Condecoraciones

RESULTA DIF?CIL imaginar que la sensibilidad y la dignidad pol¨ªtica de muchos altos cargos del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, cuya trayectoria democr¨¢tica y arraigados compromisos con la defensa de los derechos humanos les valieron el respeto de sus electores, no se hayan sobresaltado ante la noticia de que el Ministerio del Interior ha condecorado a dos cabos primeros de la Guardia Civil procesados en San Sebasti¨¢n por presuntas torturas y a otros dos miembros del mismo cuerpo sometidos a diligencias previas bajo id¨¦ntica acusaci¨®n. En esta serie de honores han sido tambi¨¦n distinguidos tres oficiales de la Guardia Civil implicados en careos por malos tratos y un teniente coronel del Ej¨¦rcito del Aire que interpuso, como letrado, una querella por prevaricaci¨®n -rechazada por la Audiencia- contra el magistrado que se hab¨ªa atrevido a abrir unas diligencias sumariales por torturas. La circunstancia de que el presidente del Congreso, durante sus a?os mozos abogado defensor en el c¨¦lebre juicio de Burgos, realzara con su presencia la imposici¨®n de algunas de esas medallas parece una broma del destino.El olvido del Gobierno socialista, en nombre de la estabilidad democr¨¢tica y de la continuidad del Estado, de los compromisos electorales del PSOE para la reforma de los cuerpos y fuerzas de seguridad puede ampararse tras argumentos que, a falta de capacidad de convicci¨®n, resultan al menos internamente congruentes. Pero la tolerancia (o el apoyo) del Ejecutivo hacia personas acusadas de un delito tan grave como la tortura (expresamente prohibida por la Constituci¨®n y gravemente sancionada por el art¨ªculo 204 bis del C¨®digo Penal reformado), y en cuyas conductas el poder judicial ha encontrado "indicios racionales de criminalidad", desborda cualquier capacidad de comprensi¨®n.

Los guardias civiles sometidos a diligencias previas o procesados por presuntas torturas tienen derecho a la presunci¨®n de su inocencia. pero resulta dudosa la pasividad de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil, que no ha suspendido en su empleo a los dos cabos primeros inculpados de un presunto delito perpetrado en el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, es evidente que media un abismo entre la indiscutible extensi¨®n jur¨ªdica de las garant¨ªas procesales a los guardias civiles encartados y la ins¨®lita decisi¨®n pol¨ªtica del Ministerio del Interior de desparramar un lote de condecoraciones entre quienes han sido formalmente acusados de un delito tan grave como es la tortura.

Los contribuyentes tienen derecho a conocer si esta decisi¨®n es responsabilidad del ministro del Interior o si simplemente ha sido una decisi¨®n aut¨®noma de uno de sus subordinados.