El Grupo Popular acusa al Gobierno de limitar el papel del Tribunal de Cuentas

El Grupo Popular intent¨® ayer sin ¨¦xito, durante el debate del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1985 en el pleno del Congreso de Diputados, que el Gobierno respondiera a "grav¨ªsimas" acusaciones sobre su actitud tendente a limitar el papel del Tribunal de Cuentas, encargado del control externo del gasto p¨²blico. La falta de r¨¦plica del Ejecutivo a este y otros intentos di¨® un car¨¢cter mec¨¢nico a las diez horas de discusi¨®n.

Los diputados conservadores Juan Ram¨®n Calero y Rodrigo Rato no provocaron a la representaci¨®n del Gobierno ni al grupo socialista con sus afirmaciones respecto al Tribunal de Cuentas, asunto que consumi¨®, no obstante, m¨¢s de una hora del pleno. Calero dijo que intentar que se apliquen los criterios de concurrencia y publicidad, recientemente recomendados por el Tribunal en las contrataciones directas del Estado, -obras o servicios hasta 50 millones de pesetas desde 1981-, es una pr¨¢ctica "grave para los intereses p¨²blicos y semillero de maledicencias". El socialista Rodr¨ªguez Sanjuan manifest¨® su extra?eza en que la denuncia de "algo tan pernicioso ahora no lo fuera con anteriores Gobiernos".Al pedir cinco millones para gastos en inform¨¢tica del Tribunal de Cuentas, en lugar del mill¨®n fijado en los presupuestos -el gasto controlable del Estado y sus organismos aut¨®nomos superar¨¢ los 11 billones de pesetas-, Rato lanz¨® la "grav¨ªsima afirmaci¨®n" (as¨ª la calific¨® ¨¦l) de que el Gobierno carece de inter¨¦s en que el Tribunal de Cuentas le controle, ya que ha impedido que investigue denuncias p¨²blicas de mala utilizaci¨®n de fondos por autonom¨ªas y sindicatos. "Se ha presionado p¨²blicamente al presidente", precis¨® Rato, "filtrando a la prensa sus declaraciones fiscales cuando el Tribunal investigaba en el Banco de Espa?a; se ha impedido que hubiera una nueva ley de funcionamiento y ahora se le limita materialmente en este presupuesto", agreg¨® el diputado conservador. El socialista Del Pozo afirm¨® que la oposici¨®n "intenta trasladar la soberan¨ªa de esta C¨¢mara a la del Tribunal de Cuentas" dependiente del Parlamento.

Entre un centenar de art¨ªculos debatidos, s¨®lo prosper¨® parcialmente una propuesta centrista para mejorar la participaci¨®n de Canarias en el reparto de la inversi¨®n p¨²blica. Las enmiendas defendidas con mayor fuerza por la oposici¨®n -orientadas a impedir que no aumenten tanto los impuestos de los ayuntamientos ni los tributos indirectos del Estado, denunciar la concentraci¨®n de subvenciones en los grandes ayuntamientos gobernados por socialistas y pedir que la prevista supresi¨®n de centenar y medio de organismos aut¨®nomos se haga por leyes individuales- no movieron a tomar la palabra a ning¨²n ministro.

El ministro de Econom¨ªa y Hacienda Miguel Boyer, ¨²nicamente subi¨® a la tribuna para contestar al diputado conservador Pedro Schwartz, quien atribuy¨® las enormes cargas financieras del d¨¦ficit p¨²blico a la presi¨®n ejercida por la oposici¨®n socialista sobre los Gobiernos de UCD y a medidas como la expropiaci¨®n de Rumasa. Ante la afirmaci¨®n de Schwartz de que "un Gobierno incapaz de reducir el d¨¦ficit" debe dejar paso a otro "que sepa gobernar", Boyer dio datos sobre la contenci¨®n de dicho desequilibrio y manifest¨® que "un Gobierno sin respaldo no ser¨ªa capaz de estar haciendo lo que se est¨¢ haciendo". Schwartz insisti¨® en Rumasa y en que el Ejecutivo est¨¢ "paralizado, dividido", contest¨¢ndole el ministro que de Rumasa "no habr¨ªa quedado piedra sobre piedra".