Dudas en Hacienda sobre la aprobaci¨®n de una ley que regule los recargos

, El recargo del 3% en el impuesto sobre la renta, cuyo debate inici¨® ayer la Comunidad Aut¨®noma de Madrid, no ser¨¢ deducible de los ingresos anuales que declare cada contribuyente al fisco, seg¨²n fuentes oficiales del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Este departamento, aunque parte de ese principio y ha admitido el derecho de la autonom¨ªa a implantar el recargo, inform¨® ayer que no ha decidido todav¨ªa si procede o no regular dicho car¨¢cter mediante una norma estatal. Aumenta as¨ª la confusi¨®n sobre el asunto. Otras fuentes, pr¨®ximas al ministro Miguel Boyer, dijeron que sigue "el tira y afloja".

Entre las cr¨ªticas iniciales al proyecto de ley por parte del Ministerio de Hacienda y de la Oficina de Coordinadici¨®n Legislativa del PSOE destacaba la eventualidad de que su deducci¨®n del IRPF disminuyera los ingresos del Estado, si alg¨²n contribuyente consegu¨ªa la anulaci¨®n del art¨ªculo 9 -en el que se establec¨ªa el car¨¢cter no deducible- alegando que entra en competencias estatales. La plasmaci¨®n de esta cr¨ªtica en respectivos documentos fue expresiva, seg¨²n medios no oficiales, de que faltaba apoyo un¨¢nime tanto en el PSOE como en el ministerio al proyecto.Con la contestaci¨®n surgida desde todos los partidos de oposici¨®n y en los medios informativos, algunos de los apoyos iniciales se han resquebrajado.

Para ninguna de las partes implicadas formalmente en el asunto (Gobierno regional, Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda) estuvo nunca en cuesti¨®n que el recargo fuera a ser deducible. Pero el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, al que corresponde aclarar el asunto o pro poner que lo aclare el Gobierno mediante decreto o proyecto de ley, todav¨ªa no se ha pronunciado al respecto.

La legalidad de la medida auton¨®mica depende -entre otros aspectos que intentan subsanar las 16 enmiendas negociadas para su incorporaci¨®n por el Grupo Socialista en la Asamblea madrile?a- de que no suponga disminuci¨®n para los ingresos del Estado. As¨ª lo establece en su art¨ªculo 12, desde 1980, la ley org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) y as¨ª lo recog¨ªa el proyecto inicial de la autonom¨ªa de Madrid, luego censurado por pretender aclarar algo que desborda las competencias auton¨®micas.

El informe que origin¨® las enmiendas procedi¨® del propio Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, la Direcci¨®n de Coordinaci¨®n con las Haciendas Territoriales. La nota emitida por el ministerio el pasado jueves se limitaba a respaldar "jur¨ªdicamente" el proyecto en su nueva versi¨®n.

Redistribuci¨®n y equidad

Entretanto, y dado el rechazo pol¨ªtico, incluso quienes en Hacienda calificaron el proyecto de atractivo y sensato (porque proporcionar¨ªa ingresos a cualquier autonom¨ªa descentralizar¨ªa la responsabilidad fiscal, se basar¨ªa en un impuesto con escasos gastos de gesti¨®n para el recargo y potencialidad progresiva y recaudatoria) han profundizado sobre inconvenientes t¨¦cnicos y problemas de equidad.

Uno de los principales problemas considerados estriba en que la facultad redistributiva por el lado de los ingresos debe ejercerse desde el Estado. El otro, en que el gravamen carecer¨ªa de equidad cuando las rentas empresariales a¨²n pueden decidir su base imponible: como su capacidad de evasi¨®n es muy superior a las rentas del trabajo (controladas en m¨¢s del 80%), pueden descontarse la nueva carga con un aumento del fraude, en perjuicio de la Comunidad Aut¨®noma y del Estado.

En este contexto, fuentes allegadas al ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, apuntaron ayer que "sigue el tira y afloja" con la comunidad sobre si se implanta desde 1984 (pagadero con la declaraci¨®n pr¨®xima de renta) o en 1985 (pagadero en 1986). Por otra parte, el alto cargo que inform¨® en su d¨ªa a este peri¨®dico sobre el aplazamiento de la aplicaci¨®n de la medida a 1985, cuando la comunidad daba la fecha de 1984, no ha desmentido la noticia, ante cuya publicaci¨®n la comunidad respondi¨® que se aplazar¨ªa s¨®lo en caso de que Hacienda anticipara el dinero correspondiente (unos 9.000 millones de pesetas).

Posteriormente, el Gobierno regional, al no facilitarle Hacienda ese anticipo, anunci¨® que el recargo se aplicar¨ªa sobre el ejercicio fiscal de 1984.