El proyecto de reforma de las pensiones para los funcionarios ser¨¢ modificado

La proyectada reforma en las pensiones para los 700.000 funcionarios ser¨¢ modificada cuando se debata la ley de Presupuestos para 1985 en el Senado. Antes tendr¨¢ que resolverse el actual desacuerdo -y la consiguiente indecisi¨®n- entre el Gobierno y el Grupo Socialista, influido ¨¦ste por UGT. Aunque estiman que el nuevo sistema beneficiar¨¢ a un 85% de las clases pasivas, los perjudicados ver¨¢n mermadas sus rentas en porcentajes que llegan al 60%. Tras la discusi¨®n laten las expectativas de reforma de la Seguridad Social, ante la cual, el Ejecutivo teme y los socialistas desean que haya guante blanco para los funcionarios.

La oposici¨®n conservadora ha pedido en la comisi¨®n de Presupuestos del Congreso la devoluci¨®n de la reforma al Ejecutivo. A su juicio, no puede haber beneficio para la mayor¨ªa cuando los gastos para clases pasivas s¨®lo aumentan el pr¨®ximo a?o un 4%: hasta 261.142 millones de pesetas. Los socialistas, sin presentar enmiendas ni una respuesta, concreta, se mostraron en privado descontentos con la oportunidad y algunos aspectos de la nueva regulaci¨®n, aunque a¨²n no la han alterado. El sistema de clases pasivas est¨¢ al margen de la Seguridad Social: el Estado y los funcionarios en activo atienden con sus cotizaciones los gastos que generan el medio mill¨®n de pensionistas. Los tipos de cotizaci¨®n son similares a los del resto de los trabajadores y empresas, aunque se aplican sobre bases muy inferiores: el haber regulador (la base de cotizaci¨®n) ronda el 80% de las retribuciones b¨¢sicas (sueldo y los trienios), lo que globalmente apenas supone un 60% de los salarios percibidos.Por ello, las pensiones de partida (en funci¨®n del haber regulador) son inferiores a las nuevas del sector privado, donde las bases de cotizaci¨®n que las determinan se han aproximado mucho al salario real. Sin embargo, algunas de las causadas hace a?os resultan muy superiores (incluso llegan al doble de las privadas en aproximaci¨®n de condiciones), lo que arroja globalmente una pensi¨®n media mayor a las 28.000 pesetas mensuales de la Seguridad Social. Y ocurre que un funcionario con nueve a?os de servicio puede jubilarse con la misma pensi¨®n que otro con 20 ¨® 40 a?os.

Con la reforma, inclu¨ªda en una treintena de art¨ªculos de la ley de Presupuestos para que entre en vigor el pr¨®ximo primero de enero, los haberes reguladores que determinar¨¢n las pensiones se desconectan de las retribuciones b¨¢sicas, para aproximarlos algo m¨¢s que ahora a los salarios reales; oscilar¨¢n entre 710.000 pesetas anuales para un debel y 3,3 millones para un juez. A la vez, se hace muy curva la hoy casi plana relaci¨®n entre per¨ªodos de actividad y pensiones: habr¨¢ una escala que va desde el 1,35% del haber regulador por un a?o de servicio al 100% por 40 a?os o m¨¢s.

Seg¨²n c¨¢lculos del Gobierno, asumidos por el Grupo Socialista, el nuevo sistema beneficiar¨¢ con respecto al actual a quienes lleven en la Administraci¨®n m¨¢s de 30 a?os (mucho a los de 38 a?os o m¨¢s de servicio al jubilarse, que son el 73,78% del total; algo menos a los de 35-37 a?os, que son el 6,75%.; y un poco a los de 30-34 a?os, que suponen otro 5,33%. Para el resto, sin embargo, los perjuicios ser¨¢n enormes los que tengan 8 ¨® 9 a?os de servicios perder¨¢n hasta el 60%.

En las negociaciones Gobierno-Grupo Socialista, que continuar¨¢n con el fin de modificar el proyecto en el Senado, ha pesado, seg¨²n fuentes de ambas partes, la opini¨®n de UGT, que preferir¨ªa integrar o hacer esta reforma al mismo tiempo que la de las pensiones de la Seguridad Social, anunciada para los primeros meses de 1985. Pero un primer problema procede de las 12 .000 personas que se jubilar¨¢n el primero de enero -por la ley de medidas urgentes de la funci¨®n p¨²blica, que baja de 70 a 65 a?os la edad obligatoria. Los argumentos ugetistas, que han calado en el Grupo Parlamentario, pero no han convencido al Gobierno, se?alan que ser¨ªa m¨¢s presentable una reforma conjunta, pues si en la general habr¨¢ recortes para la mayor¨ªa los funcionarios reducir¨ªan el n¨²mero de perjudicados. La soluci¨®n negociada paliar¨¢ las rebajas para la minor¨ªa afectada.