Los jueces militares de Argentina denigran a los desaparecidos

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentinas anunci¨® el martes a la C¨¢mara Federal de Apelaciones su imposibilidad de dictar sentencia contra las tres primeras juntas militares que gobernaron el pa¨ªs entre 1976 y 1982 dentro de los plazos legales establecidos. En un extenso documento, los jueces militares califican de "inobjetables" las ¨®rdenes dictadas por la dictadura para ahogar la subversi¨®n y desparraman una teor¨ªa de sospechas sobre los desaparecidos, sus familiares y amigos.El Consejo Supremo no s¨®lo se ha negado a juzgar a sus pares, sino que indirectamente ha juzgado a las v¨ªctimas de la represi¨®n y a quienes denunciaron la violaci¨®n de los derechos humanos por las juntas militares. Los argentinos a¨²n no han salido de su asombro.

El tribunal castrense estima que las ¨®rdenes y decretos instru¨ªdos para acabar con la subversi¨®n fueron inobjetables y que los mandos militares s¨®lo podr¨ªan ser acusados, en el peor de los casos, de responsabilidad indirecta por falta de control para evitar los posibles excesos denunciados". El Consejo se?ala adem¨¢s que "el delito de privaci¨®n ileg¨ªtima de la libertad requiere que la detenci¨®n efectuada por la autoridad con facultades para detener recaiga en persona que no haya infringido ninguna norma penal, porque, de haberlo hecho, es obvio, la restricci¨®n de su libertad no ser¨ªa ileg¨ªtima". Los jueces, militares estiman que, a tenor de los autos policiales, los desaparecidos resultaban presuntos responsables de graves delitos, y que las denuncias personales contra la dictadura militar est¨¢n formuladas por parientes de desaparecidos o personas implicadas en la subversi¨®n.

La C¨¢mara Federal de Apelaciones ha pedido r¨¢pidamente al Consejo Supremo todas las causas que tramita por violaci¨®n de derechos humanos. Aun cuando el requerimiento s¨®lo lo es a efectos de informaci¨®n, se da por inevitable que la justicia civil proceda hacia mediados de octubre a instruir los sumarios contra los militares comprometidos en la guerra sucia.

"No quieren condenar a nadie", es el comentario de Hebbe de Bonacini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. La ¨²nica reacci¨®n oficial ha sido la del ministro del Interior, Antonio Proccoli: "Este episodio no cierra el caso, sino que el mismo pasa a la justicia civil", precis¨®.