El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas se desentiende de los juicios contra las tres juntas militares

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas ha decidido desentenderse de los juicios contra las tres primeras juntas militares por presunta violaci¨®n de los derechos humanos. En la tarde de ayer (madrugada de hoy en Espa?a) se esperaba que el m¨¢ximo tribunal castrense, agotados sus plazos legales, informara a la C¨¢maira Federal -Tribunal Supremo argentino- de su imposibilidad de dictar sentencia por falta de pruebas fehacientes. Se espera que la justicia militar, en su argumentaci¨®n inhibitoria, replique directamente las consideraciones del informe S¨¢bato, sobre desaparici¨®n de personas.

El 13 de diciembre del a?o pasado el presidente Alfons¨ªn decretaba el procesamiento de las tres primeras juntas por "homicidio, privaci¨®n ileg¨ªtima de la libertad y aplicaci¨®n de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los dem¨¢s delitos de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o c¨®mplices". La causa abierta inclu¨ªa a los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri, los almirantes Massera, Lambruschini y ?naya y los brigadieres del Aire Agosti, Graffigna y Lami Dozo. Posteriormente se incluy¨® en la causa al general Ram¨®n Camps, ex jefe de la polic¨ªa de Buenos Aires, luego que ¨¦ste se responsabilizara en unas declaraciones al semanario espa?ol Tiempo de la desaparici¨®n de miles de personas.Una vez aprobada la reforma del C¨®digo d¨¦ Justicia Militar, que hace apelables ante la justicia ordinaria las sentencias c¨¢strenses, la C¨¢mara Federal otorg¨® al Consejo Supremo un plazo de 180 d¨ªas, para sentenciar; en julio se concedi¨® un lapso adicional de 90 d¨ªas, y ulteriormente aplazamientos por 30 d¨ªas, el ¨²ltimo de los cuales expiraba ayer.

La justicia militar aducir¨ªa en su descargo que en los casos en que se han encontrado evidencias firmes de culpabilidad, como en los casos del general Videla y del almirante Massera, el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas decret¨® la prisi¨®n rigurosa de ambos en espera de juicio, pero que una sentencia global sobre las tres juntas procesadas resulta a¨²n imposible. Si as¨ª son las cosas se habr¨¢ perdi do definitivamente la esperanza, albergada por los radicales, de que los propios militares entregaran simb¨®licamente las cabezas de los principales protagonistas de la represi¨®n como gesto de buena voluntad hacia la democracia que permitiera a la sociedad civil ser clemente con miles de uniformados comprometidos en la guerra sucia contra la subversi¨®n.

Entregada la causa a la C¨¢mara Federal, ser¨¢ la justicia ordinaria la que tenga que v¨¦rselas con un juicio arriscado que envenenar¨¢ a¨²n m¨¢s si cabe: la relaci¨®n entre las fuerzas armadas y el poder civil. La inhibici¨®n de la justicia castrense coincide, adem¨¢s, con la pol¨¦mica sobre la no publicaci¨®n de los nombres de los supuestos genocidas -m¨¢s de 3.000- detectados por el informe S¨¢bato. Uno de los miembros de la comisi¨®n que investig¨® la desaparici¨®n de personas ha asegurado que cuando menos, la n¨®mina de los torturadores militares acabar¨¢ siendo expuesta al p¨²blico, al tiempo que aseguraba que desde el holocausto promovido por los nazis la humanidad no hab¨ªa conocido otro horror como el de Argentina,

Carlos Alconda Aramburu, ministro de Educaci¨®n, ha reconocido como inevitable que muchos de los cr¨ªmenes cometidos durante los siete a?os de dictadura militar queden impunes por la dificultad de acumular suficientes pruebas jur¨ªdicas. Y el presidente de la Conf'erencia Episcopal Argentina ha extra¨ªdo, a la Iglesia cat¨®lica de la pol¨¦mica anunciando que los obispos no emitir¨¢n su opini¨®n sobre el informe S¨¢bato y que hay que dejar que hable la justicia.

Por lo dem¨¢s, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha entrado en la recta final del procesamiento de la pen¨²ltima Junta Militar por la p¨¦rdida de la guerra de las Malvinas; ha trascendido la intenci¨®n de juicio del Consejo de degradar al almirante Anaya y al brigadier Lami Dozo y condenar a reclusi¨®n perpetua al alcoh¨®lico teniente general Galtieri.

El caso, es que las madres de plaza de Mayo y los jueces militares -sin pretender establecer la m¨ªnima identidad de objetivos- han coincidido en su criterio respecto al enjuiciamiento del terror de la dictadura: que sean exclusivamente los jueces civiles los que encausen a los militares. Del Gobierno, radical de Alfons¨ªn se podr¨¢ escribir todo menos que ha encontrado alguna colaboraci¨®n o apoyo en su camino.