Los obispos en una sociedad democr¨¢tica

CON INDEPENDENCIA de sus conclusiones y trabajos, la ¨²ltima asamblea plenaria de los obispos espa?oles da ocasi¨®n para realizar un balance hist¨®rico de los resultados obtenidos en este g¨¦nero de reuniones, que se han celebrado ya en 41 convocatorias. As¨ª, el pr¨®ximo d¨ªa 8 de diciembre se cumple el decimonoveno aniversario del primer documento colectivo de la Conferencia Episcopal, firmado el mismo d¨ªa de la clausura del Concilio Vaticano II. Todas las declaraciones, instrucciones y notas p¨²blicas emanadas de este organismo eclesi¨¢stico -la mayor novedad del posconcilio y una forma original de presencia de la comunidad cat¨®lica en la vida p¨²blica- han sido recientemente publicadas en un grueso volumen que permite una visi¨®n de conjunto. Casi la mitad de estos 108 documentos se ocupan de los principales momentos de nuestra transici¨®n pol¨ªtica; las cuestiones relacionadas con la ense?anza reciben una especial atenci¨®n. Por lo dem¨¢s, las notas de la Comisi¨®n Permanente, que sigue m¨¢s de cerca los acontecimientos pol¨ªticos, resultaron especialmente significativas en v¨ªsperas del refer¨¦ndum constitucional y de las diversas campa?as electorales.El episcopado es el estamento m¨¢s denso y organizado de la Iglesia espa?ola. El ritmo de su actividad y su fecundidad verbal o escrita contrastan con la aton¨ªa de otros sectores eclesi¨¢sticos. La extensi¨®n de los documentos episcopales, la frecuencia de su aparici¨®n y el c¨¢racter no pocas veces cr¨ªptico de su lenguaje explican el escaso inter¨¦s que suscitan no s¨®lo en la sociedad sino tambi¨¦n en amplios sectores de la misma Iglesia. ?Qu¨¦ juicio merece esa abundancia comunicativa de los obispos espa?oles y su inter¨¦s por cuestiones directa o indirectamente relacionadas con la vida pol¨ªtica? ?Es ¨¦sta la forma mas conveniente de presencia del catolicismo espa?ol en el debate p¨²blico?

La expresi¨®n del pensamiento de la Iglesia Cat¨®lica est¨¢ gen¨¦ricamente tutelada por el art¨ªculo 16.1. de la Constituci¨®n espa?ola. Mas espec¨ªficamente, nuestra norma fundamental, tras establecer la aconfesionalidad del Estado, se?ala que "los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa?ola y mantendr¨¢n las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia Cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones". Parece innecesario subrayar que las declaraciones episcopales no expresan tanto las idea de un grupo de ciudadanos notables como las opiniones de los m¨¢ximos representantes de una organizaci¨®n religiosa mencionada de forma expresa en el texto constitucional. Desde el momento mismo en que el ejercicio de la libertad de expresi¨®n de los obispos se transfiere al ¨¢mbito civil, su discurso se transforma en un elemento mas del debate p¨²blico y puede ser juzgado en el marco secular de la fecunda controversia que caracteriza a las sociedades pluralistas. Las quejas eclesi¨¢sticas contra las interpretaciones en clave pol¨ªtica de esos documentos fingen desconocer las inevitables mediaciones seculares de toda palabra -religiosa o no- pronunciada en el ¨¢mbito p¨²blico. Por esa raz¨®n, los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si ese discurso religioso contribuye a enriquecer o a empobrecer el debate imprescindible en toda convivencia democr¨¢tica.

El proceso de formaci¨®n de la opini¨®n oficial de la Iglesia es cualitativamente distinto del que se sigue en la sociedad civil. Mientras los obispos ejercen un liderazgo carism¨¢tico y promulgan directrices que no est¨¢n condicionadas a las voces particulares de los creyentes, las sociedades dotadas de sistemas democr¨¢ticos est¨¢n regidas por los estados de opini¨®n de las mayor¨ªas num¨¦ricas. De otra parte, los obispos no hablan ex cathedra; sus documentos, que suelen enjuiciar tensiones sociales y situaciones pol¨ªticas, provocan demasiadas veces adhesiones incondicionales, te?idas de motivaciones religiosas, que suelen bloquear el libre funcionamiento de las opciones de los creyentes. Parece sensato que no basta con que un espa?ol se declare creyente en las encuestas para que sea l¨ªcito concluir, a rengl¨®n seguido, que el conjunto de esos ciudadanos ha delegado su opini¨®n de car¨¢cter ¨¦tico-pol¨ªtico en manos de sus pastores religiosos. En el debate democr¨¢tico ninguna posici¨®n puede recabar para s¨ª la mayor¨ªa sociol¨®gica mientras no sea confirmada en las urnas.

Tal es el peligro que corre la presencia del pensamiento oficial de la Iglesia -expresado por el Papa o por los obispos de la naci¨®n- cuando su mensaje traspasa los l¨ªmites de la simple orientaci¨®n de las conciencias. Ahora bien, resulta evidente que la comunidad cat¨®lica espa?ola, a diferencia de otras naciones, no es escenario de un aut¨¦ntico debate teol¨®gico; y tambi¨¦n que las opiniones discrepantes son generalmente ignoradas y no pocas veces ahogadas por la jerarqu¨ªa.

Si los obispos espa?oles aspirasen realmente a que su magisterio fuese interpretado en clave exclusivamente religiosa y al margen de los partidos pol¨ªticos, deber¨ªan medir mejor sus intervenciones, moderar su protagonismo y delegar subsidiariamente en otras instancias menos representativas la defensa de las posturas mas pol¨¦micas. La pluralidad de voces dentro de la Iglesia enriquecer¨ªa el debate p¨²blico y facilitar¨ªa, a la vez, el proceso de democratizaci¨®n de la sociedad.