El debate sobre 'el estado de la naci¨®n'

EL PR?XIMO martes se inicia el debate parlamentario sobre pol¨ªtica general, que el Gobierno y la Presidencia del Congreso han resuelto instaurar como costumbre a comienzos del oto?o. La comunicaci¨®n del Ejecutivo a la C¨¢mara baja manifiesta el prop¨®sito de "renovar la ¨²til experiencia del pasado a?o" y de "ofrecer un an¨¢lisis global y reactualizado de la situaci¨®n de la naci¨®n para que sirva de marco de referencia a las tareas parlamentarias en curso o venideras". La circunstancia de que el pleno coincida con el ecuador de la legislatura dar¨¢ oportunidad a Felipe Gonz¨¢lez para esbozar un balance de los dos primeros a?os de mandato socialista.No es seguro, sin embargo, que el maratoniano debate de septiembre de 1983 arrojase tan excelentes resultados como el Gobierno supone. Las expectativas despertadas por sesiones de este g¨¦nero pueden causar frustraciones in¨²tiles si su desarrollo -como sucedi¨® el pasado a?o- peca de tedioso y reiterativo y si las intervenciones del presidente del Gobierno no sirven para anunciar decisiones pol¨ªticas o para despejar dudas. La intenci¨®n del Ejecutivo de centrar los an¨¢lisis exclusivamente sobre cuatro ¨¢reas determinadas, reduce, por anticipado, el ¨¢mbito te¨®rico del debate sobre pol¨ªtica general. Ser¨ªa m¨¢s funcional para los trabajos parlamentarios, y m¨¢s iluminador para los ciudadanos, dedicar plenos singulares a cada una de esas ¨¢reas. Eso har¨ªa superflua la celebraci¨®n de esta cita oto?al, donde la sobreabundancia de temas y el hambre de comparecencias p¨²blicas en televisi¨®n de los l¨ªderes pueden producir en la opini¨®n p¨²blica efectos parecidos al de una indigesti¨®n.

El informe del presidente anunciado en la comunicaci¨®n enviada por el Ejecutivo al Congreso presenta la misma estructura que el debate del a?o pasado. Las cuatro grandes secciones elegidas son la situaci¨®n econ¨®mico-social; la protecci¨®n de las libertades y el mantenimiento de la seguridad ciudadana; el desarrollo del praceso auton¨®mico y la reforma de las Administraciones p¨²blicas, y las relaciones exteriores, con especial referencia a la entrada en la CEE y a la situaci¨®n de Espa?a en la Alianza Atl¨¢ntica.

Aunque ser¨ªa absurdo hacer predicciones sobre lo que se piensa decir el martes que viene, hay razones para temer que el desplazamiento del peso del debate hacia los cuadros macroecon¨®micos y las magnitudes estad¨ªsticas convierta a las sesiones televisadas en mecanismos de disuasi¨®n dirigidos contra la opini¨®n p¨²blica. La tendencia de los pol¨ªticos a utilizar la jerga de los economistas divierte a los profesionales de la materia, propensos a destacar las meteduras de pata de los aficionados, pero aburre soberanamente a buena parte de los electores, preocupados netamente por la creaci¨®n de empleo y el aumento constante de la presi¨®n impositiva desde el Estado y desde las Administraciones auton¨®micas y locales.

En el apartado dedicado a las libertades y la seguridad ciudadana esperamos que el presidente del Gobierno aproveche la ocasi¨®n para dar explicaciones convincentes respecto a las contradicciones en que incurri¨® el director general de la Guardia Civil con su ministro a la hora de enjuiciar las negociaciones con ETA. Tampoco estar¨ªa mal de paso que explicara cu¨¢l es el sentimiento del Gobierno desde que el departamento de Interior se dedica a condecorar a guardias civiles bajo seria sospecha de practicar la tortura con los detenidos, para no hablar de lo interesante que ser¨ªan unas palabras sobre la actividades del CESID y los servicios de inteligencia espa?ol en un momento en el que parece que hasta el presidente de las Cortes ha estado sometido a las actividades del contraespionaje. Conviene saber si el respeto a la intimidad y a la propia imagen que la Constituci¨®n garantiza, y que tanto se echa en cara a los periodistas, no afecta a nuestro casero servicio de contraespionaje, dedicado a intervenir tel¨¦fonos, perseguir personas, realizar fotograf¨ªas y elaborar informes sobre ciudadanos honorables. Las actividades ilegales del aparato estatal de seguridad, alg¨²n nivel de informaci¨®n sobre las operaciones del GAL y temas semejantes deber¨ªan ocupar mayor atenci¨®n del presidente que los esfuerzos por contestar a la oposici¨®n en las cuestiones -por importantes que sean- sobre delincuencia urbana y juvenil.

