El presidente de la Diputaci¨®n de Barcelona pide la suspensi¨®n de funciones del director general de la Caixa de Catalunya

El presidente de la Diputaci¨®n de Barcelona, Antoni Dalmau, curs¨® ayer sendos escritos a la Generalitat -que ostenta las competencias sobre ¨®rganos rectores de las cajas- solicitando que abra expediente disciplinario al director general de la Caixa de Catalunya, Joan Bilbao, y que le suspenda en sus funciones, como medida cautelar; que suspenda la asamblea general extraordinaria convocada para el pr¨®ximo d¨ªa 19; que restablezca en el cargo de presidente a Josep Llu¨ªs Sureda; y que se le tenga como parte interesada en el procedimiento abierto sobre el tempestuoso consejo del 18 de septiembre. Los escritos de Dalmau se deben a que la diputaci¨®n es la fundadora de la caja y garantiza estatutariamente su solvencia.

En el primer escrito, dirigido al conseller de Econom¨ªa y Finanzas, Josep Maria Cullell, Antoni Dalmau solicita Ia apertura de un expediente disciplinario al director general, Joan Bilbao y, como medida cautelar, la suspensi¨®n de sus funciones, seg¨²n indica una nota oficial emitida por la diputaci¨®n. Bilbao ha tenido un papel relevante en toda la crisis desatada en la entidad desde el pasado 18 de septiembre, d¨ªa en que 11 vocales del consejo de administraci¨®n decidieron la destituci¨®n del presidente Josep Llu¨ªs Sureda. En el mismo escrito el titular de la diputaci¨®n pide tambi¨¦n la suspensi¨®n de la asamblea general extraordinaria convocada para el d¨ªa 19 por los consejeros partidarios del director general para reformar el art¨ªculo 64 de los estatutos, que establece que el presidente de la caja debe ser elegido entre los ocho consejeros representantes de la diputaci¨®n. Dalmau considera esta convocatoria nula de pleno derecho, bas¨¢ndose en que "de acuerdo con la normativa aplicable, los estatutos de la caja s¨®lo pueden modificarse por la asamblea a propuesta de la diputaci¨®n, con la posterior ratificaci¨®n del ¨®rgano de la Administraci¨®n p¨²blica competente".

El escrito de la diputaci¨®n se acompa?a de un dictamen de 96 p¨¢ginas elaborado sobre el caso por el catedr¨¢tico de Derecho Mercantil Rafael Jim¨¦nez de Parga.

Reponer a Sureda

El segundo escrito, dirigido al director general de Pol¨ªtica Financiera del mismo departamento, Josep Morist, solicita que se tenga a la diputaci¨®n como parte interesada en el procedimiento administrativo abierto en relaci¨®n a la sesi¨®n del consejo de administraci¨®n de la caja del 18 de septiembre. Siguiendo las conclusiones del dictamen de Jim¨¦nez de Parga, indica el comunicado, se se?ala la "improcedencia de aquellos acuerdos, as¨ª como de los que posteriormente el mismo sector de consejeros ha ido adoptando en otras sesiones celebradas irregularmente", como la misma convocatoria de asamblea general que ahora se impugna y otras destituciones. En el mismo escrito, Antoni Dalmau solicita que "con la m¨¢xima urgencia" se normalice, conforme a derecho, la composici¨®n y funcionamiento de los ¨®rganos rectores de la caja, "restableciendo en sus cargos a quienes han sido ileg¨ªtimamente despose¨ªdos de los mismos, especialmente al presidente, Josep Llu¨ªs Sureda.

La argumentaci¨®n jur¨ªdica en que se basan estas peticiones parte tanto de la legislaci¨®n general aplicable a las cajas de ahorro, como de la consideraci¨®n de los estatutos y naturaleza particular de la Caixa de Catalunya, caja de fundaci¨®n p¨²blica. As¨ª, el extenso dictamen de Jim¨¦nez de Parga concluye que Sureda "debe ser repuesto en su cargo que ostenta leg¨ªtimamente, y debe procederse a revisar los actos y acuerdos realizados y/o adoptados" desde la reuni¨®n del 18 de septiembre. Y ello porque el consejo de administraci¨®n es un ¨®rgano de naturaleza "colegial" y "deliberante", lo que obliga, seg¨²n el jurista, a que un eventual acuerdo suyo de destituci¨®n del presidente deba, para ser v¨¢lido, reunir los siguientes requisitos: convocatoria v¨¢lida del consejo; que la propuesta de cese figure "expresamente, de manera clara e inequ¨ªvoca" en el orden del d¨ªa; que haya "justa causa" y que concurra una doble mayor¨ªa de consejeros, la mayor¨ªa de los 21 y la de los representantes de la diputaci¨®n, dado su papel protagonista en esta caja p¨²blica. Ello, indepedientemente de que la asamblea general pueda en algunos casos cesar al presidente. Los requisitos, indica el dictamen, no se han cumplido en este caso, e incluso hay alg¨²n voto "radicalmente nulo", como el de Eulalia Santasuana, quien, al parecer, mantiene vinculaciones econ¨®micas con la caja.

Quiz¨¢ el aspecto m¨¢s novedoso del informe jur¨ªdico, de cara al inmediato futuro, sea su conclusi¨®n sobre la "nulidad radical de la convocatoria" de asamblea general para el d¨ªa 19, al producirse con ella un "aut¨¦ntico atropello a los derechos" de la corporaci¨®n fundadora, por la irregularidades habidas. La asamblea general es el ¨®rgano que puede modificar los estatutos, a propuesta de la diputaci¨®n. Dicha facultad "tiene como l¨ªmites generales el respeto a la ley, as¨ª como al esp¨ªritu y finalidades" de la entidad y a la "necesaria vinculaci¨®n que debe existir" entre caja y diputaci¨®n. Por ello "una decisi¨®n de la asamblea general que implique desligar absolutamente a la entidad de la corporaci¨®n fundadora, tampoco ser¨ªa aceptable".