Puertas cerradas en la Universidad

EL COMIENZO del curso universitario ha presenciado nuevamente el conflicto entre los deseos de un n¨²mero considerable de estudiantes, interesados por emprender una carrera determinada, y la imposibilidad material de algunos centros para dar cabida a los solicitantes.La ley de Reforma Universitaria atribuye al Gobierno la potestad de fijar los procedimientos de selecci¨®n para el ingreso en la ense?anza superior y establece que "el acceso a los centros universitarios y a sus diversos ciclos de ense?anza estar¨¢ condicionado por la capacidad de aqu¨¦llos, que ser¨¢ determinada por las distintas universidades, con arreglo a m¨®dulos objetivos". La oferta de determinadas especialidades resulta insuficiente para satisfacer la demanda escolar de algunos distritos universitarios. Las Facultades de Medicina fueron las primeras en limitar la matr¨ªcula de alumnos, en funci¨®n del n¨²mero de camas hospitalarias docentes por estudiante. Pero el crecimiento del n¨²mero de los aspirantes a seguir estudios superiores ha terminado por ejercer una presi¨®n axfisiante tambi¨¦n sobre algunas escuelas universitarias y facultades.

No es il¨®gico que las escuelas universitarias -que imparten ense?anzas de primer ciclo y a las que se puede acceder con el t¨ªtulo del COU y sin examen previo de selectividad- est¨¦n autorizadas para establecer criterios espec¨ªficos de admisi¨®n. Pero es del todo anormal que la superaci¨®n de las pruebas de acceso a la universidad (de las que salen airosos aproximadamente el 70 por ciento de los candidatos) no otorgue al que las pasa el derecho a matricularse en cualquier facultad o escuela t¨¦cnica.

Los desajustes entre la oferta y la demanda educativas carecen de soluciones m¨¢gicas y no se prestan a diagn¨®sticos simplistas. Dejando a un ladolos problemas espec¨ªficos planteados por las escuelas universitarias, los aspirantes defraudados se concentran para protestar a las puertas de algunas facultades de los grandes distritos. Resulta indiscutible que el ordenamiento jur¨ªdico y el sistema educativo reconocen a los espa?oles el derecho, al estudio. La gangrena del paro juvenil, por oiro lado, hace preferible el embalsamiento de las nuevas promociones en centros de ense?anza superior, en la esperanza de que esas inversiones en capital humano ayuden a sus beneficiarios a conquistar un futuro que no se presenta demasiado amable. Como siempre que los recursos son escasos, el derecho al estudio, sin embargo, no concede un derecho complementario a exigir de la sociedad o del Estado el milagro de los panes y de los peces. Los centros que se hallan saturados terminar¨ªan por colapsarse, en detrimento de todos, si no cerraran sus puertas a algunos.

Una mejor informaci¨®n podr¨ªa reducir las frustraciones producidas como consecuencia del n¨²mero insuficiente de plazas disponibles. Un estudiante que quiera iniciar sus estudios en un distrito distinto de aquel en que realiz¨® el COU no debe perder un curso completo por ignorar, en el momento de realizar su preinscripci¨®n, que ten¨ªa tambi¨¦n que solicitar, dentro de un plazo limitado e improrrogable, los correspondientes traslados de expediente. Tambi¨¦n hay que erradicar los m¨¢rgenes de arbitrariedad, de injusticia o de capricho que sascitan agravios comparativos entre los rechazados. La falta de consideraci¨®n con los aspirantes decepcionadios y la prepotencia de las autoridades acad¨¦micas tifien a veces con colores de desprecio unas medidas tal vez inevitables, pero en cualquier caso lamentables.

Nuestro sistema de ense?anza sulperior arrastra la raiseria de sus or¨ªgenes. Los fondos p¨²blicos dedican unas 160.000 pesetas anuales a cada una de las plazas de los 750.000 estudiantes universitarios espa?oles, asignaci¨®n presupuestaria que nos sit¨²a muy lejos de los gastos de la ense?anza superior en las naciones desarrolladas. La lucha contra el d¨¦ficit presupuestario har¨¢ muy dif¨ªcil que las cosas puedan mejorar de manera espectacular durante los pr¨®ximos a?os. S¨®lo un aumento ci e las tasas, medida impopular y susceptible de una amplia explotaci¨®n demag¨®gica (recu¨¦rdese lo que ocurri¨® con el proyecto de LAU de Gonz¨¢lez Seara), y los conciertos de las universidades con entidades privadas, que la ley de Reforma Universitaria autoriza, podr¨ªan permitir una mejora sustancial de los medios financieros.

Pero los problemas de nuestra ense?anza superior no se reducen a la insuficiencia de plazas. M¨¢s grave es que las escasas dotaciones de nuestras universidades, dedicadas en su abrumadora mayor¨ªa al pago del profesorado, repercutan en la baja calidad de la ense?anza, cuya elevaci¨®n no s¨®lo requiere un n¨²mero razonable de alumnos por aula sino tambi¨¦n una mejor formaci¨®n del profesorado y una adecuada infraestructura de servicios. Todas las universidades del mundo dignas de ese nombre tienen sistemas de admisi¨®n que se superponen a la selectividad continua que lleva a cabo la ense?anza preuniversitaria, desde el preescolar hasta el bachillerato. Pero, por un lado, los procedimientos de selectividad en esos pa¨ªses son bastante m¨¢s racionales y objetivos que los aplicados en Espa?a, y por otro, el no acceso a la Universidad no significa para nadie el verse arrojado en un gueto social. Cambiar los criterios, de admisi¨®n por una selectividad gradual; flexibilizar los planes de estudio, que permitan a los estudiantes organizarse su propia formaci¨®n; crear nuevas titulaciones y especialidades que ampl¨ªen el espectro de las disciplinas universitarias, y mejorar la atenci¨®n a la formaci¨®n profesional y a los estudios superiores de primer ciclo son cosas que podr¨ªan ayudar a dar una salida a la enorme presi¨®n de la demanda educativa.