En el mismo terreno de las libertades, el Gobierno insiste en seguir presentando el proyecto de ley antiterrorista, aprobado ya por el Congreso con los votos entusiastas de la oposici¨®n conservadora, como un desarrollo del art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n. Ese art¨ªculo no contiene mandato constitucional alguno, sino solamente una autorizaci¨®n excepcional para suspender, con intervenci¨®n judicial y control parlamentario, el plazo m¨¢ximo de detenci¨®n preventiva, la inviolabilidad domiciliaria y el secreto de las comunicaciones. Lamentablemente, esa norma, que recuerda ominosamente a los bodrios represivos de la dictadura, afecta tambi¨¦n a otros derechos y libertades garantizados por la Constituci¨®n y es un aut¨¦ntico monumento a la chapuza t¨¦cnica y a la inseguridad jur¨ªdica. Las repetidas denuncias sobre la persistencia de torturas en el Pa¨ªs Vasco no son simples maniobras de los compa?eros de viaje de ETA ni tampoco delirios paranoicos de abogados y jueces demasiado sensibles.

El debate sobre la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas ser¨¢ hurtado una vez m¨¢s al Senado, que s¨®lo podr¨ªa aspirar a justificar su definici¨®n constitucional como "C¨¢mara de representaci¨®n territorial" si se convirtiese en ¨¢mbito privilegiado para esas discusiones. La presencia en el Congreso de los pesos pesados de las minor¨ªas catalana y vasca y del l¨ªder de Alianza Popular explica parcialinente esa anomal¨ªa funcional. En cualquier caso, el optimismo del Gobierno -que considera "cercano a su culminaci¨®n" el proceso de las transferencias, realizado "con una escasa conflictividad, limitada, en general, a aspectos t¨¦cnicos"- no parece coincidir con la realidad de los hechos, tanto por lo que se refiere a los problemas del poder ejecutivo con el Pa¨ªs Vasco y Catalu?a como en lo que respecta a los descontentos producidos en las comunidades aut¨®nomas de mayona socialista. Hay que tener, en verdad, una moral a prueba de bomba para afirmar que "el Estado de las autonom¨ªas empieza a funcionar con un grado razonable de normalidad". Tampoco resulta f¨¢cil aceptar que el Gobierno haya dado "pasos muy significativos e importantes" en su programa de "dotar a los espa?oles de una Administraci¨®n m¨¢s transparente y eficaz". Las tard¨ªas y parciales medidas de reforma de la funci¨®n p¨²blica han irritado a la burocracia estatal y no han establecido, sin embargo, las bases de una Administraci¨®n moderna y eficiente.

Finalmente, queda por saber en el debate sobre pol¨ªtica exterior si el presidente del Gobierno abandonar¨¢ su t¨¢ctica de ambig¨¹edad controlada y se pronuncia clara y terminantemente sobre la Alianza Atl¨¢ntica. La fecha del refer¨¦ndum, el contenido de la pregunta sometida a consulta popular y la recomendaci¨®n de voto del Gobierno son las tres inc¨®gnitas que los espa?oles desean ver resueltas. Dado que los tr¨¢mites para nuestro ingreso en el Mercado Com¨²n siguen su curso y no llegar¨¢n a su conclusi¨®n antes de diciembre, las controversias parlamentarias sobre estos temas s¨®lo contribuir¨ªan probablemente, hoy por hoy, a debilitar nuestra posici¨®n negociadora. Fuera de estas dos grandes cuestiones y de las implicaciones para nuestra seguridad del tratado entre Libia y Marruecos, el debate en torno a la triunfalista valoraci¨®n por el Gobierno -"Espa?a ha ganado presencia en el mundo"- de nuestra pol¨ªtica internacional puede convertirse en una amable manera de perder el tiempo. Salvo que -?llegaremos a ver estas cosas en nuestro Parlamento?- el debate sobre pol¨ªtica exterior aborde el conjunto de las cuestiones relacionadas con la pol¨ªtica de defensa, incluida la reforma militar y la compra y venta de armamento. En este punto, ser¨ªa preciso establecer la lista -nada breve- de los temas, problemas y preocupaciones que el Gobierno ha decidido, con dudoso criterio, dejar fuera del ¨¢mbito del anunciado debate sobre pol¨ªtica general.