Los derechos de los usuarios

LA HUELGA de los t¨¦cnicos de mantenimiento de Iberia, que amenaza con colapsar de nuevo los aeropuertos espa?oles, y las serias anomal¨ªas producidas en el transporte escolar en Madrid, Extremadura, Cantabria y Canarias a resultas del cierre patronal ordenado por dos asociaciones empresariales est¨¢n exacerbando las molestias que los usuarios de los servicios colectivos de transporte padecen habitualmente en nuestro pa¨ªs. Nuestra Constituci¨®n reconoce "el derecho de huelga de los trabajadores" (art¨ªculo 28) y tambi¨¦n "el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo" (art¨ªculo 37). Sin embargo, tales derechos no son ilimitados, y en ambos casos nuestra norma fundamental conf¨ªa a las leyes reguladoras de su ejercicio el establecimiento de "las garant¨ªas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".La postergaci¨®n a lo largo de seis a?os de la norma legislativa destinada a dar cumplimiento a ese mandato ha creado una inc¨®moda tierra de nadie sobre la que opera, de forma discrecional, una Administraci¨®n dotada de instrumentos preconstitucionales. La consecuencia es que la acci¨®n del Ejecutivo oscila entre la arbitrariedad represiva (ejemplificada en la memorable propuesta del ministro de Transportes para que el fiscal general del Estado pidiera el procesamiento por sedici¨®n de los huelguistas del Metro madrile?o) y el abstencionismo (tal y como ocurri¨® durante un mes con la huelga de los pilotos de Iberia). Anoche, el Gobierno se decidi¨® por fin a actuar y orden¨® a Iberia, a trav¨¦s de la Direcci¨®n General de Aviaci¨®n Civil, que contrate con las compa?¨ªas Aviaco y Spantax los vuelos que no pueda realizar por el paro.

En la jornada de ayer, la huelga salvaje (tomando la expresi¨®n en su sentido estricto y tambi¨¦n metaf¨®rico) de los t¨¦cnicos de mantenimiento de Iberia ha colapsa do varios aeropuertos (entre ellos Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela y Asturias), ha obligado a suspender cerca de 200 vuelos y ha retrasado una parte de los restantes servicios. Desde el punto de vista de los usuarios -acostumbrados a ser tratados por Iberia peor que las maletas-, la plataforma reivindicativa de los t¨¦cnicos de mantenimiento, que justifica su plante con peticiones relacionadas con la reclasificaci¨®n de categor¨ªas laborales y la formaci¨®n profesional, resulta casi incomprensible y apenas cre¨ªble. Porque no parece que esa huelga -cuyas grav¨ªsimas repercusiones para el servicio p¨²blico, para la situaci¨®n financiera de la compa?¨ªa y para los puestos de trabajo de los propios promotores del plante ilegal resultan desproporcionadas con los motivos aducidos- pueda ser explicada sin recurrir a otras claves. En cualquier caso, esta nueva paralizaci¨®n de nuestra compa?¨ªa de bandera y de nuestros principales aeropuertos, producida apenas dos meses despu¨¦s de que un laudo de obligado cumplimiento tuviera que poner fin al plante de los pilotos, muestra que la direcci¨®n de Iberia no s¨®lo es incapaz de frenar la sangr¨ªa de p¨¦rdidas de la empresa, sino que adem¨¢s brilla por su incompetencia para prever e impedir conflictos y para buscar soluciones alternativas.

Mientras todo esto ocurr¨ªa en el aire, en tierra el transporte escolar de cuatro importantes zonas espa?olas est¨¢ siendo perturbado seriamente por un lock-out (cierre patronal) que afecta a unos 40.000 ni?os de preescolar y de Ense?anza General B¨¢sica. Los dirigentes de la Asociaci¨®n General de la Peque?a y Mediana Empresa de Autocares Discrecionales (AGAPYMET) y de la Asociaci¨®n Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) han sido tambi¨¦n incapaces de transmitir ante la opini¨®n p¨²blica una m¨ªnima verosimilitad acerca de lo fundamentado de sus pretensiones. Decir que se acata formalmente las normas de seguridad en los transportes para incumplirlas, a rengl¨®n seguido roza casi con el cinismo. Las normas han sido dictadas despu¨¦s de que se ha comprobado que el mal estado de los autobuses es frecuente causa de accidentes con v¨ªctimas mortales en este pa¨ªs, y de lo que se trata es de proteger las vidas y la integridad f¨ªsica de los escolares. En algunas comunidades aut¨®nomas las autoridades han cedido al chantaje de los transportistas y han lado un nuevo plazo a fin de que realicen unas reformas para cuya materializaci¨®n hab¨ªan dispuesto ya de todo un a?o. Es de temer que ese margen de gracia temporal sea abusivamente utilizado para eternizar una situaci¨®n irregular que juega con la seguridad de los ni?os. ?Ser¨¢ preciso aguardar a que alg¨²n autob¨²s escolar tenga un accidente, al estilo de los ocurridos en a?os anterieres, para que los transportistas cumplan las normas de seguridad? ?Y no encontrar¨¢n en este conflicto los cr¨ªticos de la asignaci¨®n por barrios de los centros escolares, criterio que permitir¨ªa reducir el n¨²mero de ni?os-viajeros, algunas ense?anzas que les ayuden a rectificar sus puntos de vista?

La utilizaci¨®n de procedimientos coactivos de corte mafioso para impedir la circulaci¨®n de los autobuses escolares que no se hab¨ªan sumado al lock-out exige, por otra parte, una inmediata reacci¨®n de las autoridades a fin de cortar esas pr¨¢cticas dignas del Chicago de los a?os veinte. La petici¨®n por parte de los empresarios de un plazo para ponerse al d¨ªa en sus obligaciones despu¨¦s de haber permanecido durante un a?o de brazos cruzados no puede beneficiarse de presunci¨®n alguna de buena fe y obliga al Gobierno a plantearse una alternativa global para la organizaci¨®n del transporte escolar. Por que tampoco el Ejecutivo puede cruzarse de brazos, jugando con la falsa imagen de que se trata de una manifestaci¨®n de conflictividad social normal, ante el lamentable espect¨¢culo de unos plantes corporativos que conculcan el esp¨ªritu del mandato constitucional referido a las "garant¨ªas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad" en caso de huelgas y conflictos colectivos.