Sin perfilar a¨²n las conclusiones sobre los sucesos a¨¦reos

Las tres comisiones que trabajan en el esclarecimiento de los dos accidentes a¨¦reos registrados en Madrid a finales de 1983 no han iniciado a¨²n, un a?o despu¨¦s, el esbozo de lo que ser¨¢n sus conclusiones. El clima de la Comisi¨®n de Cat¨¢strofes A¨¦reas constituida en el Congreso de los Diputados se enrareci¨® el pasado mes con las acusaciones del Grupo Popular, contra la mayor¨ªa socialista de "echar tierra" sobre el asunto con el objetivo de defender al ministro de Transportes, Enrique Bar¨®n. Desde el lado socialista se mantiene que nunca por este accidente el ministro Bar¨®n resultar¨¢ tocado.El 7 de diciembre del pasado a?o, a las 9.50 horas, chocaron en la pista central del aeropuerto de Madrid-Barajas dos aeronaves, de Iberia y Aviaco, que se dirig¨ªan respectivamente a Roma y a Santander. El accidente provoc¨® la muerte de 51 pasajeros del Boeing 727 de Iberia y 42 del DC-9 de Aviaco.

Diez d¨ªas antes, se estrell¨® en Mejorada del Campo (Madrid) un aparato de Avianca, con resultado de 181 muertos. A ra¨ªz de ambos sucesos, se pusieron en marcha tres comisiones de investigaci¨®n. Una, derivada de la propia investigaci¨®n judicial; la segunda, formada en la Administraci¨®n, con un contenido rigurosamente t¨¦cnico. Por ¨²ltimo, la comisi¨®n del Congreso trata de delimitar si existen responsabilidades pol¨ªticas y administrativas.

A ¨²ltimos del pasado mes de noviembre los diputados del Grupo Popular decidieron abandonar los trabajos de ponencia, sobre todo por la insinuaci¨®n de que el Grupo Socialista pretende evitar cualquier responsabilidad pol¨ªtica y administrativa al ministro de Transportes, Enrique Bar¨®n, y al director general de Aviaci¨®n Civil, Pedro Tena.

Fuentes del Grupo Popular aseguran tener un informe de 300 folios, "guardado en una caja fuerte", que no har¨¢n p¨²blico "de momento, por responsabilidad, ante el da?o que podr¨ªa ocasionar a los ingresos en Espa?a por concepto de turismo". Otra raz¨®n para guardar silencio es que lo impone el Reglamento del Congreso.