Contra corrupci¨®n, trabajo

El ejemplo de Olvera, donde UGT ha denunciado 28 casos de personas que se encontraban en las listas del paro a pesar de tener un trabajo o ser propietarios de inmuebles, fincas o almacenes, es tan s¨®lo un bot¨®n en la larga muestra de pueblos andaluces que necesitan del dinero p¨²blico para que una lista de sus parados habitantes reciban empleo donde la tierra es yerma o no tiene las condiciones precisas para ser productivamente explotada. Son peque?os pueblos donde los denunciados conviven y copean con quienes realmente no tienen nada. Para ellos, la palabra corrupci¨®n es demasiado fuerte. Es la din¨¢mica de la dejadez lo que provoca esa picaresca, que s¨®lo pone en entredicho el sistema de empleo rural y el letargo burocr¨¢tico.

ENVIADO ESPECIALTodos saben en Olvera qui¨¦nes tienen minifundios, supermercados o bodegas. Todos saben en Olversa que lo mismo ocurre en Algodonales, Alcal¨¢ del Valle, Paterna o Villamart¨ªn. Son peque?os municipios de la sierra de C¨¢diz, la sierra de los pueblos blancos, cuyos parados sobreviven merced al subsidio de desempleo agrario y a las obras que, con cuentagotas, les adjudican mediante los convenios Inem-ayuntamientos o el Plan de Empleo Rural (PER).

Pero la vida en un pueblo es dura y solidaria, y por esta raz¨®n ninguno lanzar¨¢ la primera piedra ni levantar¨¢ el dedo acusador contra su vecino por un qu¨ªtame all¨¢ ese jornal. Ni siquiera la UGT local. Tuvo que ser la provincial la que puso en conocimiento del gobierno civil que hab¨ªa jornaleros que iban al tajo en un todo terreno, o que pose¨ªan reba?os de cabras.

Un concejal del ayuntamiento comentaba que cuando Felipe Gonz¨¢lez dijo que hab¨ªa quien se compraba coches con el empleo comunitario no le faltaba raz¨®n por mucho que protestase S¨¢nchez Gordillo, el m¨ªtico alcalde de Marinaleda.

Un catastro catastr¨®fico

"El ayuntamiento y el gobernador son los que tienen que denunciarlo. Ellos lo saben tan bien como nosotros", exclaman los jornaleros del empleo rural que tra bajan en la pavimentaci¨®n de la calle de La Encarnaci¨®n, de Olvera, o en el allanamiento de carriles en el puerto de La Caba?a. "Las fuerzas sociales son las que tienen que intervenir", insisten. Es el reparto solidario de la miseria, la cl¨¢sica estampa del jornalero andaluz, pico en mano, haciendo agujeros o deshaciendo terrones pero no hay otra: los m¨¢s viejos no saben leer y todos participan de una callada resignaci¨®n campesina.

En el Ayuntamiento de Olvera tienen claro que las listas del paro est¨¢n hinchadas, que est¨¢n muchos m¨¢s de los que son. En las dos ¨²ltimas semanas la cifra era de 1.000, lo que resulta excesivo para un concejal independiente de la corporaci¨®n olvere?a, para quien la cifra de 400 parados ser¨ªa m¨¢s correcta.

"Esto ocurre en todos los pueblos", dice Francisco Menacho, concejal de Cultura y profesor del instituto. "En Alcal¨¢ del Valle, con la mitad de poblaci¨®n que Olvera, el censo de parados es el mismo. Sucede porque las listas del Inem no se actualizan. Muchos vienen a pedirnos certificados de que no poseen bienes y tenemos que d¨¢rselos, porque las tierras o casas o bodegas est¨¢n a nombre de la esposa o del abuelo que ya ha fallecido. No se revisa el catastro desde hace muchos a?os".

Los ayuntamientos son, en buena medida, parachoques de las inconsecuencias de otros organismos. La elecci¨®n de parados que se solicitan para cubrir una determinada obra se confecciona mediante el sorteo de las letras del abecedario para determinar por qu¨¦ apellido hay que comenzar. La fortuna quiso que saliera la letra P, y varios Porras fueron seleccionados. En el pueblo se sabe que ese apellido corresponde, en general, a pelentrines, apelativo que se da en la comarca a los peque?os propietarios.

Al Ayuntamiento de Olvera acudieron, indignados, varios grupos de parados que hab¨ªan sido excluidos, por sorteo, de las listas de empleo para las primeras obras del PER en esa poblaci¨®n. Tan es as¨ª, que el alcalde hubo de publicar un bando para explicar que el sorteo correspond¨ªa al Inem y que el ayuntamiento solamente publicaba las listas.

En el mismo bando explicaba que el ayuntamiento propuso al gobernador la creaci¨®n de una comisi¨®n local de empleo, con participaci¨®n de sindicatos, para que fuese desde la perspectiva del propio lugar como se seleccionase a los m¨¢s necesitados para acudir a los tajos, pero la fuerza del decreto que regula el m¨¦todo de sorteo lustr¨® la tentativa. Por otro lado, los ayuntamientos reciben el 50% del dinero con la obra ya comenzada y la otra mitad con la obra terminada: "Si ellos quieren cobrar por d¨ªa o por semana, ?de d¨®nde sacamos el dinero?" Por otro lado, las obras del Patronato de Mejora de Equipamientos Locales se financian con un 40% del ayuntamiento, "que solicita el pr¨¦stamo al 7%, lo que constituye una grave carga para un ayuntamiento que tiene un d¨¦ficit de 90 millones al a?o", se?ala el secretario.

Aunque los chascarrillos de la plaza y los comentarios de los bares tengan como denominador com¨²n el tema de las denuncias por corrupci¨®n en el empleo rural, la sangre no llegar¨¢ al r¨ªo, entre otras cosas porque no lo hay, porque el agua que se bebe en Olvera hay que traerla desde 20 kil¨®metros. Desde que el pasado d¨ªa 10 comenzasen las obras del PER y se publicasen las listas, se sucedieron las concentraciones y asambleas. Incluso hizo acto de presencia, preventivamente, una fuerza de la Guardia Civil y Polic¨ªa Nacional. "Hay una latente indignaci¨®n y frustraci¨®n entre quienes no les ha tocado", explica otro concejal, "pero si en lugar de enviar 45 millones hubiesen sido 100, dinero para todos, no hubiera pasado nada".

Es dif¨ªcil que lleguen a producirse denuncias mutuas, aunque esa posibilidad sea contemplada en un futuro cercano. Sobre todo si prosigue la campa?a iniciada por el secretario provincial de la UGT, Francisco Arias, que ha decidido convencer a sus afiliados de que la ¨²nica forma de terminar con el fraude es implicar al Inem a trav¨¦s de denuncias de personas concretas. La pr¨®xima semana la historia de Olvera se repetir¨¢ en Algodonales y sucesivamente en otros municipios. UGT sabe que el sistema no es bueno, que falla y favorece el fraude -un documento interno del PSOE elaborado antes del verano as¨ª lo se?ala-, y ha decidido poner cerco a esas rebabas de la picaresca, a diferencia del sindicato CC OO, que reconoce la situaci¨®n, pero la achaca al propio sistema. Tendr¨ªan que ser enormes las diferencias sociales para que un pueblo se enfrentase a una parte de ese pueblo, a la parte que, teniendo otros canales para sobrevivir c¨®modamente en la penuria, robase con indolencia a sus vecinos m¨ªseros jornales de 17.000 pesetas mensuales.