Procesados 4 abogados por presunto desacato en el juicio por el asesinato de un magistrado

La Audiencia Provincial de Madrid ha decretado el procesamiento por presunto delito de desacato de cuatro abogados que abandonaron la sala de vistas por discrepancias con el presidente del Tribunal, durante el juicio contra seis miembros de los GRAPO acusados del asesinato del magistrado Miguel Cruz Cuenca el 9 de enero de 1979.

Los abogados, que se encuentran en libertad provisional y tendr¨¢n que comparecer los d¨ªas 1 y 15 de cada mes ante la autoridad judicial, son Ricardo Ayala Cajero, Jos¨¦ Luis Gal¨¢n Mart¨ªn, Juan Manuel Gonz¨¢lez Berzosa y Jes¨²s Sanxuas. La secci¨®n tercera de la Audiencia de Madrid ha fijado una fianza de 50.000 pesetas para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del caso.El 10 de diciembre de 1980, nada m¨¢s iniciarse el juicio contra los miembros del los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) Adolfo Caballero Carbonell, Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez Casas, Ana Mar¨ªa S¨¢nchez Fuentes, Antonio Tosina Garc¨ªa, Isabel Aparicio S¨¢nchez y Celsa Barcia Vallejo, el primero de ellos, anuncio que se negaba a ser defendido por su abogado, Ricardo Ayala por motivos personales. Caballero, para el que el fiscal ped¨ªa penas que totalizaban 38 a?os de prisi¨®n, estaba acusado de ser el autor material del asesinato del presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo.

Renuncia al defensor

El presidente del Tribunal, Gonzalo de la Concha, se?al¨® que se trataba de un pretexto para suspender el juicio y que Adolfo Caballero hab¨ªa tenido tiempo de designar otro abogado.Caballero contest¨® que no le importaba que se celebrara la vista, pero insisti¨® en que le defendiera otro abogado. El presidente del Tribunal intent¨® convencer a alguno de los cinco abogados restantes para que se hiciera cargo de la defensa, pero dado lo elevado de la petici¨®n fiscal ninguno acept¨®. Entonces el presidente se?al¨® que Caballero ser¨ªa defendido por el letrado que ¨¦l mismo hab¨ªa designado en principio. En el momento en que el fiscal iba a iniciar el interrogatorio de los acusados, el abogado Jos¨¦ Luis Gal¨¢n solicit¨® la venia para se?alar que la decisi¨®n del Tribunal imped¨ªa el libre ejercicio de la defensa. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional orden¨® a Gal¨¢n que no interrumpiera al fiscal. Gal¨¢n pidi¨® nuevamente la venia y ante la negativa del presidente a conced¨¦rsela, se levant¨® y abandon¨® la sala. Los abogados Gonz¨¢lez Berzosa, Sanxuas y Ayala secundaron la acci¨®n de Gal¨¢n y tambi¨¦n abandonaron los estrados. Los dos abogados restantes, que hab¨ªan sido designados de oficio, permanecieron en la sala, pero se negaron a continuar el juicio debido al incidente.

El juicio se celebr¨® en marzo de 1981 y S¨¢nchez Casas reconoci¨® que ¨¦l hab¨ªa ordenado matar al magistrado, pero que no participaron ninguno de sus compa?eros de banquillo. Casas fue condenado a 28 a?os, Caballero a 36, Ana Mar¨ªa S¨¢nchez a 15, Tosina a 12 e Isabel Aparicio a 4. Celsa Barcia fue absuelta.

El tribunal puso los hechos en conocimiento de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de Madrid, que interpuso querella por presunto delito de desacato contra los cuatro abogados. El caso correspondi¨® al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 7, y el entonces titular Pedro Gonz¨¢lez Poveda tom¨® declaraci¨®n a los implicados. Durante casi cuatro a?os, en los que m¨¢s de media docena de jueces han estado destinados en el citado juzgado, el caso hab¨ªa estado congelado.

El actual titular del juzgado, Epifanio Legido concluy¨® las actuaciones y consider¨® que los hechos no eran constitutivos de delito, como pretend¨ªa el fiscal, sino de falta. El fiscal disconforme con el veredicto interpuso recurso ante la Audiencia, y la secci¨®n tercera, que preside el tambi¨¦n juez del Tribunal Tutelar de Menores Luis L¨®pez Mora ha decretado el procesamiento.

La decisi¨®n de la Audiencia ha sido notificada ya a tres de los abogados y el cuarto, Jos¨¦ Luis Gal¨¢n, ha sido citado para ma?ana. Los letrados han anunciado que interpondr¨¢n recurso, ya que consideran que la resoluci¨®n sentar¨ªa un grave precedente en contra del derecho de defensa.