Otra crisis pol¨ªtico-financiera

DESDE EL 18 de septiembre los ¨®rganos rectores de la Caixa de Catalunya, una entidad con 250.000 millones de pesetas en dep¨®sitos, protagonizan una grave crisis. Ha sido un problema por etapas, cada una m¨¢s grave que la anterior, y que no debe prolongarse m¨¢s, aunque, afortunadamente, no afecte a los dep¨®sitos. Este debe ser el objetivo de la Generalitat, la administraci¨®n que ostenta en Catalu?a casi todas las competencias sobre estos temas, por lo que le corresponden legalmente las funciones tutelares que antes desempe?aba el Ministerio de Econom¨ªa. Dicha instituci¨®n auton¨®mica tiene ante s¨ª una ocasi¨®n ¨®ptima para hacer un eficaz despliegue de estas competencias. En efecto, se ha convocado para el pr¨®ximo viernes, d¨ªa 19, una asamblea para modificar los estatutos de La Caixa, en detrimento de los intereses de la corporaci¨®n fundadora, la Diputaci¨®n de Barcelona, actualmente con mayor¨ªa socialista. La convocatoria ha sido impugnada por la diputaci¨®n, que la considera irregular.Se trata inequ¨ªvocamente de una crisis de evidentes derivaciones pol¨ªticas en una instituci¨®n financiera. Y se trata de la primera crisis seria de este tenor que debe ser resuelta por una Administraci¨®n auton¨®mica.

Esta caja, de fundaci¨®n p¨²blica, aplic¨® en 1979 y 1982 de forma tan presuntamente irregular como muchas otras de las 79 cajas espa?olas el Decreto Fuentes de agosto de 1977, que establec¨ªa la llamada democracia futbol¨ªstica o representaci¨®n por compromisarios. Muchos de los consejeros elegidos por el cupo de los impositores resultaron ser, curiosamente, hombres muy pr¨®ximos a la l¨ªnea ejecutiva de La Caixa, y en algunos casos son directamente altos cargos que responden de su cometido profesional ante el director general, Joan Bilbao. Un inestable pero real y ajustad¨ªsimo equilibrio de poderes con los otros cupos -representantes de los empleados, de entidades culturales y de la diputaci¨®n- se ha mantenido durante dos a?os, que han tenido excelentes resultados financieros, bajo la presidencia de un catedr¨¢tico socialista, Josep Llu¨ªs Sureda, y la vicepresidencia de un economista comunista, Santiago Marim¨®n. Esta situaci¨®n result¨®, pues, positiva en sus resultados, aunque encontr¨® cr¨ªticas de los sectores convergentes y derechistas, que dec¨ªan lamentar una supuesta politizaci¨®n de la instituci¨®n. La voluntad de Sureda de ejercer realmente su cargo, sin ser un presidente de paja, encontr¨®, asimismo, resistencias en el director general.

La renovaci¨®n de cuatro miembros del consejo, este verano, supuso la ruptura del equilibrio. Lejos de buscarse el consenso, se prepar¨® la sustituci¨®n de los cesantes por partidarios de la l¨ªnea del director general. Tensiones, escritos y recursos administrativos jalonaron el proceso, que culmin¨® con una renovaci¨®n supervisada por un delegado del Departamento de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalitat. El sentido de este reajuste se revel¨® poco despu¨¦s, el 4 y el 18 de septiembre, cuando el denominado bloque conservador -partidario del director general y contrario a la diputaci¨®n barcelonesa- apoy¨¢ndose en su nueva mayor¨ªa de 11 votos contra 9, decidi¨® destituir a Sureda. Fue una sesi¨®n tormentosa cuyos acuerdos resultaron posteriormente impugnados por falta de requisitos formales.

Sigui¨® entonces una radicalizaci¨®n de posturas. El 27 de septiembre, el bloque conservador, en solitario, ofrec¨ªa la presidencia a un vocal, el editor Josep Mar¨ªa Castellet, elegido por la diputaci¨®n, con lo que parec¨ªa querer limitar el litigio a una cuesti¨®n de falta de sinton¨ªa personal. Pero en realidad se trataba de cubrir el expediente cumpliendo transitoriamente los estatutos de la entidad, una de cuyas cla¨²sulas establece que la presidencia debe recaer en uno de los vocales representantes de aquella corporaci¨®n fundadora, como contrapartida a que ella garantiza la solvencia de la caja. En la misma sesi¨®n -cuya celebraci¨®n tambi¨¦n ha sido impugnada- los presentes convocaron una asamblea general extraordinaria para suprimir aquella cl¨¢usula.

Durante todo este proceso, la intervenci¨®n de la Generalitat de Catalunya no ha resultado ni muy r¨¢pida ni muy airosa. Nombr¨® un delegado en junio-julio para supervisar la renovaci¨®n de consejeros -que a la postre benefici¨® a la l¨ªnea conservadora-, pero no lo hizo cuando estall¨® la verdadera crisis; se neg¨® a abrir una investigaci¨®n sobre el desarrollo de las cuestionadas elecciones de 1983, pero inscribi¨® el pol¨¦mico cese de Sureda en el registro; dict¨® una orden sobre expedientes sancionadores (luego recurrida ante el Tribunal Constitucional), el 19 de junio, y luego la enmend¨® ?por correcci¨®n de erratas! cuatro semanas m¨¢s tarde. Hizo, en suma, una serie de actuaciones muy complejas. Y si a ellas se le a?ade el dato de que el asesor jur¨ªdico y secretario de actas de la caja, a las ¨®rdenes del director general, simultanea sus funciones con las de director del Gabinete Jur¨ªdico Central de la Generalitat, de modo que su titular, Ramon Mar¨ªa Llevadot, puede acabar haciendo de juez y de parte en el litigio, el balance final no es muy brillante.