictos presentados por los actuales abogados de Ruiz-Mateos estan basados, en lo sustancial, en los preparados por el anterior equipo de abogados del financiero, dirigido por Mat¨ªas Cort¨¦s.

El abogado del Estado, Juan Segura, se opuso a los argumentos de la defensa de Ru¨ªz-Mateos solicitando una sentencia absolutoria para la Administraci¨®n.

El juez ha concedido a las partes un per¨ªodo de 10 d¨ªas para que aleguen lo que crean oportuno sobre la cuesti¨®n de inconstitucionalidad. Posteriormente, en el plazo de tres d¨ªas, decidir¨¢ si plantea el caso al Tribunal Constitucional, con lo que quedar¨ªa pospuesta la sentencia interdictal. En caso negativo, la sentencia se dictar¨ªa en cinco d¨ªas.