HITASA, al hilo de la crisis
Desde que en abril y mayo Javier del Moral, director general del Patrimonio del Estado, se reuniese con los sindicatos representados en HYTASA, hasta mediados de octubre, la postura de la Administraci¨®n era contundentemente favorable al cierre de la empresa mediante la demostraci¨®n, con n¨²meros en la mano, de la inviabilidad de la f¨¢brica textil sevillana. El mi¨¦rcoles 24 de octubre se firmaba en Madrid un documento presentado de forma peligrosamente optimista ante la opini¨®n p¨²blica en el que la direcci¨®n general afirma que "cabr¨ªa reconducir la situaci¨®n hacia una zona de p¨¦rdidas moderadas". Entre ambos malabarismos se sit¨²an las negociaciones, convulsiones y gestos pol¨ªticos de cuantas instancias sociales han participado en el proceso.La que fuese una de las empresas textiles europeas con mayor volumen de exportaciones, que realiza todo el proceso productivo, que llegase a tener 4.500 trabajadores, que tuvo beneficios hasta 1965, hasta la crisis del sector, suspend¨ªa pagos en 1978. Era la antesala de la incautaci¨®n de febrero de 1980 bajo el mandato de Abril Martorell. Aquel acto supuso un compromiso de moratoria por parte de los acreedores, un sacrificio social de congelaci¨®n de salarios y un compromiso estatal de concesi¨®n de l¨ªneas de cr¨¦dito mediante la aplicaci¨®n de un plan cuatrienal. Los responsables del plan de reconversi¨®n textil consideran err¨®nea la gesti¨®n de los directivos del consejo de incautaci¨®n y anulan varias remesas de fondos, lo que aumenta las p¨¦rdidas de la empresa.
Nuevo plan de viabilidad
Las decisiones del Ministerio de Hacienda, ya gobernado por los socialistas, se centran en el cambio de personas -se sit¨²a a Diego Garc¨ªa Morales, ex gerente de Gossypium, ¨²nica empresa catalana incautada, al frente del comit¨¦ que coordina las tres empresas incautadas- y en la elaboraci¨®n de un nuevo plan de viabilidad. Los representantes laborales se quedaron at¨®nitos al conocer que el citado plan giraba en tomo a una inversi¨®n de 9.000 millones para poder obtener p¨¦rdidas de 3.200 en 1987. Tras el fracaso de la ronda de negociaciones del mes de junio la presi¨®n en la calle se hizo cada vez m¨¢s notoria y el Gobierno aut¨®nomo decide hacer del tema HYTASA un asunto de gobierno. En Sevilla se recuerda la imagen de Alfonso Guerra al frente de una manifestaci¨®n hace ahora siete a?os; no cabe duda de que la sensibilizaci¨®n ante lo que supone un s¨ªmbolo para Sevilla debi¨® de jugar en el ¨¢nimo de la Junta de Andaluc¨ªa.Mientras el Parlamento aut¨®nomo aprueba una moci¨®n presentada por el Partido Comunista de Andaluc¨ªa (PCA) y decide pedir un cr¨¦dito-puente de 4.000 millones para evitar el cese de la actividad productiva, la factor¨ªa desciende su ritmo de trabajo hasta menos del 50%. El consejero de Econom¨ªa, Julio Rodr¨ªguez, denuncia a los directivos de la factor¨ªa como causantes del desastre econ¨®mico y defiende la viabilidad de HYTASA. Eso mueve a la Direcci¨®n General del Patrimonio a vetar a la Junta de Andaluc¨ªa en toda negociaci¨®n, pero el presidente aut¨®nomo, Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla, prefiere a Miguel Boyer y a Felipe Gonz¨¢lez. Un miembro de UGT manifestaba, tras la firma del acuerdo, que se hab¨ªan producido "cuatro o cinco entrevistas con Boyer y otras tantas con Felipe Gonz¨¢lez, algunas de ellas monogr¨¢ficas". No es aventurado, pues, suponer que el peso de la negociaci¨®n pol¨ªtica haya sido decisivo a la hora del acuerdo.
El acuerdo presupone "importantes sacrificios presupuestarios para reanudar la actividad como empresa integrada" y "sacrificios de los trabajadores para el redimensionamiento de la plantilla". Lo primero se refiere a la dotaci¨®n, por Consejo de Ministros, de una cantidad necesaria para la compra de materia prima y pago a proveedores, y lo segundo, la jubilaci¨®n anticipada de 212 trabajadores de forma inmediata y una posibilidad de bajas incentivadas para el excedente de plantilla que una comisi¨®n t¨¦cnica establecer¨¢ y para lo que se acept¨® el arbitraje del director del Instituto de Mediaci¨®n, Arbitraje y Conciliaci¨®n (IMAC), Juan Ignacio Molt¨®, en caso de desacuerdo.
Viabilidad a largo plazo
Pero el reflotamiento definitivo, el, saldo de la deuda -estimada en 10.000 millones de pesetas-, qu¨¦, en definitiva, supone la viabilidad a largo plazo, se hace depender de la cuenta de explotaci¨®n. Las ampliaciones de capital depender¨¢n de la buena marcha comercial. Los miembros del comit¨¦ de empresa estaban seguros de que tal cuenta ser¨ªa positiva "si se cumple el resto de los acuerdos", y ello comenzar¨ªa a verse en un plazo de dos a?os. La presencia de dos procesos electorales en ese intermedio hace planear la sombra de la duda sobre la instrumentaliz aci¨®n pol¨ªtica del arreglo. El acuerdo alcanzado es una posibilidad esperanzadora que carga sobre el colectivo de trabajadores toda la responsabiliadad y deja al azar de los mercados nacionales e internacionales el imprescindible ¨¦xito econ¨®mico.
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