Los delitos contra la propiedad aumentaron un 15% en 1983, seg¨²n la Fiscal¨ªa General del Estado

La delincuencia aument¨® considerablemente en 1983, mientras que se produjo una "evidente desaceleraci¨®n" del incremento de sentencias dictadas por los juzgados de instrucci¨®n, a pesar de la creaci¨®n de muchos de ellos a lo largo del a?o, seg¨²n la Memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado. Dicha Memoria ser¨¢ elevada oficialmente por el titular de esta instituci¨®n, Luis Antonio Bur¨®n, en el acto de apertura solemne de los tribunales, que se celebrar¨¢ hoy, presidido por el Rey. En n¨²meros redondos, el mayor volumen de causas en materia penal fueron las 650.000 registradas por delitos contra la propiedad, que significa un incremento de 100.000 sobre las del a?o anterior, esto es, el 15,38% de aumento respecto a 1982.

El n¨²mero de procedimientos penales iniciados en 1983 super¨® el mill¨®n (fueron exactamente 1.063.244), de las que un 65% correspondieron a delitos contra la propiedad. Dos terceras partes de las aproximadamente 650.000 causas por estos delitos se refieren a hechos violentos contra el patrimonio, y asimismo se incrementaron tambi¨¦n los hurtos, sustracciones de veh¨ªculos, defraudaciones, expedici¨®n de cheques en descubierto y da?os, entre otros.Seg¨²n la Memoria, estas cifras "parecen justificar ese generalizado ambiente social de inseguridad que se trasluce en comentarios e informaciones".

La Memoria valora tambi¨¦n el hecho de la disminuci¨®n de los sumarios ordinarios (1.418 menos que en 1982, esto es, un 15,6% de reducci¨®n) y del aumento de los de urgencia (1.353 m¨¢s que en 1982, es decir, un 4,6% de incremento) y llega a la conclusi¨®n de que "el crecimiento de la delincuencia se produce en el terreno de los delitos menores, mientras disminuyen los graves y crecen s¨®lo vegetativamente los menos graves".

Tras la elevada cifra de 650.000 causas por delitos contra la propiedad, en 1983 se registraron m¨¢s de 42.000 por hechos contra la vida o la integridad f¨ªsica de las personas (de ellas, unas 1.000 por muerte y el resto por lesiones); unas 25.000 por infracciones relacionadas con el tr¨¢fico de autom¨®viles; 21.200 por violaci¨®n del derecho a la libertad y seguridad; m¨¢s de 12.500 por delitos contra la seguridad del Estado, sin incluir las 6.955 causas por hechos de este car¨¢cter de los que conoci¨® la Audiencia Nacional, por atribuirse a bandas organizadas y armadas; m¨¢s de 8.500 por delitos relativos al tr¨¢fico de drogas, estupefacientes y psicotr¨®picos, y m¨¢s de 5.200 por delitos contra la libertad sexual. La mayor parte de estos tipos delictivos se mantuvo en cifras aproximadamente similares a las de 1982.

Pocas sentencias

La Memoria de la Fiscal¨ªa analiza la actividad sentenciadora de los ¨®rganos judiciales. Respecto a los juzgados de instrucci¨®n, llega a la conclusi¨®n de que durante 1983 "se produjo una evidente desaceleraci¨®n de dicho aumento". Si en 1982 el incremento fue de 5.395 sentencias respecto a 1981, lo que supuso un 10,5% de aumento, en 1983 el incremento fue de 339, que significa s¨®lo el 0,6% sobre la cifra de 1982. Para la Fiscal¨ªa General del Estado, este resultado es "tanto m¨¢s pesimista, cuanto que la creaci¨®n de numerosos juzgados nuevos debiera reflejarse en el aumento total de los procesos resueltos por esa jurisdicci¨®n".En las Audiencias se pronunciaron un total de 21.744 sentencias (de ellas 17.621 en sumarios de urgencia y 4.123 en sumarios ordinarios), que significan 656 m¨¢s que en 1982. La opini¨®n de la Fiscal¨ªa es que esta cifra es tambi¨¦n "insuficiente en relaci¨®n a la exigencia de aminorar el atraso acumulado.

La Memoria refleja el total de 1.420.495 dict¨¢menes e intervenciones del ministerio fiscal en 1983. Recoge tambi¨¦n la estad¨ªstica terrorista de 1983, similar a la de 1982. El n¨²mero de acciones fue de 384, con un total de 44 muertos, 79 heridos y 79 secuestros.

La Memoria recoge tambi¨¦n, entre otras, la respuesta de la Fiscal¨ªa General del Estado a la consulta que le formularon los fiscales en relaci¨®n con el alcance de la ley de Asistencia Letrada al detenido y preso en los casos de incomunicaci¨®n.

La respuesta fue que el detenido o preso incomunicado legalmente "conserva su derecho de asistencia letrada, pero ¨¦sta s¨®lo puede ser prestada en los t¨¦rminos de presencia a la declaraci¨®n, asistencia a reconocimientos y exigencia de que se cumplan y respeten los derechos de su asistido, de forma que no se rompa la incomunicaci¨®n ni se establezca relaci¨®n personal y directa entre letrado y asistido".