El Tribunal Constitucional volver¨¢ a decidir sobre la expropiaci¨®¨®n de Rumasa

El Tribunal Constitucional tendr¨¢ que analizar las razones de fondo de la expropiaci¨®n de Rumasa por el Gobierno socialista y decidir sobre la legalidad de la misma. Un auto, que no admite recurso, dictado ayer por Jos¨¦ Mar¨ªa Gil S¨¢ez, titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 18 de Madrid, envi¨® la expropiaci¨®n de Rumasa al alto tribunal. Esta decisi¨®n reabre nuevamente los interrogantes jur¨ªdicos sobre el caso y puede tener consecuencias pol¨ªticas y econ¨®micas imprevisibles. El juez, de 38 a?os de edad, decidi¨® plantear la cuesti¨®n de inconstitucionalidad antes de dictar sentencia sobre los interdictos por despojo presentados por la familia Ruiz-Mateos, al tener dudas razonables sobre la legalidad de la expropiaci¨®n de Rumasa, por considerar que la ley particular podr¨ªa provocar la indefensi¨®n de los expropiados.

El auto obliga al Tribunal Constitucional, en opini¨®n de especialistas consultados, a entrar en el fondo de la expropiaci¨®n por v¨ªa de una ley singular, que, seg¨²n el juez, puede infringir el art¨ªculo 24.1 de la Constituci¨®n espa?ola, que proclama el derecho de todos los ciudadanos a gozar de la tutela de los jueces. La v¨ªa elegida por el Gobierno y el Par lamento de una expropiaci¨®n particular para la familia Ruiz-Mateos y distinta en sus procedimientos a la prevista en la ley general (ley de Expropiaci¨®n Forzosa de 1954), que afecta a los dem¨¢s espa?oles, afecta a a los derechos protegidos por la Constituci¨®n en su art¨ªculo 24.1

Las dudas sobre la legalidad de la expropiaci¨®n las centra el auto del juez en los art¨ªculos primero y segundo de la ley de Rumasa, que, a su juicio, provocan la indefensi¨®n de los expropiados.

El juez ha desestimado los armentos del fiscal y del abogado del Estado, quienes consideraban el tema como "cosa juzgada" y se?alaron en sus alegaciones que el interdicto no era la v¨ªa adecuada para plantear la cuesti¨®n de inconstitucionalidad. El 2 de diciembre de 1983, el Tribunal Constitucional rechaz¨®, por el voto de calidad del presidente, que rompi¨® el empate a seis votos de los 12 magistrados, el recurso del Grupo Popular contra el decreto-ley de 23 de febrero.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos reaccion¨® ayer con gran satisfacci¨®n ante la noticia y manifest¨® que hab¨ªa recuperado su fe en la Justicia espa?ola. Los portavoces del Gobierno estuvieron muy cautos en sus reacciones y mostraron tranquilidad, mientras la oposici¨®n de derecha se felicit¨® por la decisi¨®n. Fuentes de la banca espa?ola se?alaron que el asunto no les afectaba en absoluto, ya que la compra de los bancos de Rumas¨¢ fue hecha al Patrimonio del Estado quien responde plenamente del saneamiento de Rumasa y de las condiciones de venta de sus bancos y empresas. Tanto el actual defensor de Ruiz-Mateos, Crisp¨ªn de Vicente, como su antecesor Mat¨ªas Cort¨¦s, autor de los interdictos que han provocado el auto, mostraron su satisfacci¨®n por la decisi¨®n judicial.

La vuelta al Tribunal Constitucional del caso Rumasa afectar¨¢ inmediatamente a los pleitos que mantiene el Gobierno espa?ol contra Ruiz-Mateos en el Reino Unido. El tribunal de Londres impidi¨® que el Gobierno espa?ol se apropiara de los bienes de Rumasa en territorio brit¨¢nico hasta que quedaran zanjadas en Espa?a las dudas sobre de la constitucionalidad de la expropiaci¨®n. Por otra parte, el auto del juez Gil S¨¢ez podr¨ªa influir en la pr¨®xima decisi¨®n de los jueces alemanes del Tribunal Supremo del Estado de Hesse sobre la extradici¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, solicitada por el Gobierno espa?ol por delitos fiscales, de estafa y falsedad contable.

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