La guerra de las ondas

NO HACE mucho tiempo, una compa?¨ªa privada de ambulancias de una ciudad espa?ola se vio obligada a modificar todo su sistema de comunicaci¨®n porque cada vez que un conductor quer¨ªa hablar con su central, o viceversa, se colaba una emisi¨®n de radio que les imped¨ªa entenderse. Esta compa?¨ªa de ambulancias se halla instalada al lado de un transmisor de radio que emite 27 veces por encima de su potencia autorizada. Esa misma emisora -y es s¨®lo un ejemplo, no una excepci¨®n- se cuela sin remedio en los magnet¨®fonos de los alumnos de una academia de idiomas cada vez que los estudiantes intentan grabar su propia voz.La potencia autorizada para las estaciones de frecuencia modulada cuyo transmisor est¨¦ situado en el casco urbano es de un kilovatio; fuera de esos l¨ªmites, la potencia autorizada es mayor. Sin embargo, la inmensa mayor¨ªa de las m¨¢s de 60 efe-emes de Barcelona y 32 de Madrid con transmisores situados en el casco urbano incumplen con todo descaro la limitaci¨®n de potencia. La raz¨®n es que resulta m¨¢s barato y m¨¢s c¨®modo emitir desde el centro de una ciudad con potencias ilegales, superiores incluso a las autorizadas para emitir desde el extrarradio. La Administraci¨®n, encargada de velar por el cumplimiento de las normas dictadas por ella misma, no s¨®lo ha renunciado a poner fin a esa guerra de ondas, sino que es la primera en vulnerar la ley desde la irresponsabilidad arrogante del Ente P¨²blico RTVE: se ha incorporado, as¨ª, al caos con tres efe-emes en Madrid -Radio 2, Radio 3 y Radio Juventud-, que emiten desde Torrespa?a. Estas emisoras multiplican por 10, en el mejor de los casos, la potencia autorizada, y lo hacen con dinero de los contribuyentes, con da?o para los ciudadanos y con desprecio hacia las normas. La saturaci¨®n de potencia permite a los ventajistas aparecer en varios puntos del dial distintos a los suyos propios, tapar a las emisoras que utilizan la potencia legalmente autorizada y degradar conscientemente su calidad de sonido. El resultado es que la radio -todas las radios- se oye cada vez peor. Hoy d¨ªa, tanto en Madrid como en Barcelona, es pr¨¢cticamente imposible sintonizar una misma radio durante un trayecto urbano si esa emisora respeta la potencia establecida por la Administraci¨®n. Los barrios se han convertido en cotos de las emisoras, qu¨¦ sientan en ellos sus transmisores, echando a la competencia a kilovatiazo limpio, ante la impasibilidad y la connivencia de los organismos p¨²blicos, presuntamente competentes -en el caso catal¨¢n, la Generalitat- en la materia. Para justificar ese aumento ilegal de potencia, los directivos de la radio p¨²blica esgrimen el inveros¨ªmil argumento de que las emisoras privadas tambi¨¦n lo hacen. Nunca se hab¨ªa visto tanta desfachatez: el Estado prefiere ser c¨®mplice y ¨¦mulo de las infracciones antes que perseguidor de los infractores.

Algunas de las caracter¨ªsticas de las emisiones de radio en modulaci¨®n de frecuencia -como la calidad de emisi¨®n, la nitidez de sonido y la posibilidad de llegar en estereofon¨ªa hasta los receptores- han sido voluntariarnente sacrificadas en las grandes ciudades a la obsesi¨®n de llegar m¨¢s fuerte y m¨¢s lejos, al deseo de conseguir mayor audiencia y a la estrategia de aguardar la llegada de la televisi¨®n privada sobre un nutrido colch¨®n de oyentes. Las emisoras que no quieran o no puedan soportar los gastos t¨¦cnicos inherentes a la guerra de potencias est¨¢n casi inevitablemente abocadas a marcharse con la m¨²sica a otra parte o a caer en el agujero de los ruidos, donde se confundir¨¢n con las cada vez m¨¢s numerosas radios piratas, que se autodenominan, con notable falta de respeto hacia el significado de las palabras, radios libres. Como es l¨®gico, los piratas no pagan impuestos, y a veces ni salarios, no cumplen una sola de las leyes, contribuyen a la confusi¨®n generalizada y tratan de autbjustificar su actividad con lo marchoso de sus programas. Son emisoras por lo general simp¨¢ticas, pero tambi¨¦n ilegales, y forman parte, a su manera, de la econom¨ªa paralela y de la vida paralela que el pa¨ªs entero genera frente a la presi¨®n del Estado, identificada en este caso con los abusos del Ente P¨²blico RTVE, cuya radio, a la postre, es ahora casi tan ilegal y tan pirata como las dem¨¢s implicadas en esa absurda batalla de las ondas.

No es cuesti¨®n ya de saber qui¨¦n empez¨® la guerra, sino de preguntarse c¨®mo es posible que la Administraci¨®n, obligada constitucionalmente a cumplir y a hacer cumplir las leyes, prefiera competir en trucos y artima?as con algunas emisoras privadas o libres antes que asumir sus responsabilidades y reconducir la potencia de las emisoras, p¨²blicas y privadas, a sus l¨ªmites legales. S¨®lo en Madrid hay alrededor de un mill¨®n de oyentes de efe-eme que dif¨ªcilmente pueden recibir en cualquier punto de la ciudad la emisi¨®n de una radio con calidad continuada y sin sufrir constantes interferencias de otras radios. El culpable de esta situaci¨®n es el Gobierno, y dentro de ¨¦l, el departamento de la Presidencia, de quien dependen las competencias al respecto. Si el ministro de la Presidencia no sabe siquiera poner orden en los modestos y f¨¢cilmente solucionables conflictos de la radio, ?c¨®mo pretender que resuelva los problemas de los funcionanios?