El Estado deber¨¢ pagar 13,5 millones a un herido por un disparo de la polic¨ªa

El Estado deber¨¢ pagar 13.500.000 pesetas a un delincuente que qued¨® inv¨¢lido por los disparos de un polic¨ªa. Esta sentencia ha sido dictada por la Secci¨®n Quinta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, la misma que ha procesado a los tres inspectores de polic¨ªa que participaron en la muerte del miembro de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) Mart¨ªn Luna, ocurrida el 5 de diciembre de 1982.

Con esta resoluci¨®n se modifica parcialmente la decisi¨®n adoptada el pasado 14 de septiembre por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 10, que conden¨® al Estado a pagar una indemnizaci¨®n de 20 millones de pesetas.

Esta indemnizaci¨®n fue muy debatida en medios jur¨ªdicos, por considerarse una de las m¨¢s elevadas impuestas al Estado por un incidente similar.

La historia de este procedimiento judicial se remonta al 22 de mayo de 1982, cuando a la 1.30 horas un coche patrulla de la polic¨ªa descubri¨® en el interior de un autom¨®vil a unos j¨®venes que estaban robando.

El conductor del veh¨ªculo policial, Amalio Santos Guerrero, persigui¨® a pie a uno de los delincuentes, al que conmin¨® con un disparo al aire para que se detuviera.

Lesiones graves

En plena carrera, el polic¨ªa cay¨® al suelo, lo que provoc¨® que el arma se disparara de nuevo. La bala alcanz¨® al joven Antonio Danielle Parella, de 17 a?os de edad, de nacionalidad italiana, que qued¨® paral¨ªtico de ambas piernas y sufri¨® otras lesiones graves, como la incapacidad sexual o la imposibilidad de controlar los esfinteres urinarios y anales.Mientras Antonio Danielle Parella era condenado por un delito de robo, en grado de frustraci¨®n, el mismo juzgado abr¨ªa unas diligencias judiciales contra el polic¨ªa por un delito de imprudencia temeraria.

La acci¨®n judicial fue instruida por el juez Pedro Mart¨ªn, titular del juzgado n¨²mero 10, que ha investigado tambi¨¦n la muerte de Mart¨ªn Luna.

El magistrado Pedro Mart¨ªn, que juzg¨® y sentenci¨® el caso el pasado mes de septiembre, impuso una multa de 20.000 pesetas al polic¨ªa por una falta de imprudencia simple y conden¨® al Estado a pagar una indemnizaci¨®n de 430.000 pesetas por las lesiones y 20 millones por las secuelas. La sentencia aseguraba que la conducta del polic¨ªa fue imprudente, por cuanto el accidente era "previsible y evitable" por una persona medianamente prudente.

La sentencia fue recurrida por el abogado del Estado y por el ministerio fiscal ante la Audiencia, por considerar que el acusado deb¨ªa ser absuelto y creer adem¨¢s que la indemnizaci¨®n era excesiva. En la nueva sentencia dictada ahora por la Audiencia se respeta cada una de las decisiones de la anterior resoluci¨®n, si bien se modifica la cuant¨ªa que deber¨¢ pagarse al joven lesionado.

En el acto del juicio oral, Juan Antonio Roqueta, abogado del lesionado, hab¨ªa reclamado una indemnizaci¨®n de 30 millones de pesetas, mientras que el fiscal pidi¨® que la indemnizaci¨®n fuera de siete millones.