El problema no es Flick

LAS INFORMACIONES -rodeadas de confusos y contradictorios desmentidos- en el sentido de que el PSOE se habr¨ªa beneficiado indirectamente de las entregas de dinero realizadas por el consorcio Flick a los partidos alemanes han vuelto a poner de relieve la cuesti¨®n de la financiaci¨®n de los partidos en este pa¨ªs.Dejando a un lado los aspectos rocambolescos del relato, y los inevitables intentos de utilizaci¨®n por la derecha reaccionaria, lo sucedido pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia informativa en estas materias, que afectan no s¨®lo, ni principalmente, al partido del Gobierno sino a todos y cada uno de los que operan en la democracia espa?ola. Es rid¨ªculo suponer que el mismo dinero de Flick es el que ha servido a los socialistas alemanes para financiar el apoyo a la democracia en Espa?a y en Portugal. Sin embargo parece un hecho que los socialistas espa?oles han financiado una parte de sus actividades, durante un per¨ªodo indeterminado e impreciso de tiempo, gracias a las ayudas de la Fundaci¨®n Ebert, perteneciente a los socialdem¨®cratas germanos. Y que subvenciones de parecido g¨¦nero y de instituciones de similar aspecto pero de distinta ideolog¨ªa han tenido democristianos, liberales y conservadores de este pa¨ªs, lo mismo que partidos de la izquierda extraparlamentaria (para no hablar de la financiaci¨®n que el fascismo internacional ha proporcionado a las tramas negras).

El secretario de finanzas de la Comisi¨®n Ejecutiva Federal del PSOE ha declarado, por lo dem¨¢s, que el SPD ayud¨® monetariamente a los socialistas espa?oles hasta 1977, pero que esas subvenciones se interrumpieron en tal fecha. Como decimos, es un secreto a voces que los partidos espa?oles, desde la extrema derecha hasta la izquierda, pasando por conservadores, centristas, socialistas y comunistas, han recibido, en una u otra etapa de su historia, apoyos financieros de sus correligionarios extranjeros. Esas ayudas han utilizado, en ocasiones, canales legales, como las fundaciones o los avales de cr¨¦ditos bancarios. Ser¨ªa dif¨ªcil de probar la existencia de otros conductos secretos, penalmente sancionados por las leyes de delitos monetarios y de contrabando y defraudaci¨®n. Pero la dificultad de la prueba no despeja la sombra de la sospecha. La necesidad de crear, casi de la noche a la ma?ana, las estructuras de los partidos pol¨ªticos, imprescindibles para un sistema de democracia representativa moderna, suele esgrimirse, hacia el pasado, como circunstancia atenuante de esos comportamientos irregulares, aut¨¦ntico secreto de Polichinela de la etapa de la transici¨®n. La peculiar combinaci¨®n de agresividad en la forma y prudencia en el fondo, con la que los partidos se echan mutuamente en cara sus pecados de financiaci¨®n, es un s¨ªntoma significativo de las arenas movedizas sobre las que se desarrolla esa incruenta batalla.

Y, sin embargo, la democracia espa?ola afronta graves peligros para su estabilidad si los partidos pol¨ªticos no acreditan ante los ciudadanos la total transparencia de sus v¨ªas de financiaci¨®n, de sus presupuestos de gastos y de sus sistemas de gesti¨®n. Las bajas tasas de afiliaci¨®n de los partidos -los militantes efectivos del PSOE apenas rebasan el 1% de sus votantes- y los enmohecidos h¨¢bitos de participaci¨®n ciudadana de los espa?oles reducen a una m¨ªnima expresi¨®n la financiaci¨®n de esas organizaciones mediante cuotas y donativos espont¨¢neos. S¨®lo los grandes partidos pueden beneficiarse de las subvenciones estatales por los esca?os obtenidos y los sufragios conseguidos en las elecciones. Pero la moralizaci¨®n de nuestra vida p¨²blica ser¨ªa un objetivo de imposible cumplimiento si las formaciones pol¨ªticas del sistema parlamentario no dieran ejemplo a la hora de justificar sus ingresos y sus gastos.

La ley de Partidos Pol¨ªticos, promulgada el 4 de diciembre de 1978, ha mostrado sus espectaculares insuficiencias y lagunas. El proyecto de ley de R¨¦gimen Electoral, enviado ya por el Gobierno al Congreso, regular¨¢ exclusivamente los gastos de las campa?as electorales. El Grupo Socialista del Congreso solicit¨®, el pasado 23 de octubre, la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria para la investigaci¨®n de la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos. Esa comisi¨®n de encuesta tendr¨ªa capacidad para investigar las irregularidades, corrupciones o tr¨¢fico de influencias en las relaciones de los partidos con la Administraci¨®n local, la Administraci¨®n central, los organismos aut¨®nomos y las empresas p¨²blicas. A los socialistas, que tendr¨¢n necesariamente mayor¨ªa en la comisi¨®n, les incumbe la responsabilidad de conseguir que esas encuestas sean llevadas con plena neutralidad, objetividad y transparencia, a ser posible bajo la presidencia de un parlamentario de reconocida independencia, y de no afiliaci¨®n al partido mayoritario. Si la comisi¨®n desea obtener credibilidad desde el comienzo, las denuncias sobre comisiones en las contratas otorgadas por algunos ayuntamientos socialistas, la fallida operaci¨®n de compra de az¨²car al FORPPA y las implicaciones espa?olas del consorcio Flick deben figurar en el primer punto de su agenda.