Los compradores de las empresas de Rumasa tendr¨¢n que devolverlas si prospera el recurso, seg¨²n Crisp¨ªn de Vicente

Las declaraciones del ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, publicadas anteayer por EL PAIS, reconociendo a los compradores de las empresas reprivatizadas del grupo Rumasa como "terceros de buena fe", fueron replicadas ayer por los abogados de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos. Crisp¨ªn de Vicente contradice al ministro bas¨¢ndose en que los compradores fueron requeridos notarialmente sobre la cuesti¨®n de inconstitucionalidad que pesaba sobre la Ley Rumasa, antes de que efectuaran la compra. Por lo tanto, los compradores tendr¨ªan que devolver a Ruiz-Mateos las empresas y bancos reprivatizados, si prospera el recurso.

La reciente elevaci¨®n al Tribunal Constitucional de la citada cuesti¨®n, sobre la presunta ilegalidad de la expropiaci¨®n de Rumasa por una ley particular, ha desatado una fuerte pol¨¦mica Jur¨ªdica y pol¨ªtica sobre las consecuencias de una eventual -improbable, seg¨²n Boyer- sentencia desfavorable al Gobierno.La Asociaci¨®n de Banca Privada (AEB) coincidi¨® con el ministro de Econom¨ªa al declarar, el pasado 6 de octubre, que "los bancos han comprado las acciones de las instituciones financieras de Rumasa al Patrimonio del Estado, quien responde plenamente del saneamiento y evicc¨ª¨®n de los misnios".

Crisp¨ªn de Vicente, director del equipo jur¨ªdico que defiende a Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, afirma que los compradores est¨¢n protegidos por la citada evicci¨®n s¨®lo en el caso de que la sentencia del Tribunal Constitucional declare vigente la Ley Rumasa. En caso contrarlo, ning¨²n comprador podr¨¢ acogerse al art¨ªculo 70 de la Ley del Patrimonio del Estado. (Prestar evicci¨®n significa que el vendedor tiene obligaci¨®n de defender la cosa vendida).

Nulidad o no de la ley

El art¨ªculo 70 de la Ley del Patrimonio del Estado, en el que se basa la AEB para no temer problemas futuros, fue desarrollado por el Decreto de 15 de abril de 1964, y dice lo siguiente: "En juicios de reivindicaci¨®n, evicci¨®n y saneamiento est¨¢ sujeto el Estado a las reglas del derecho civil". El C¨®digo Civil regula, en sus art¨ªculos 1474 a 1490, la evicci¨®n en compra-venta. Por tanto, si lo que el Patrimono ha vendido era del Patrimonio en el momento de su venta y los compradores tienen problemas deber¨¢n ser, efectivamente, indemnizados por aqu¨¦l.

Sin embargo, el abogado Jos¨¦ Luis de Vicente, del equipo jur¨ªdico de Ruiz-Mateos, declara que la familia Ruiz-Mateos pide la devoluci¨®n de los bienes de Rumasa por haberse realizado su expropiaci¨®n de manera inconstitucional, es decir, por una ley que se considera nula. Si el Tribunal Constitucional admite a tr¨¢mite la cuesti¨®n de inconstitucionalidad -lo que se considera improbable en medios jur¨ªdicos de los siete grandes de la banca- y estima la "nulidad radical o de pleno derecho" de la Ley Rumasa, ello significar¨ªa que dicha Ley no produjo ning¨²n efecto y que, por tanto, los bienes expropiados no fueron nunca propiedad legal del Patrimonio del Estado.

Si el Tribunal Constitucional -que empat¨® seis a seis, en la sentencia sobre la utilizaci¨®n de la v¨ªa del decreto-ley para expropiar Rumasa- estimara la nulidad de raiz de la Ley 7/1983 (equivalente a la inexistencia de la ley, en el derecho franc¨¦s) supondr¨ªa que, al no haber sido nunca tales bienes propiedad del Patrimonio del Estado, no podr¨ªa aplicarse el citado art¨ªculo 70 que ampara a los compradores de buena fe. Jos¨¦ Luis de Vicente confirma mediante requerimientos notariales que los compradores de las empresas y bancos del grupo Rumasa no pueden ser terceros de buena fe porque fueron advertidos del pleito constitucional pendiente sobre una ley "imprejuzgada". El art¨ªculo 433 del C¨®digo Civil dice lo siguiente: "Se reputa peseedor de buena fe al que ignora que en su titulo o modo de adquirir existe vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario".

El propio Jos¨¦ Luis de Vicente Retortillo envi¨® documentos, por conducto notarial, a los presuntos compradores, en los que dec¨ªa -como en el dirigido el 15 de marzo de 1984 al presidente del Banco Arabe Espa?ol, uno de los nuevos due?os del Banco Atl¨¢ntico- lo siguiente: ""Cualquier posible adquisici¨®n de bienes procedentes del grupo Rumasa no podr¨¢ tener valor ni eficacia frente a las resoluciones de los Tribunales, ni mucho menos podr¨¢n ampararse en criterios de buena fe". Requerimientos semejantes, para evitar la buena fe, han recibido personalmente los presidentes de los siete grandes bancos espa?oles, el presidente del Gobierno, el ministro de Econom¨ªa, el director general del Patrimonio, el gobernador y subgobernador del Banco de Espa?a y todos los presuntos compradores de empresas del grupo Rumasa con anterioridad a efectuar la compra.