El Grupo Popular acusa a Leguina de ilegalidad

Diputados del Grupo Popular han presentado un escrito al presidente de la Asamblea de Madrid, Ram¨®n Espinar, en el que afirman que "el Gobierno aut¨®nomo se encuentra en situaci¨®n de ilegalidad" por no haber enviado a la C¨¢mara el presupuesto para 1985 en el plazo fijado (el 31 de octubre, como m¨¢ximo) y denuncian que esta circunstancia priva a los representantes del pueblo de Madrid de sus facultades de control y de sus derechos parlamentarios.

En el escrito, los diputados conservadores Jos¨¦ Antonio L¨®pez Casas, Luis Mar¨ªa Huete, Enrique Castellanos, Eduardo Rodr¨ªguez Losada y Jos¨¦ L¨®pez L¨®pez solicitan al presidente de la C¨¢mara, el socialista Ram¨®n Espinar, que "advierta al presidente, Joaqu¨ªn Leguina, de la situaci¨®n irregular en que se encuentra y que se convoque el pleno de la asamblea dentro de los pr¨®ximos d¨ªas para tratar el asunto".El Ejecutivo regional aplaz¨® el env¨ªo a la C¨¢mara, al parecer, porque quiere incluir en los presupuestos del a?o pr¨®ximo partidas econ¨®micas a cuenta del recargo del 3% sobre la cuota l¨ªquida del impuesto sobre la renta de las personas risicas, cuya creaci¨®n establece para el ejercicio fiscal de 1985 el proyecto de ley para un fondo de solidaridad municipal.

Seg¨²n el Grupo Popular, la situaci¨®n de presunta irregularidad legal se debe a que el estatuto de autonom¨ªa determina que el presupuesto de la Comunidad debe "entrar en la C¨¢mara para su estudio dos meses antes del fin del ejercicio: el 31 de octubre como m¨¢s tarde". Los diputados afirman que as¨ª se obstaculiza el ejercicio de uno de los mandatos estatutarios m¨¢s importantes y que los representantes del pueblo "se ven privados del ejercicio de sus derechos".

Subvenciones dudosas

Por otra parte, Jos¨¦ Ram¨®n Pin Arboledas, diputado del Grupo Popular, ha acusado al consejero de Sanidad y Consumo de "favorecer, con criterios de partido, a la asociaci¨®n de consumidores La Defensa en perjuicio de otras". El diputado fundamenta su acusaci¨®n en la distribuci¨®n de subvenciones por importe de 1.350.000 pesetas a las asociaciones de consumidores. La asociaci¨®n La Defensa, presidida por un militante del PSOE, recibi¨® un 68% de esa cifra, "lo que induce a sospechas", seg¨²n Pin Arboledas.