Las torpezas del mayordomo

LA ANUNCIADA rectificaci¨®n por el Gobierno del art¨ªculo 68 del proyecto de ley electoral, que prohib¨ªa y sancionaba penalmente la publicaci¨®n de sondeos de opini¨®n desde la fecha de convocatoria de las elecciones hasta el d¨ªa de su celebraci¨®n, es una muestra de respeto hacia el derecho a la informaci¨®n y a la libertad de prensa.Seg¨²n fuentes oficiales, el contenido de ese art¨ªculo no reflejaba la voluntad del Gobierno, sino que fue el resultado de la torpeza de alg¨²n mecan¨®grafo. Una hip¨®tesis alternativa a esa explicaci¨®n podr¨ªa ser que los redactores del proyecto trataron de colar de matute en el Bolet¨ªn Oficial de las Cortes esa aberrante prohibici¨®n, medio escondida en el articulado y redactada de forma enrevesada. No obstante, esta posibilidad queda relativizada por el largo proceso parlamentario a que debe someterse la ley.

La celeridad de la rectificaci¨®n realizada por el Gobierno y la naturaleza de la prohibici¨®n permiten, sin embargo, aplicar el beneficio de la duda a la explicaci¨®n oficial y poner entre par¨¦ntesis la hip¨®tesis de que la primtiva redacci¨®n del art¨ªculo 68 del proyecto de ley electeral fuera el fruto de una maniobra fr¨ªamente calculada. Sin embargo, tampoco resulta f¨¢cil de aceptar que una simple torpeza mecanogr¨¢fica, casualmente inadvertida por el ministro o alto cargo que dictase el texto a su equipo taquigr¨¢fico, tenga que pagar los platos rotos en este estropicio jur¨ªdico-pol¨ªtico. En efecto, el art¨ªculo 68 del proyecto de ley electoral realizaba una remisi¨®n global a los siete primeros art¨ªculos de la ley de 18 de abril de 1980, a fin de establecer que "el r¨¦gimen sobre publicaci¨®n de encuestas electorales" ser¨ªa aplicado en lo sucesivo desde el d¨ªa de la convocatoria de los comicios. Dado que la ley de 1980 -formada por s¨®lo 11 art¨ªculos- fue promulgada fundamentalmente para prohibir la difusi¨®n por los medios de comunicaci¨®n de los sondeos electorales durante los cinco d¨ªas anteriores a la votaci¨®n, resulta sorprendente que los redactores del art¨ªculo ahora rectificado no se plantearan siquiera la conveniencia de confirmar o de modificar un aspecto tan crucial como es el per¨ªodo permitido a la Prensa para publicar encuestas.

Tal vez la soluci¨®n m¨¢s razonable del enigma no sea inculpar del crimen -como en las malas novelas policiacas- al mayordomo, sino suponer que el inconsciente jug¨® una mala pasada a los redactores del art¨ªculo rectificado, atrapados por la psicopatolog¨ªa de la vida cotidiana de los pol¨ªticos.

Se?alemos, finalmente, que algunas reacciones de los profesionales de la pol¨ªtica ante la propuesta -rectificada luego por el Gobierno- de prohibir la difusi¨®n de sondeos desde 60 d¨ªas antes de la celebraci¨®n de las elecciones han sido desoladoras. Un dirigente de Alianza Popular ha llegado a afirmar que la medida de no permitir la publicaci¨®n de encuestas s¨®lo perjudica a los periodistas. Miquel Roca, por su lado, se muestra partidario de aplicar la prohibici¨®n a los 21 d¨ªas de la campa?a electoral, mientras que otros representantes del PCE se inclinan por reducir ese plazo a una o dos semanas. Si el aserto de que la informaci¨®n es poder fuese algo m¨¢s que una frase, habr¨ªa que concluir que el poder aspira a cerrar el c¨ªrculo de su autonom¨ªa mediante el monopolio de la informaci¨®n.